ANT y bancada del Pacto les responden a críticos de la jurisdicción agraria: “Es una percepción falsa de los ambientalistas”

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Juan Felipe Harman y congresistas del Pacto Histórico les respondieron a los críticos del proyecto de jurisdicción agraria que está en trámite en el Congreso.

El Gobierno presentó ese articulado y le envió mensaje de urgencia para permitir su debate en comisiones conjuntas este mismo período, antes de que finalice el año y buscando que sea analizado con prontitud por las plenarias de Senado y Cámara.

El texto pretende crear una jurisdicción agraria especial para resolver las históricas disputas por la tierra y los problemas de acceso a esta que ha sufrido el campesinado, pero los técnicos en asuntos ambientales cuestionan que esa normativa podría significar un retroceso para las conquistas en la protección de la naturaleza que se han alcanzado.

Es tal la preocupación que 34 líderes ambientales y profesionales técnicos publicaron una carta abierta sobre la propuesta de jurisdicción agraria advirtiendo sobre los riesgos que esta implica en materia de justicia ambiental, en el paso que esta significaría para la jurisdicción de lo público a lo agrario y en la creación de una superjurisdicción.

“Es una percepción falsa la de estos ambientalistas que únicamente opinan desde el escritorio y no van a los territorios. La agricultura campesina enfría el planeta porque es una agricultura diversa que cuida el agua, el suelo y la gente porque produce alimentos. Necesitamos la reforma agraria, más tierra en manos de campesinos, menos tierra en manos de empresarios. Por ejemplo, los empresarios de la caña en el Valle del Cauca destruyeron el ecosistema sembrando solo un monocultivo, así que no le indilguen al campesino la destrucción del medio ambiente porque es al contrario”, respondió el senador Robert Daza a la carta presentada por los técnicos en asuntos ambientales.

Los técnicos manifestaron que no todo lo rural es agrario y les dijeron a los promotores de la jurisdicción agraria que el proyecto de ley parte de un supuesto que desconoce la triple crisis planetaria conformada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

“Es preciso advertir que casi el 60 % de ese territorio rural contiene bosques naturales que regulan el clima, el agua y mantienen la biodiversidad, y cerca del 26 % corresponde a humedales, reconocidos como bienes de uso público y otros territorios albergan sabanas naturales, páramos y en general ecosistemas naturales necesarios para hacer frente a esta crisis. Decidir las controversias que se generen sobre estos territorios con prevalencia de lo agrario y no bajo el principio constitucional de prevalencia del interés general, nos preocupa enormemente”, detallaron los 34 firmantes de la carta.

Sin embargo, la bancada del Pacto Histórico desestima los comentarios de los técnicos. La senadora Isabel Zuleta respondió que “esa es la diferencia entre el ambientalismo popular y el ambientalismo academicista. El ambientalismo academicista se concentra en justificar y a nosotros nos pasó en el Parque Nacional Nudo del Paramillo y hemos sido muy claros con esto: no hay manera de que se atropelle al campesinado con la justificación de la conservación. La conservación no puede ser una justificación para acabar con las vidas de los campesinos para generar desplazamiento forzado”.

Los expertos temen que con los planteamientos de la jurisdicción agraria los bienes comunes están siendo sometidos al interés agrario, alertan que ese proyecto está protegiendo la ocupación de las tierras (que en muchos casos son bosques sujetos de protección) y pone en riesgo la integridad de los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas.

El director de la ANT respondió que “el interés de la conservación en Colombia depende sustancialmente de los campesinos de este país. Solo podemos llegar a una lucha frontal por la deforestación si incluimos a los campesinos en las estrategias de conservación, como lo ha hecho el Ministerio de Ambiente con un esquema de pago por servicios ambientales y un trabajo articulado con juntas de acción comunal”.