Álvaro Uribe abre la puerta a una negociación de “amnistía política” por una vez. “Confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un extenso mensaje publicado este domingo, 3 de marzo, se refirió al tema de la amnistía política e insistió en que se puede realizar por una única vez, para recuperar los derechos políticos de los condenados.

“La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez”, indicó el exmandatario colombiano en su cuenta de X, antes Twitter. Insistió en que será necesario, “dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el ELN y otros”.

Uribe Vélez también confesó que “tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, señaló el líder político, haciendo referencia a la propuesta que ya ha manifestado en otros espacios.

En el extenso mensaje, Uribe Vélez también dio a conocer su opinión con respecto a los procesos de paz con el ELN y las Farc, así como sobre el regreso del confeso paramilitar Salvatore Mancuso para ser gestor de paz en el país.

Frente a las negociaciones con el ELN, dijo que estas pueden tener dos problemas: “la destrucción que quieran hacer al modelo democrático y el espejo de impunidad absoluta otorgada a la Farc”, lo que también afectaría el proceso con las disidencias Farc, que en conjunto con el ELN está ejerciendo un grave poder opresor en las regiones.

Específicamente dice que los beneficiarios de las Farc del indulto “innominado o disimulado ya quieren acabar con la JEP que impusieron. Para sus delitos atroces no les sirve la sanción ilegal e irrisoria de restricción temporal de movilidad y de residencia, que, si el proceso fuera serio, se debió imponer antes de llegar al Congreso”. En su concepto, puede que la cárcel no resocialice, pero eximirla del todo da mal ejemplo y estimula a delinquir

También asegura que en 2013 el narcotráfico estaba cerca de acabarse, pero que, al aceptar las exigencias de Farc en el proceso de paz, este creció exponencialmente. “Por su causa, los procesos de paz se convierten en indultos a criminales mayores en edad, que son reemplazados por otros o nuevos delincuentes”, puntualiza, y agrega que hoy en varias regiones del país el Estado de derecho está reemplazado por poderes narcoterroristas. “El narcotráfico criollo se puede acabar por la competencia de drogas sintéticas o porque se elija a un Gobierno que restablezca la autoridad, elimine las republiquetas del crimen y reunifique la nación”, enfatiza.

Como muchos expertos, el expresidente considera que el mayor problema con el narcotráfico es que crecerá mientras más se demoren las soluciones, pero que además se requieren alternativas económicas para cientos de miles de personas que quedarían en hambruna si se extermina ese flagelo.

Ni la JEP se escapó de la reflexión de Uribe, frente a la cual opinó que si bien el presidente Duque no la eliminó ni la modificó, no es culpable de incumplimiento alguno del proceso con las Farc, “espurio e inviable desde el comienzo”. Lamenta que el Gobierno de entonces renunciara a continuar la desmovilización de guerrilleros y que hubiera echado para atrás en la extensión del Plan Colombia. “El país habría quedado sin narcotráfico y los cabecillas obligados a un acuerdo razonable o a esconderse en el extranjero”, insiste.

“Una venganza a la autoridad que no pudo someter”

Frente al regreso de Mancuso, del cual se ha especulado mucho que viene a hablar en contra suya, Uribe dice que no le aterra que en el pasado cambió autodefensa por asesinato y desafuero de dinero, jactándose de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros. “Entonces, ¡por qué extrañarse de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter!”, asegura en su publicación.

Añade que la facultad del presidente de nombrar gestores de paz que salen de la cárcel a cumplir su tarea no es discutible, pues él también lo hizo con algunos del ELN, pero que las razones para que Mancuso sea gestor de paz tienen más intención de amenaza política que de paz. Afirma que la discriminación en este tema es inexplicable frente a otros paramilitares. “Los hay que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia. Tenemos ejemplos como Rodrigo Tovar (Jorge 40) o Carlos Jiménez (Macaco). ¿Qué tienen que decir para que los nombren gestores de paz?, ¿deben acusarme? No los conozco, ni un saludo me he cruzado, como en varias ocasiones lo hice con Mancuso”, reiteró.

Así mismo, señala que forzaron la entrada de Mancuso a la JEP con el argumento de que él era el contacto (la bisagra) con el Ejército para incluirlo. “El abuso mínimo de la JEP es la publicidad de declaraciones de Mancuso, no corroboradas, que afectan el derecho fundamental a la honra de muchas personas. Y ahí me cuento”, precisa, al tiempo que dice que las Fuerzas Armadas recibieron del proceso de La Habana el trato “de matones” y los igualaron a terroristas.

Dice que desde el Congreso propuso muchas veces una sala independiente en la JEP de magistrados conocedores de protocolos militares. También que por delitos cometidos por militares hasta 2016 la pena privativa de la libertad no fuera superior a 5 años, pero “todo fue inútil”.

Enfatiza en que su proceso de desmovilización fue para todos: 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros lo aceptaron. “No cambiamos la Constitución, no hubo impunidad absoluta, tampoco elegibilidad política para condenados, menos por delitos atroces como el reclutamiento de niños. Consideramos que guerrilla y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. Ambos, sea cualquiera su excusa política, interfieren el funcionamiento del Estado de derecho”, indica.