A Gustavo Petro lo investigan dos congresistas del Pacto Histórico en la Comisión de Acusaciones por los audios de Benedetti: el Centro Democrático busca recusarlos

El Centro Democrático, el partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, confirmó que el Pacto Histórico está impedido para investigar en la Comisión de Acusaciones al presidente por los presuntos ingresos indebidos de 15.000 millones de pesos a la campaña del líder de izquierda que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral.

Al menos, así lo consideraron el senador Miguel Uribe y los congresistas Christian Garcés y Juan Fernando Espinal tras conocer que los representantes Alirio Uribe y Gloria Ramírez son dos de los tres parlamentarios que investigarán las actuaciones del Jefe de Estado. El otro congresista es Wilmer Carrillo, del Partido de La U, quien hoy preside la Comisión de Acusaciones.

Como es evidente, Uribe y Ramírez hacen parte del Pacto Histórico y, según sus redes sociales, han manifestado abiertamente su respaldo al presidente Petro ante los escándalos más recientes que han sacudido a la Casa de Nariño. Por eso, a juicio de la oposición, no existen garantías para que desde el Congreso se adelante una investigación independiente frente al jefe del Estado.

Los congresistas Uribe, Garcés y Espinal radicaron una solicitud ante la Procuraduría para que se estudie la posibilidad de presentar una recusación en contra de los representantes Jorge Alejandro Ocampo, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta. El primero- según ellos- porque se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el proceso y el favorecimiento al mandatario y, de acuerdo con los parlamentarios del Centro Democrático, está impedido para decidir.

Según el comunicado de prensa, “la razón de las solicitudes consiste en que los representantes del Pacto Histórico han manifestado en cada una de sus redes sociales y en diferentes medios de comunicación, su absoluto e irrestricto apoyo hacia el presidente por los hechos sobre los que versan las denuncias radicadas en la Comisión, ya no solo con sus propias palabras, sino replicando mensajes explícitos sobre consideraciones de terceros que dan cuenta del convencimiento personal de los investigadores de la inocencia del ahora investigado”.

Agregaron los congresistas del Centro Democrático “que no está de más señalar que, en caso de comprobarse la comisión de un delito por parte del presidente, estos congresistas podrían ser beneficiarios directos de este, toda vez que dentro de las afirmaciones hechas y conocidas por la sociedad, se expresó que hubo destinación de dinero a la campaña del pacífico”.

Por ello, consideran que la participación de Ocampo, Uribe y Arizabaleta en los procesos en contra de Gustavo Petro, “no da muestra de condiciones mínimas de imparcialidad y objetividad para asegurar el avance de un proceso jurídico con garantías, que respete el derecho al debido proceso y asegure una decisión correcta, imparcial y justa”.

Por eso, pidieron que estos congresistas sean apartados de los procesos que cursan contra el presidente “como muestra de transparencia hacia los colombianos”.

Cabe resaltar que si hay un escenario al que Gustavo Petro le tiene desconfianza es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En su más reciente discurso, en la Carrera Séptima de Bogotá, dijo abiertamente que, a través de esta instancia del Congreso, pretendían sacarlo de la Presidencia.

Lo dijo porque de 18 congresistas que hacen parte de la Comisión de Acusaciones, 9 lo respaldan abiertamente, es decir, una cifra que puede variar en cualquier momento y puede ponerlo contra las cuerdas.

Sin embargo, históricamente un presidente de Colombia jamás ha sido juzgado por dicha Comisión.