Política
Alexander Vega, presidente de La U, invita a militares venezolanos a derrocar a Maduro, entregarlo a la DEA y cobrar la recompensa
El exregistrador aseguró que el fraude electoral en ese país se consumó y que el único camino viable es que las Fuerzas Militares se pongan del lado de la ciudadanía.
El fraude electoral en Venezuela sigue siendo rechazado en el mundo entero y diferentes países han pedido recuento de votos para determinar los resultados reales de la jornada del pasado 28 de julio.
Sin embargo, el presidente del partido de La U, Alexander Vega, cree que esto no ocurrirá y que el régimen de Maduro buscará quedarse hasta 2031.
Por esa razón, indicó que en Venezuela solo hay dos caminos: que Maduro huya por decisión propia o que los militares lo derroquen.
“No puede haber golpe de Estado en una dictadura, los golpes de Estado se presentan en la democracia y el caso de Maduro es una dictadura. Acá hay un derrocamiento de un dictador, si lo entregan a la DEA o en su defecto él sale huyendo”, dijo Vega.
Lo más leído
Vega explicó que con lo que ha pasado en los últimos cuatro días está claro que Maduro se quiere aferrar al Palacio de Miraflores y que por eso el papel de las Fuerzas Militares venezolanas será fundamental.
“El fraude se consumó. Esto está en manos de los militares en Venezuela, esa publicación del cartel de ‘Se busca’ es muy claro. Los militares pueden entregar a Maduro para cobrar la recompensa. Maduro no entregará la presidencia”, reiteró.
Así mismo, indicó que el sistema electoral venezolano no es un ejemplo para ningún país del mundo como lo dicen los integrantes del Pacto Histórico. “Eso es aberrante, allá falló el sistema y el proceso electoral porque está cooptado por el presidente y el CNE hace todo lo que diga Maduro”.
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (Deco) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, considera que no se pueden reconocer los resultados de la elección de Venezuela, en los que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al actual presidente Nicolás Maduro.
La OEA destacó que más de seis horas después de la votación, el CNE realizó un único anuncio sobre los resultados, indicando que se procesaron el 80 % de las mesas de votación y proclamando la victoria de Maduro.
“Sin otorgar el detalle de las mesas procesadas, sin publicar las actas y brindando únicamente los porcentajes agregados de votación que habrían recibido las principales fuerzas políticas, el CNE falsamente calificó estos datos como ‘irreversibles’. Las cifras publicadas en el canal oficial revelaron, además, errores aritméticos”, resaltó la organización en un comunicado.
También informan que los eventos de la noche del domingo confirman “una estrategia coordinada, que se ha venido desplegando durante los últimos meses, para vulnerar la integridad del proceso electoral”.
La suma de lo ocurrido, de acuerdo con la OEA, hace imposible otorgarles reconocimiento democrático a las cifras oficiales.
Entre los hechos, destacan la “opacidad” del CNE por resistirse a la observación nacional e internacional, la “extrema inequidad” de la contienda, “intimidación y persecución política”, la “supresión” de candidaturas y ataques a la prensa, entre otros.
Sobre todo, la organización americana llama la atención sobre “la contradicción entre los porcentajes anunciados y los ejercicios de verificación ciudadana que se hicieron públicos al concluir el escrutinio, que además coincidían con los muestreos y encuestas de boca de urna que aplicaron metodologías técnicas”.
Frente a esto, la OEA le reclama a Venezuela porque los actos del Gobierno durante las elecciones “estuvieron orientadas a contradecir tanto la letra como el espíritu del Acuerdo de Barbados”.
De acuerdo con el organismo multilateral, el régimen de Maduro incurrió en las siguientes violaciones: “Inhabilitación de candidaturas y de autoridades electas y destituciones; detenciones, desapariciones y actos de intimidación; opacidad, obstrucción de testigos y rechazo a la observación nacional e internacional; ataques a los medios de comunicación, al derecho a la expresión y al derecho a la información; clientelismo y uso del aparato estatal con fines proselitistas; falta de independencia del órgano electoral y demás instituciones vinculadas al proceso; registro electoral y voto en el extranjero; calidad de la información que se presenta al electorado”.
