El Gobierno Petro se raja en ejecución de recursos: esta es la alarmante radiografía y los sectores de su gobierno que pierden el año

El 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro cumplirá su primer año en la Casa de Nariño. Ese día será su primer corte de cuentas ante los colombianos. Al margen de las discusiones políticas, judiciales y sobre la ‘paz total’, hay un asunto económico que empieza a causar preocupación. Nadie pone en duda que el mandatario quiere poner en marcha las políticas que prometió durante la campaña presidencial y buscará impulsar las reformas sociales en el Congreso de la República, pero su equipo de Gobierno no está dando los resultados esperados.

Varios de los ministros y directores de entidades no están ejecutando el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023 de manera correcta en los diferentes sectores y se nota un ritmo mucho más lento si se compara con los Gobiernos anteriores.

Con la aprobación de la adición presupuestal, el monto del PGN quedó en 422,5 billones de pesos, que se usarán para inversión, funcionamiento del Estado y en servicio de la deuda. Con corte a mayo de 2023, las obligaciones presupuestales representaban únicamente el 27 por ciento del monto de apropiaciones del PGN, excluyendo el servicio de la deuda, frente al promedio de 31 por ciento entre 2001 y 2022, según Corficolombiana.

Justamente, esta empresa publicó un informe demoledor luego de analizar los primeros cinco meses de 2023 y queda claro que la ejecución es inferior al promedio de los últimos 20 años. Los rezagos están en todos los sectores, aunque algunos son más notorios. Eso demuestra la ineficiencia del Gobierno Petro para administrar recursos. Además, la falta de ejecución revela problemas de planificación, que a la larga podrían impactar negativamente la economía y la reactivación del país.

En el estudio de Corficolombiana se evidencia que la ejecución del PGN, sin deuda, con corte a mayo, asciende a 8,8 billones de pesos. Los sectores de más baja gestión son Hacienda, Trabajo, e Inclusión y Reconciliación. En contraste, en Educación, Salud, y Minas y Energía es superior al promedio de los últimos años. “Se pudo determinar que el fin de ciertos programas de subsidios afectaron el ritmo de ejecución del presupuesto”, dice el análisis.

Así las cosas, por ejemplo, la eliminación del Ingreso Solidario frenó la ejecución del gasto porque se creó el programa Renta Básica, que ha tenido múltiples problemas en su implementación. “Los recursos para suplir las necesidades de los colombianos están garantizados, pero hay un ritmo lento en la ejecución. En el tema de bienes y servicios contratados en materia de inversión, solo se han ejecutado el 21,3 por ciento”, dijo la representante Irma Luz Herrera, del Mira, quien prendió las alarmas por este tema.

De los 30 sectores que componen el Presupuesto General sin deuda, 19 tienen una ejecución inferior al promedio en el periodo 2019-2022. Deporte (14,08 por ciento), Planeación (9,94 por ciento), Presidencia de la República (11,1 por ciento) y Transporte (15,19 por ciento) son algunos de los más bajos. La representante Herrera explica que también hay alerta en el sector de Inclusión y Reconciliación, Trabajo y Ciencia. Además, se reveló que existe un excesivo gasto de funcionamiento en los sectores de Agricultura y Educación, incluso, superando la inversión.

Según el representante Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático, la inexperiencia del Gobierno Petro se demuestra en que se ejecutan más recursos en funcionamiento que en inversión. Eso sí, dejó claro que el Ministerio de la Igualdad no tendrá problemas porque “seguramente esa plata se irá rapidito”. La ministra de Ciencia, Ángela Olaya, hizo que los legisladores pusieran la lupa sobre el tema, pues en junio reveló que, cuando asumió el cargo ante la salida de Arturo Luna, encontró que el ministerio “apenas había gastado el 2,61 por ciento de su presupuesto”.

La ejecución aumentó, pero sigue siendo baja y, tal vez, los indicadores a fin de año podrían traer problemas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la orden del presidente Petro fue hacerle seguimiento mensual a la ejecución presupuestal para garantizar que los recursos se usen adecuadamente, sobre todo, en temas sociales. Según las cuentas de Bonilla, los ministerios ya deben ir en un 45 por ciento de ejecución, cifra que podría estar cercana si se tiene en cuenta que los datos revelados por Corficolombiana y el Congreso son a corte del 31 de mayo.

Sin embargo, el porcentaje sigue siendo bajo. En todo caso, la implementación de programas sociales del Gobierno Petro podría impulsar la ejecución presupuestal y en agosto se conocerán los nuevos porcentajes que definirán la ruta de administración. El senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, señaló que ha pasado un año y el Gobierno Petro no aprendió a administrar el Estado y que el mejor Ejecutivo no es el que ahorra, sino el que ejecuta adecuadamente para las regiones. “Es muy grave que en Colombia, con tantas complicaciones que hay, no se esté ejecutando”.

No obstante, alertó que el Plan Nacional de Desarrollo creó varios fondos que podrían ser usados para transferir recursos y de esa manera el Gobierno justificaría una ejecución sin realmente estarlo haciendo. “Para cumplir las metas de ejecución podrían pasarse por la faja el tema de las vigencias, podrían usar fiducias o fondos para pasar los recursos. Eso quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y sería una ejecución ficticia. Esos fondos tienen los principios de contratación estatal, pero al pasarlos allí queda como un registro presupuestal”, dijo Lemos.

Varios sectores políticos coinciden en que la falta de planeación en el Ejecutivo es evidente y en este momento no hay claridad sobre temas de inversión a pesar de los anuncios del presidente Petro en varias regiones. Si no se logran invertir los recursos, inmediatamente, los sectores tendrían que devolver el dinero a Hacienda, pero serían castigados en la asignación presupuestal, pues, al no ejecutarlos, se entiende que no necesitan más dinero. Este asunto prende las alarmas. El país exige que los recursos se inviertan de forma eficaz y solucionen, prioritariamente, los graves problemas que afrontan los ciudadanos.