Arreglo de la malla vial local en Bogotá, bajo la alcaldía de Claudia López, terminó en sobrecostos y hallazgos fiscales

Los fondos de desarrollo local (alcaldías locales) en Bogotá, entre 2021 y 2022, bajo la administración de la entonces alcaldesa Claudia López, contaron con un presupuesto de más $ 350.000 millones para la intervención de la malla vial en cada una de las localidades, pero la inversión de esos recursos no se habría hecho de la mejor manera.

SEMANA conoció que la Personería de Bogotá adelantó una indagación a los procesos contractuales relacionados con la malla vial en las diferentes localidades de la ciudad y determinó más de 100 hallazgos con presunta incidencia administrativa, disciplinaria, fiscal y hasta penal.

De acuerdo con el Ministerio Público Distrital, la falta de planeación habría sido, al parecer, la principal causa que originó la mala ejecución en la mayoría de los contratos, lo que llevó a la Personería a establecer los diferentes hallazgos.

En total, el órgano de control visitó 255 segmentos viales, lo que equivale tan solo al 14 % del total de 1.803 segmentos contratados, pero esa pequeña muestra fue suficiente y determinante para encontrar retrasos en las obras, suspensiones, adiciones, prórrogas, sobrecostos, mala calidad, entre otras fallas.

Los retrasos más graves en la ejecución de los contratos de la malla vial se presentaron, principalmente, en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy. Mientras que en Barrios Unidos, Engativá y Rafael Uribe, la Personería encontró obras de muy mala calidad, llevando al Ministerio Público a establecer hallazgos disciplinarios y fiscales.

La falta de planeación inicial en los procesos contractuales, de acuerdo con el informe de la Personería, originó una especie de improvisación en los contratos, pues se presentaron constantes modificaciones, con el fin de excluir, incluir y adicionar segmentos viales a intervenir. Usaquén y Kennedy fueron las localidades en donde se presentó el mayor porcentaje de exclusión de obras.

Así mismo, en otras localidades como Barrios Unidos, Teusaquillo y Tunjuelito se incluyeron segmentos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a pesar de que esta entidad solo tiene a su cargo el mantenimiento de la malla vial troncal y principales corredores viales de la ciudad, mientras que las alcaldías locales solo reciben recursos para intervenir las vías internas, es decir, la vía de los barrios, en cada una de las localidades.

Esa falta de planeación, según la Personería de Bogotá, también se tradujo en importantes demoras en la ejecución de las obras, pues del total de 1.803 contratos, a mediados de 2023, solo se había intervenido el 49 % de los segmentos viales, es decir, menos de la mitad contratada, siendo Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy, las localidades con más baja ejecución, mientras que los ciudadanos piden a gritos que tapen los huecos en sus barrios.

Como si fuera poco, la Personería también determinó posibles mayores costos en los contratos. Por ejemplo, en Los Mártires, se establecieron presuntos pagos por encima del 50 % de los costos de las obras contratadas.

Los posibles sobrecostos también están relacionados con la deficiencia en los estudios técnicos que deben estar listos antes del inicio de cualquier intervención. En Barrios Unidos modificaron en un 90 % los costos de intervención y el cobro de segmentos viales sin terminar.

El desorden que encontró la Personería en las alcaldías locales es tan preocupante, que de hecho se logró establecer que en Ciudad Bolívar fueron trasladados $ 1.500 millones del rubro de subsidios tipo C, presupuestados para la atención a la tercera edad, para adicionar el contrato de malla vial. También con recursos de la Secretaría de Ambiente se adicionó el contrato para incluir nuevos segmentos viales. Ambos cambios se realizaron sin la aprobación del comité de contratación y, lo más grave, sin soportes, sin tener claro qué segmentos y por qué valores se iban a intervenir, pues no tenían estudios técnicos ni de diseño.

La Personería compulsó copias de todos estos hallazgos a la Contraloría de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación, para que, de acuerdo a su competencia, inicien los procesos que consideren.