Admiten demanda contra la SAE por presunta negligencia e inacción en la recuperación de bienes ocupados ilegalmente

Admitieron la demanda de la Fundación para el Estado de derecho contra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por presunto incumplimiento de su deber de gestionar los bienes públicos de manera eficiente y transparente. La organización presentó una acción popular sobre el caso, basándose en un informe de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la fundación, uno de los principales problemas que identificaron es la “inacción de la SAE” a la hora de recuperar bienes ocupados ilegalmente que están bajo su administración, pese a sus facultades para hacerlo. De esa forma, no genera rentabilidad para la Nación.

“Esto ha resultado en un deterioro de su valor y en pérdidas económicas significativas para el patrimonio público. Actualmente, según informes de la misma SAE, existen más de 16.684 bienes en esta situación, sin generar rentabilidad ni beneficios para la sociedad”, manifiestan en un comunicado.

Para la organización, esta falta de acciones por parte de la SAE demuestra “una negligencia que permite a personas beneficiarse indebidamente” de recursos que deberían ponerse al servicio de la comunidad.

Agregan que, pese a que la entidad cuenta con presupuesto para los procesos de recuperación de bienes y cuenta con personal para esa tarea, las estadísticas muestran la baja efectividad de la misma: “Un ejemplo de esta situación es la hacienda Santa Helena, en Caucasia, que fue invadida desde abril de 2024 y que no ha sido recuperada”.

De la misma forma, perciben que la SAE no ha gestionado de manera eficiente los contratos de arrendamiento de los inmuebles en su poder. Esto, según la fundación, se ve en la disminución del recaudo de contratos bajo administración directa y, al mismo tiempo, el aumento de la cartera de difícil cobro. Esto ha sido alertado por la Contraloría General y las mismas auditorías internas de la entidad.

Las auditorías, según la organización, revelan problemas como el reconocimiento incorrecto de sociedades en los estados financieros del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). La fundación “ha aportado pruebas que evidencian una falta de seguimiento, evaluación y control en la gestión de estos bienes”.

Y aseguran que la inadecuada administración viola los derechos de las víctimas del conflicto, dado que los recursos van a su reparación.

Tal como lo ha reportado SEMANA, la SAE tampoco tiene un control sobre los depositarios, quienes administran los bienes. La Contraloría también reporta pérdida de documentos clave de los bienes administrados.

“Algunos depositarios no han presentado los informes de gestión requeridos para conocer el estado de los bienes, ni han cumplido con sus obligaciones legales y contractuales, como el pago de impuestos o servicios públicos”, informa la organización.

“La demanda busca la protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa, atendiendo a las deficiencias en la gestión de los activos que administra la SAE, las cuales impiden que dichos bienes cumplan con el propósito de garantizar un impacto positivo en el desarrollo social y económico de la nación”, dijo Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho.