Aida Merlano será trasladada a la cárcel El Buen Pastor, la misma donde planeó su cinematográfica fuga

La excongresista Aida Merlano Rebolledo será trasladada a la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, para que cumpla las dos condenas que tiene pendientes por delitos electorales. Casualmente, fue en este mismo centro carcelario donde la dirigente política conservadora planeó su cinematográfico escape en octubre de 2019 después de asistir a una cita de diseño de sonrisa.

Merlano, quien fue deportada este viernes tras estar tres años en Venezuela, había pedido por medio de su defensa un lugar de reclusión que le brinde todas las medidas de protección y seguridad, esto al advertir que teme por su vida por las denuncias que ha hecho en contra de clanes políticos de la costa, entre ellos las familias Char, Name y Gerlein.

Tras su deportación, y en una rueda de prensa que se celebró en la sede de la Dijín de la Policía, la exrepresentante a la Cámara manifestó que quiso regresar al país a “hacerles frente a todos los procesos que cursan en mi contra, a dar la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí, y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente”.

“Voy a seguir dando la batalla hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político mafioso de la costa Caribe”, enfatizó Merlano quien se mostró muy sonriente y amable con los funcionarios de Migración Colombia y de Policía que la acompañaron en todo momento. Por protección, la excongresista portó un chaleco antibalas y estuvo custodiada por hombres fuertemente armados.

Merlano también aprovechó para pedirle al presidente Gustavo Petro que garantice su seguridad y la de su familia, ya que, sostiene Merlano, “han sido víctimas de amenazas, atentados e intentos de secuestro denunciados desde hace muchos años sin eco en la Fiscalía General de la Nación”.

“También, pedirle por mi integridad porque temo por mi vida, temo ser víctima de un atentado y que esta vez lo logren. El día que intentaron asesinarme en una finca, luego de ser violada, logré salir sana y salva y me resguardé en el gobierno del presidente Nicolás Maduro”, afirmó.

“Yo me fui porque mi vida corría peligro en este país, me fui para prepararme, para llevar mis pruebas y para que, desde ese país, Colombia escuchara mi verdad y poder entregar todas las pruebas que, de hecho, se le entregaron a la Fiscalía General, a la Corte Suprema de Justicia. Espero que se haga pronta justicia”, finalizó diciendo la exsenadora Aida Merlano tras su regreso a suelo colombiano.

Frente a esta situación, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, manifestó que el Gobierno vigilará para que se le respeten “todas sus garantías procesales, se respetará, por supuesto, su vida, y será tratada con dignidad”.

Aida Merlano tiene dos condenas pendientes en Colombia: la primera de 15 años de prisión por liderar la compra de votos para su campaña al Senado, y la segunda, de cinco años y medio, por superar, ampliamente, los topes electorales fijados por la ley.

Igualmente, tiene un proceso penal pendiente por la fuga que protagonizó el primero de octubre de 2019 cuando se lanzó de un segundo piso tras finalizar un diseño de sonrisa, en un consultorio ubicado en la calle 116 con carrera séptima, en el norte de Bogotá.

El pasado 19 de enero, tras declarar en el juicio contra el empresario Julio Gerlein, la excongresista le envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro para que solicitara “cuanto antes” la extradición a Colombia “puesto que yo estoy presa hace tres años en este país (Venezuela), donde no tengo claras mis condiciones aquí y tampoco mis condiciones en mi país”.

En esa oportunidad, Merlano, quien fue recapturada el 28 de enero de 2020 en Maracaibo, manifestó que no se encontraba en condiciones favorables en el centro de reclusión. “Yo sí quiero darle la cara a la justicia y además asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso en contra de todas las personas que denuncié y que son totalmente aislados a lo que hoy concierne”.

Por estos hechos de corrupción electoral fue destituida e inhabilitada por diez años para ejercer cargos públicos, y una pérdida de investidura por el Consejo de Estado por no posesionarse.