Álvaro Uribe rompe su silencio frente a la reforma a la salud y lanza 17 advertencias de lo que ocurriría

En un tono conciliador, sin mayores aspavientos y sin el ánimo de generar controversia, el expresidente Álvaro Uribe plasmó 17 consideraciones sobre la reforma a la salud, una iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro que ni siquiera ha sido radicada en el Congreso y ya levantó una polvareda entre las EPS, algunos usuarios y los opositores.

Uribe plasmó sus ideas en un texto borrador que conoció en exclusiva SEMANA y que él decidió llamarlo ‘Sistema de salud: ajustes sin desbarajuste’. Y en el que agregó una consigna: “la solidaridad y la eficiencia social son más alcanzables en los sistemas mixtos que en los monopolios estatales”.

En el punto número uno, el líder político dijo que el sistema de salud en Colombia ha logrado dar más y mejor atención a los ciudadanos que antes pagaban de su bolsillo el 55 % de los costos y ahora el 16 %.

En el punto dos enfatizó en que el sistema es solidario: “el Estado y los empleadores pagan la mayor parte, el trabajador la cotización mínima y los compatriotas informales casi no pagan”. En otras palabras, “sin importar el nivel económico, todos tienen derecho a los mismos servicios”.

El tercer punto llevó al expresidente a recordar a la opinión pública que el sistema es mixto. “Hay entidades estatales, privadas, mixtas y sin ánimo de lucro”.

En el cuarto, el jefe del Centro Democrático destacó que así como hay entidades de excelencia, “ha habido corrupción y politiquería en hospitales, en EPS privadas, estatales y cooperativas”. Muchas –según él– han desaparecido.

Ya, en el quinto punto destacó que desde el gobierno anterior “se emprendió una lucha eficaz contra la corrupción”.

En el siguiente aseguró “que la propuesta anunciada llevaría a que las personas, para acceder a la salud, tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales”.

En el punto siete, dijo que lo anterior “puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Sin EPS se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio. Además, en un monopolio estatal, aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías”.

A renglón seguido, expresó “que en monopolios estatales se aumenta el riesgo de corrupción con sobre facturación y toda clase de excesivos”.

“El nuevo sistema sería insostenible. Al cabo de un tiempo, por agotamiento de recursos, obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicio”, añadió el exmandatario en su consideración nueve.

En la diez aseguró “que no se ve lógica ni se anticipa eficiencia en el manejo que harían esos fondos regionales estatales sobre incapacidades, remisiones, etc.”.

Uribe también reconoció que los sistemas estatales en el mundo también tienen demoras y mayores que en Colombia. “No obstante, en nuestro medio, la tutela, la posibilidad de que sea norma general o precedente para que no se tenga que repetir, la depuración y el mejoramiento del sistema, van mostrando menos demoras que en otras partes del mundo”.

En el punto 12 dijo que las buenas EPS que van quedando “cobran máximo 3,5 % por toda su actividad. El monopolio estatal propuesto costaría mucho más”.

Las EPS, según el expresidente de Colombia, deberían estar condicionadas a una certificación de excelencia.

En la consideración 13 afirmó que hay informes que registran que el sistema presta aproximadamente 40 millones de servicios al mes y hay meses de 60 millones de facturas. “Poner esto en un monopolio estatal sería condenar el desorden y a más demoras en el pago”, advirtió.

En el 14, Uribe dejó claro que comparte que se necesitan ajustes para mejorar la medicina preventiva y las condiciones de los “compatriotas” que laboran en salud.

“Hay ensayos que acreditan la eficiencia en medicina preventiva de alianzas estratégicas entre municipios, departamentos, EPS, hospitales, fundaciones, cajas de compensación, etc. Generalizar el trabajo coordinado de todos estos actores, daría mejores frutos que un monopolio estatal”.

Propuso que para mejorar las condiciones de los trabajadores no se debería eliminar el contrato sindical, sino ajustarlo.

“Esta forma de contratación, tanto en el sector privado como en el público, supera tensiones entre capital y trabajo, entre empleadores y funcionarios, permite que quienes trabajan sean los beneficiarios de la tercerización; en definitiva, es un instrumento solidario para profundizar y no eliminar. Aquello que no debería permitirse es el abuso que puede producirse cuando la organización sindical apela a terceros trabajadores para cumplir con sus obligaciones de un contrato sindical”.

Por último, indicó que tampoco es conveniente que la homologación de las competencias de los profesionales de la salud “la desplacen de las sociedades científicas a monopolios estatales”.