La plata de la salud ya no la manejarán las EPS. Ahora los protagonistas serán los alcaldes y los gobernadores. Hay preocupación

En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, con un evento al aire libre, el gobierno de Gustavo Petro radicó la reforma a la salud, uno de los proyectos más esperados y seguramente el más polémico del periodo legislativo. Se conoce el texto completo y llama la atención el rol que tendrán los alcaldes y gobernadores dentro del sistema que propone la ministra Carolina Corcho.

Se trata de una propuesta que generó un duro debate en momentos previos y, dado que ya se conoce el texto, se sabe qué lugar tendrán los mandatarios territoriales.

En primer lugar, conformarán las comisiones departamentales, distritales y municipales de determinantes de salud en el ámbito de su jurisdicción. Ahí escogerán cuáles determinantes, situaciones de salud, ya sean sociales, económicas o de ambiente, deben ser intervenidas.

Para este proceso, dependiendo del tipo de determinantes que tengan los territorios, el sistema girará recursos para que los posibles problemas sean solucionados.

A su vez, los alcaldes y gobernadores estarán en los Fondos Regionales de Salud. En estas instancias se ubicarán presupuestalmente los recursos que la Administradora de Recursos en Salud (Adres) y formarán parte del sistema de cuentas del Fondo Único Público de Salud.

Según el artículo 42, estos recursos serían administrados por un Consejo Administrador de Salud.

En el artículo siguiente, la reforma asegura que el consejo “será responsable del buen manejo de los recursos de la seguridad social en la región”.

Una de las funciones es evaluar y enviar informes a las autoridades de la gestión de recursos de los Fondos Regionales de Salud, donde también estarán los mandatarios locales y territoriales.

Además podrán recomendar los ajustes de la red de servicios de mediana y alta complejidad, y evaluar la suficiencia y pertinencia de los recursos, entre otras funciones.

“El Consejo Administrador del Fondo Regional de Salud estará integrado por tres representantes de los empleadores, tres representantes de los trabajadores, dos representantes del Gobierno nacional, delegados por los Ministerios de Salud y Protección Social y Hacienda y Crédito Público y un representante de los gobernadores y alcaldes distritales de la región”, dice el documento.

Incluso, llama la atención que las asambleas departamentales y los concejos municipales tienen la forma de decidir la apertura de una Institución de Salud del Estado (ISE), un centro asistencial de carácter público que puede construir redes de cuidado.

Estas serían financiadas por medio de los fondos en los que participan los alcaldes y gobernadores. Al mismo tiempo, existiría capacidad de maniobra para ampliar sus capacidades y planta de trabajadores, según determinen las Comisiones de Determinantes de Salud.

Se trata de un punto preocupante y que causó críticas por la posibilidad de que el sistema propuesto por Corcho sea susceptible a la corrupción. Mientras existen delegados del Gobierno en dichas instancias, los alcaldes y gobernadores cuentan con roles en cada paso del proceso, convirtiéndose en actores altamente poderosos en el nuevo modelo.

¿Qué harán las EPS?

De acuerdo con el texto del proyecto, las funciones de las EPS serán de “cooperación y complementariedad”, formando parte integrante del Sistema de Salud propuesto por Corcho.

Entre las funciones, se encuentra “crear y administrar centros de atención primaria en salud en los territorios asignados después de la territorialización dispuesta en esta ley”, enfocándose únicamente en la gestión de los pacientes para esta etapa.

A su vez, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) seguirán de forma pública, privada y mixta. También tendrán un rol de “cooperación y complementariedad”.

De esta manera, el proyecto introduce las Instituciones de Salud del Estado (ISE), por las que se llevarán a cabo los servicios de salud prestados por la nación y entidades territoriales.