A pesar de que ya pagaron la cuota inicial, más de 2.000 familias no podrían recibir su casa, ¿qué pasó?

El sueño de tener vivienda propia se ha empezado a convertir en toda una pesadilla para más de 2.000 familias en todo el país, que desde hace dos años invirtieron en proyectos de vivienda de interés social (VIS).

Estas familias, cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos, invirtieron sus ahorros y buena parte de sus ingresos mensuales durante más de 24 meses para cubrir la cuota inicial de su apartamento, con la esperanza de recibir el subsidio Mi Casa Ya que otorga el Estado para proyectos VIS, pero ahora, cuando iban a firmar la escritura de su apartamento, se encontraron con que los recursos del Gobierno no alcanzaron para otorgarles el auxilio, por lo que tendrán que sacar de su propio bolsillo hasta 30 millones de pesos para cubrir el restante de la cuota inicial.

Los subsidios de vivienda se han convertido en la gran esperanza de tener techo propio para las familias de bajos recursos.

Según contempla la ley, las familias cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos tienen derecho a que el Estado les otorgue un auxilio de 30 salarios mínimos (30 millones de pesos a cifras de hoy) para cubrir parte de su cuota inicial, mientras que aquellos que devengan entre dos y cuatro salarios mínimos pueden solicitar un subsidio de 20 salarios mínimos (20 millones a cifras de hoy).

Sin embargo, estos apoyos económicos para la compra de vivienda dependen del presupuesto que anualmente fije el Gobierno de turno. Y en esta oportunidad, según reveló a finales de septiembre la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, los recursos del programa Mi Casa Ya, que vienen del gobierno anterior, previstos para el 2022, ya fueron comprometidos en su totalidad. Este año se entregaron en total 65.000 subsidios de este programa de vivienda.

Es decir, ya se acabó el dinero presupuestado para otorgar estos subsidios, por lo que las cerca de 2.000 familias a las que les entregarán sus apartamentos en octubre, noviembre y diciembre de este año quedarían en un limbo, pues al no recibir los 20 o 30 millones que les otorga el Estado para su cuota inicial, tendrán que responder de su propio bolsillo por este dinero ante las constructoras.

“Llevo casi dos años aportando para la cuota inicial de mi apartamento, soy madre cabeza de familia, no cuento como muchas familias con recursos para asumir los 20 millones que corresponden al subsidio, es mucho el esfuerzo que hemos hecho y en las constructoras no nos dan espera hasta el año entrante que habiliten más cupos de subsidios. Además del aumento de los precios de inmuebles ya cotizados y con la cuota inicial ya cancelada”, aseguró María Paola Carvajal, una de las afectadas.

Ante este panorama, las constructoras les han dado tres opciones a los afectados, pero cada una parece más compleja que la anterior.

La primera opción es acudir ante los bancos para aumentar el crédito hipotecario en 20 ó 30 millones de pesos. Sin embargo, debido a que se trata de familias con ingresos bajos, además de que las tasas de interés han subido en los últimos meses, los estudios de crédito que les han hecho dan como resultado que no tienen el cupo suficiente para responder por la deuda.

La segunda opción es desistir del contrato de compra, lo cual implica que la constructora les devuelve los recursos que dieron durante estos dos años, pero les descuentan cerca del 10% de multa por echarse para atrás.

Además, según aseguran las familias, con este dinero que recibirán de devolución no alcanzan a pagar la cuota inicial de un nuevo proyecto, pues la mayoría de las nuevas construcciones están proyectadas para entrega en 2024 ó 2025, cuando el precio de la vivienda estará mucho más alto. Por ejemplo, un apartamento VIS en Bogotá para este año está en 150 millones de pesos, mientras que para 2025 está proyectado en 190 o 200 millones, debido a que el precio de este tipo de viviendas se calcula a partir de salarios mínimos.

A esto debe sumarse el hecho de que esta alternativa les implicaría esperar dos años más, tiempo en el cual deberán seguir pagando arriendo y aportando a la cuota inicial del nuevo apartamento. Para una familia cuyos ingresos no superan los dos millones de pesos esto implica un gran sacrificio, pues el pago mínimo mensual para la cuota inicial ronda los 500 mil pesos a lo que debe sumarse el pago del arriendo.

