Alerta para la libertad de expresión: proyecto del partido de Gobierno Petro impondría obligaciones a los medios al cubrir las protestas y límites a la policía

La bancada del gobierno de Gustavo Petro acaba de lanzar una nueva apuesta legislativa que ya despertó dos graves alertas en la oposición.

El Pacto Histórico radicó el proyecto de ley estatutaria de garantías para la protesta social y la manifestación pública que le pone condiciones a la fuerza pública para intervenir en las marchas, y limita el ejercicio periodístico durante las movilizaciones sociales.

El texto contempla que la protesta y la movilización social se entiendan como un derecho fundamental que las autoridades deben permitir. Así, el Estado debe garantizar las condiciones para que la sociedad civil pueda salir a la calle. Es decir, limita a las autoridades a prohibir, restringir, bloquear, dispersar o perturbar las protestas sociales y las manifestaciones públicas.

El documento consta de 51 páginas y 44 artículos que incluyen disposiciones como que sólo se puede hacer una medicación pacífica en un escenario de desmanes en las manifestaciones, que la fuerza pública deberá avisar a los marchantes antes de hacer cualquier tipo de intervención y que las organizaciones sociales tendrán derecho a réplica a los medios de comunicación si estos publican información que (a juicio de estas) vaya en contravía de la manifestación social.

Por puntos como esos, el representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid alega que “el proyecto de ley del Pacto está configurando un escenario para limitar los derechos de expresión en los medios de comunicación, obligando a la prensa a darle más espacio a los manifestantes que a un partido político”.

El congresista señala que “hay una restricción de las decisiones del orden público y una anulación de la acción de la fuerza pública y de la libertad de los medios de comunicación de la protesta”.

Límites a la fuerza pública en la protesta social

El proyecto de ley estatutaria contempla que sólo se podrá ordenar la intervención de la fuerza pública en el contexto de la protesta o la manifestación social desde un puesto de mando unificado, y establece que esa determinación deberá ser anunciada a quienes se estén movilizando por parte de la autoridad administrativa responsable de cada jurisdicción.

“La Policía Nacional deberá dar aviso previo del uso de la fuerza a las personas que estén presentes en los lugares donde se desarrolle la protesta social y la manifestación pública, a través de un medio que garantice la publicidad al mayor número de personas”, se lee en el artículo 25 de ese documento.

La iniciativa quiere ponerle 15 principios de actuación a la fuerza pública en la protesta social y la manifestación pública, entre los que están la “presunción de licitud” (es decir, que no consideren esos escenarios como una alteración o amenaza a la convivencia ciudadana), el “uso de la fuerza como último recurso” y la “mínima intervención”.

El texto también reduce el tipo de insumos que podrá utilizar la fuerza pública en ese tipo de escenarios a las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales.

El objetivo del Pacto Histórico es que el Estado tenga la obligación de garantizar el derecho fundamental a la protesta social y la manifestación pública, lo que les pone tareas a las autoridades regionales y actores gubernamentales para cumplir con ese objetivo, como promover el diálogo y la mediación de manera permanente y que las desconcentraciones (es decir, intervenciones) sean un caso excepcional.

Condiciones a los medios para cubrir la protesta y movilización

Si bien el proyecto de ley estatutaria reconoce el derecho de los periodistas a cubrir la protesta y la movilización, este contempla el derecho a réplica para los casos en los que las organizaciones sociales consideren que los medios vulneraron la protesta o la movilización.

“Las personas y organizaciones que ejerzan el derecho fundamental a la protesta social y la manifestación pública tendrán el derecho a la réplica en los medios de comunicación públicos y privados, frente a afirmaciones o comunicaciones que exprese cualquier funcionario o autoridad pública en relación con el ejercicio y desarrollo de protestas sociales y manifestaciones públicas”, detalla el texto.

El articulado también les da un estatus superior a los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares, considerándolos como fuentes de información vitales en el marco de esas expresiones sociales.

El proyecto de ley estatutaria para dar garantías a la protesta y la movilización social fue redactado por la bancada del Pacto Histórico en compañía de las organizaciones sociales que han participado en ese tipo de escenarios. Asimismo, cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Alta Consejería Presidencial para las Juventudes.

El representante Pedro Suárez Vaca aseguró que “este articulado es una deuda con los colombianos (...). Este proyecto pretende regular la relación misma entre el Estado y quienes ejercen el derecho a la protesta”.