“Al menos 10.000 hectáreas de ganaderos han sido invadidas”: duro llamado de Fedegán por ocupación ilegal de tierras

Mientras el Gobierno nacional habla de democratización de la tierra y alista una reforma agraria que aún sigue en el papel, en diferentes regiones del país ha estallado una confrontación civil sin precedentes por la invasión de predios privados. Los casos más críticos están en Cauca, Antioquia, Huila, Cesar, Risaralda y Atlántico.

Las invasiones han estado marcadas por violentos enfrentamientos entre indígenas y campesinos que defienden, con títulos en mano, lo que, según dicen, les pertenece por ley. Asimismo, se está presentando un conflicto entre los invasores y los trabajadores de los cultivos de caña, los ganaderos y los líderes afro.

La situación se ha tornado tan crítica que Fedegán, el gremio de los ganaderos, envió un documento al Congreso en el que lanza una alerta de lo que ha sido la invasión de predios en las últimas semanas.

Según el documento, conocido por SEMANA, desde que se desató nuevamente este fenómeno y, hasta la fecha, han sido ocupadas ilegalmente 10.000 hectáreas que pertenecen a predios privados de ganaderos.

“Con base en la información allegada por los productores ganaderos, en lo corrido del año 2022 se cuentan casos de invasión y ocupación ilegal de tierras en los departamentos de Sucre, Cesar, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, Magdalena, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca y Bolívar. Estos casos representan la invasión de al menos 10.000 hectáreas”, indica el documento.

Esta extensión corresponde a 100 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la que tiene un municipio como Mosquera, en Cundinamarca, donde residen cerca de 83.000 habitantes.

Frente a la razón por la cual se han desatado estas invasiones, el documento, firmado por el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, señala que “se trata de conductas criminales perfectamente planeadas por organizaciones delictivas que de tiempo atrás se han dedicado a esta actividad ilícita y cuyo fin último es lucrarse de ella”.

“Para llevarlas a cabo se paga a los grupos de invasores, los cuales, en la mayoría de los casos, hacen uso de personas que pertenecen a población vulnerable, como ancianos, niños, mujeres en estado de embarazo, etc., quienes son manipulados para desarrollar la actividad criminal de invasión de tierras de propiedad privada”, apunta el documento.

La comunicación también hace referencia a la polémica desatada por Lafaurie, quien hace algunos días propuso un “grupo de ganaderos de reacción inmediata” para defenderse de las invasiones, lo que les recordó a muchos las famosas Convivir, que fueron semilla luego del paramilitarismo.

Frente a este punto, Fedegán aclara que “las brigadas solidarias ganaderas son entendidas como grupos de ganaderos que desean voluntariamente brindar acompañamiento pacífico con presencia solidaria, respaldando a la fuerza pública, cuando se presenten afectaciones o potenciales vulneraciones al derecho de propiedad privada, a la vida, integridad y los bienes de los productores ganaderos del país”.

De esta manera, el gremio de los ganaderos hizo un llamado para que quienes participan en estas invasiones sean judicializados.

“La realización de estas conductas a través de las vías de hecho está claramente regulada en nuestro Código Penal como son la usurpación, la invasión propiamente dicha, la perturbación de la posesión pacifica, daño en bien ajeno y el avasallamiento, de reciente consagración en la Ley de Seguridad Ciudadana, conductas que pueden realizarse de manera concurrente por parte de los invasores. Es evidente que, si la legislación penal las consagra, es porque las mismas son totalmente contrarias a la sana y pacífica convivencia dentro de un Estado de derecho”, indica el documento.

En medio de este complejo panorama, el presidente Gustavo Petro también se refirió al tema hace dos semanas y explicó qué deben hacer los legítimos poseedores de estos predios al momento de que su tierra sea invadida.

“La ley colombiana desde hace décadas permite que el poseedor de una tierra que sea invadida pueda directamente, sin intermediación de alcaldes o de gobernadores o del presidente, ordenarle a la Policía el desalojo”, apuntó el jefe de Estado.

Y sentenció: “Así que eso es lo que tienen que hacer los legítimos poseedores”.