Angélica Lozano, esposa de Claudia López, destapa sus cartas: “Estoy de acuerdo con Gustavo Petro”

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, destapó sus cartas frente a la reforma pensional que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. La esposa de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, respondió a una declaración del mandatario en el Congreso Nacional de Municipios.

“Nosotros vamos a comenzar este programa, aun sin la ley, para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del Gobierno colombiano”, indicó el mandatario.

La senadora expresó que apoya la reforma que surte su segundo debate en la plenaria del Senado de la República, diciendo que está de acuerdo en eso con el presidente Petro.

“Apoyo la #ReformaPensional en trámite. En esto estoy de acuerdo con Gustavo Petro. La única derrota para los colombianos es que se hunda”, indicó Lozano en X.

Y agregó que Colombia solo tiene 2 millones de pensionados: “El ‘sistema pensional’ vigente NO pensiona. Subsidia a los de mayor ingreso y abandona a su suerte a la inmensa mayoría pobre o que no logra las semanas. ¡Falta empleo formal, nuestro gran reto!”.

La cercanía del Gobierno Petro a Claudia López también se ve en nombramientos clave. Daniel Briceño, concejal de Bogotá, reveló en su cuenta de X que Antonio Sanguino, exsenador y exjefe de gabinete de la exalcaldesa, firmó un contrato de prestación de servicio con el Fondo Colombia en Paz.

El contrato suscrito por Sanguino tiene una duración de siete meses, en los que recibirá 108 millones de pesos. Por otro lado, Laura Marcela Sanguino Gutiérrez, hija del exsenador de la Alianza Verde, fue nombrada subdirectora técnica de subsidio y ejecución de vivienda rural de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

“El líder del Partido Verde, Antonio Sanguino, acaba de firmar contrato con el Fondo Colombia en Paz de la Presidencia y, al tiempo, su hija Laura Sanguino es nombrada subdirectora en el Ministerio de Vivienda. Los Verdes de Claudia López siguen ganando espacios con Petro”, escribió Briceño en su cuenta de X.

El millonario elefante blanco que dejó Claudia López y que tiene a miles de personas sin atención en salud. Bogotá está demandada

En el año 2020, la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Centro Oriente firmaron un convenio para iniciar la construcción y dotación del CAPS (Centro de Atención Prioritaria en Salud) Bravo Páez. La obra, que beneficiaría a 130 mil personas de la localidad de Rafael Uribe Uribe, comenzó con una inversión de $ 17.272 millones en construcción y $ 1.380 millones en dotación, con una duración de 46 meses.

Sin embargo, por la negligencia del contratista y de funcionarios de la Administración, actualmente, la obra está en pleitos judiciales y lleva detenida más de tres años, con un avance de tan solo 23 %.

De acuerdo con el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Daniel Briceño, el contratista de obra (Miroal Ingeniería S.A.S), luego de pedir una adición presupuestal, solicitó una nueva prórroga que fue aprobada por la Secretaría de Salud; sin embargo, en el momento de oficializar la prórroga, el contratista se negó a suscribirla para continuar con la obra, porque prefirió liquidar el contrato, dejando el proyecto del CAPS con 23 % de ejecución.

Ante la imposibilidad de liquidar este contrato bilateralmente, el contratista demandó a la Subred, solicitando un pago por concepto de desequilibrio económico y liquidación judicial por 13.000 millones de pesos.

En este momento, según señaló el cabildante, Bogotá está a la espera de que un Juez decida si el Distrito debe indemnizar al Contratista o se le obliga a terminar la obra, que a hoy está abandonada.

Por su parte, la Subred Centro Oriente, que en su momento adjudicó 1.380 millones para la dotación del CAPS, solicitó la revocatoria de las resoluciones de adjudicación y demandó la nulidad de los actos administrativos, dado que no se puede dotar una infraestructura hospitalaria que no existe. Este caso también está ante la justicia, que debe resolver si el Distrito debe pagarle o no a los proveedores que se ganaron la adjudicación de dotación.

Fuera de lo anterior, el concejal advierte que, en diciembre de 2023, la administración distrital manifestó la intención de estructurar un nuevo convenio por $ 25 mil millones de pesos para construir y dotar el CAPS Bravo Páez.

Sin embargo, el documento en cuestión no aclara si las demandas en curso por el anterior convenio se encuentran solucionadas o no. Tampoco se afirma que se haya realizado alguna clase de investigación o actuación transparente sobre lo sucedido con la ejecución del convenio previo.

Por tal motivo, el cabildante hizo un llamado a los entes de control para ponerle la lupa a este proceso, ya que considera que Bogotá está en riesgo de firmar un nuevo convenio para la construcción del CAPS sin haber resuelto el pleito ni recuperado el dinero del primer convenio realizado.