Admiten demanda en contra de la Alcaldía de Bogotá que podría poner en riesgo la Región Metropolitana

El Juzgado 68 Administrativo de Bogotá admitió una demanda interpuesta por los concejales de Bogotá, José Cuesta y Ana Teresa Bernal; y por el diputado de Cundinamarca, Wilson Flórez, en contra del Acuerdo 858 de 2022, que estableció el ingreso de la capital del país a la Región Metropolitana.

De acuerdo con los demandantes, el acuerdo posiblemente violó la Ley de Participación Ciudadana, dado que la Audiencia Pública desarrollada en el marco de aprobación del Acuerdo Distrital, según ellos, transgredió los principios democráticos y de participación exigidos por la norma.

Adicionalmente, los demandantes adjuntaron pruebas de que al parecer hubo vicios de trámite, ya que la aprobación no se llevó a cabo en la Comisión Legal debida y que la expedición del acto habría sido irregular ante la inobservancia de presupuestos en su formación; como lo es la ausencia de un estudio de impacto fiscal y los tiempos que deben mediar entre los debates.

Los concejales y el diputado advierten que “la Región Metropolitana es sinónimo de más impuestos (sobretasas de hasta el 5% en todos impuestos) con lo que la Tasa Efectiva de Tributación para las industrias ubicadas en Bogotá podría llegar al 71 %. Ya cundinamarqueses y bogotanos están pagando un 0.2 % adicional en el impuesto de vehículos automotores que les ha significado un aporte adicional de más de 100.000 millones para el 2023. Sobretasa que sería ilegal, puesto que a la fecha no existe fundamento jurídico que permita su cobro, y por el cual gobernador y alcaldesa fueron denunciados penalmente en octubre del 2023″.

Y enfatizaron que “La Región Metropolitana terminó siendo el resultado de un acuerdo entre políticos que se concretó en la Ley Orgánica 2199 de 2022 donde es fácil apreciar este esquema de asociación es sinónimo de: más impuestos, deterioro de la autonomía territorial, más peajes y concesiones viales, una cárcel impidiendo que Bogotá y Cundinamarca puedan salirse, mayores contribuciones (bogotanos podría pagar doble valorización, la del distrito y la regional), un atentado a la democracia participativa, ya que eliminaron la consulta popular, y del centralismo a su máxima expresión dado que la ley le dio poder de veto en todas las decisiones a la alcaldesa de Bogotá y al gobernador de Cundinamarca”.

En diálogo con SEMANA, el concejal del Pacto Histórico, José Cuesta Novoa, quien además ganó una curul para los próximos cuatro años, aseguró que de salir el fallo a favor de los demandantes, se acabaría la Región Metropolitana.

“Estamos demando la legalidad del acuerdo que incorpora a Bogotá a una asociación en donde básicamente se protegen los intereses de los sectores privados, abriéndole espacio al proceso sin ningún tipo de freno ni límite, a la expansión urbana que se va a adelantar en el caso de la Sabana de Bogotá, lo que traería daños irreversibles para la estructura ecológica principal”, dijo el cabildante.

Novoa agregó: “Qué significa que se haya admitido la demanda, que después de un análisis jurídico muy serio, la rama judicial le halló sentido y sobre todo legitimidad a la acción que interpusimos”.

El concejal del Pacto Histórico señaló además que “estamos a la espera, que es lo más importante, de la adopción de una serie de medidas cautelares, si es así, inmediatamente todo el proceso que están adelantando la alcaldesa Claudia López y el Gobernador Nicolás García, como el alcalde electo Carlos Fernando Galán y el gobernador electo, Jorge Emilio Rey, de elegir nuevo director de la Región Metropolitana, debe suspenderse”.

Novoa puntualizó: “si el fallo sale a favor de la demanda, inmediatamente se acaba la Región Metropolitana, porque en estos momentos, las únicas dos entidades territoriales que están adentro de esta asociación son Bogotá y Cundinamarca, ya que ningún municipio ha querido participar de la misma”.