La tercera opción es conseguir los 20 ó 30 millones de su propio bolsillo, una alternativa muy complicada para familias cuyos ingresos son limitados.

Mientras esto sucede, algunas constructoras han empezado a presionar debido a que deben avanzar en el trámite de entrega. SEMANA recibió capturas de pantalla de correos que han recibido estas familias en las que estas empresas les terminan los contratos de manera unilateral y los envían al equipo jurídico.

Esto ha generado casos como el de Karen Ramírez, quien no sólo desistió del contrato de compra de su apartamento sino que resultó hospitalizada por ansiedad y estrés. También está el caso de un hombre que, ante el desespero, viajó hace dos semanas hasta Montería para abordar directamente al presidente Gustavo Petro, quien iba a participar en un evento en esta ciudad. Sin embargo el jefe de Estado canceló su presencia en este municipio y el hombre se quedó ‘con los crespos hechos’.

La desesperación de las familias es tal que han ido varias veces al Congreso a buscar soluciones, pero es poco lo que se ha podido hacer.

Las gestiones del Ministerio de Vivienda

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, se reunió hace pocos dias con Camacol para hacer un llamado a las empresas de construcción que cuentan con proyectos de vivienda de interés social (VIS), en su fase de entrega, y con hogares compradores habilitados pendientes por la asignación de subsidios de Mi Casa Ya (MCY), para que evalúen acciones de tipo comercial que permitan mantener las condiciones de cierre financiero de los hogares.

Este anuncio conjunto surgió tras una reunión que busca garantizar la continuidad del programa MCY, que ya cumple siete años. De esta manera, la idea pretende evitar el desistimiento de los negocios y considerar opciones para generar un margen de espera, mientras que los subsidios del Gobierno nacional asociados al programa se hacen efectivos en los próximos meses.

“Hemos estado trabajando arduamente para resolver el problema de las familias que no han podido acceder al subsidio para comprar su vivienda este año, escuchamos y atendimos todos los mensajes, las solicitudes y preocupaciones de los beneficiarios de MCY que se encuentran en estado ‘por asignar’ y de las familias que tienen la expectativa de acceder a un subsidio y se encuentran en el sistema como ‘habilitados’”, expresó la ministra Velasco.

“Recibimos en nuestras oficinas a varias personas que nos presentaron la problemática que tienen para finalizar el proceso de compra de sus inmuebles este año; identificamos que el problema medular que enfrentan muchos hogares está relacionado con las construcciones comerciales que se pactaron en las constructoras”, agregó Velasco.

Por lo tanto, la ministra hizo “un llamado urgente a la solidaridad de las empresas constructoras del país que tienen proyectos VIS en proceso de escrituración este año y en los cuales los compradores están pendientes de terminar su trámite, conjuntamente estamos invitando a los constructores ofrecer las soluciones a las familias afectadas, con el fin de mantener las condiciones del negocio y de esta manera garantizar el acceso a la vivienda de sus clientes”.

Una de las opciones que se han planteado por parte del Gobierno es que las constructoras les den una espera a estas familias para hacer el proceso de escrituración en 2023, cuando ya se habilitan los nuevos recursos para este programa de vivienda y se les podrá otorgar el subsidio. Pero esto depende de las empresas de construcción.

“Reiteramos que la voluntad del gobierno del cambio es garantizar la vitalidad del programa Mi Casa Ya, que ha venido funcionando desde 2015. Haremos las mejoras necesarias en términos de equidad para que estas ayudas lleguen a las familias más necesitadas y a las regiones más apartadas”, puntualizó la ministra de Vivienda.

Prueba del compromiso en continuar con este programa es el hecho de que en el presupuesto aprobado para el próximo año se hizo una adición por 160 mil millones de pesos con el fin de ampliar el cupo de beneficiarios de Mi Casa Ya.

Sin embargo, si bien el panorama es promisorio para el próximo año, las familias que esperaban su subsidio este año se encuentran en medio de un limbo. Incluso aseguran que pasaron de Mi Casa Ya a Sin Casa Ya.