Arremetida de Jota Pe Hernández a proyecto que crea el delito de obstrucción a la paz: “que me pongan las esposas”

El senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, lanzó una fuerte arremetida en contra del proyecto de ley que radicó en el Congreso de la República el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que crea el delito de ‘obstrucción a la paz’ y define una pena de hasta 15 años de cárcel a quien se oponga a la llamada paz total del Gobierno Petro.

Hernández, le mandó un contundente mensaje al senador Cepeda, y le advirtió que mientras ese proyecto de ley busca poner tras las rejas a quienes se opongan a los fallidos diálogos de paz, la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc, continúan secuestrando y viviendo del negocio criminal en el país.

“Iván Cepeda radicó el proyecto de ley 192 de 2023, con el que busca meter presos hasta por 15 años a todos los que nos opongamos a esos falsos de diálogos de paz con las guerrillas del ELN o las disidencias de las Farc. Lo curioso de todo esto, es que justo al lado del senador Cepeda están las curules de los exguerrilleros de las Farc, que no han pagado un solo día de cárcel por pertenecer a esa organización criminal y terrorista que secuestró, extorsionó, asesinó, torturó, y violó a muchos colombianos y que hoy lo sigue haciendo bajo otro nombre y es el de las disidencias de las Farc”, señaló el congresista.

Jota Pe enfatizó: “a los bandidos no los quieren meter a la cárcel, pero a los políticos que se opongan a esos falsos diálogos de paz, a esos sí quieren mandarlos presos hasta por 15 años”.

En ese sentido, el senador subrayó de manera tajante: “si por oponernos nos van a meter a la cárcel, que sea a mí al primero al que le pongan las esposas porque no me voy a dejar de oponer a esa mentira de diálogos, que mientras el señor (Cepeda), con sus compañeros de Gobierno, están banqueteando comidita en compañía de los guerrilleros del ELN, estos señores siguen afuera secuestrando, extorsionando y asesinando a policías y militares”.

Hernández puntualizó que “a estas guerrillas no se eliminan con falsos diálogos de paz, porque esto lo que les permite es estructurarse, fortalecerse y que avancen en el territorio”.

Detalles del proyecto

La iniciativa ya fue radicada en el Congreso y tipifica los crímenes contra la paz, es decir, aquellos que cometen quienes obstruyen, restringen, limitan de manera dolosa un proceso de paz en cualquiera de sus etapas, en la negociación o la implementación, explicó el congresista del Polo Democrático.

En otras palabras –según Cepeda–, busca que quienes cometan asesinatos de firmantes de paz o quienes a través de mentiras o acciones delictivas intentan frustrar los procesos de paz, tengan que afrontar su responsabilidad penal, dijo textualmente el senador.

Contempla circunstancias agravantes cuando esta conducta es cometida por un servidor público, especialmente aquellos que ejercen funciones de Estado, “pues las penas se ven incrementadas de manera sustancial. También busca sancionar a quienes intenten desviar o sustraer fondos públicos destinados a la paz o promover actos de corrupción”, precisó.

El proyecto busca, además, reconocer los efectos de los conflictos armados en las mujeres, especialmente en las excombatientes, constructoras de paz, defensoras de derechos humanos o lideresas sociales, “estableciendo que la pena se agrava cuando se causa su muerte o son víctimas de lesiones personales”.

Igualmente, busca combatir la corrupción estatal, “agravando la pena cuando se empleen bienes del Estado para cometer el delito”.

“Se busca endurecer el castigo de la responsabilidad penal por asesinatos de firmantes de acuerdos de paz y otras conductas delictivas, prestando especial atención a los servidores públicos de alto rango. Asimismo, contempla sanciones para los desvíos y la corrupción en los fondos públicos destinados a la paz”, reiteró el senador.

En realidad, este proyecto no es nuevo y tiene como antecedente el proyecto de Ley 314 de 2022 del Senado, que fue presentado, pero no fue discutido y se archivó. Sin embargo, según Iván Cepeda, integra nuevos elementos en su articulado e incorpora prohibiciones para los servidores públicos en materia disciplinaria.

Según Cepeda, “el proyecto de ley da cuenta de los desafíos que ha tenido que enfrentar el acuerdo final de paz con las Farc, desde las interceptaciones ilegales al equipo negociador, pasando por los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia, liderazgos sociales, firmantes de paz, masacres y desplazamientos forzados en el país, las afectaciones a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto, hasta los rezagos de su implementación”.

Finalmente, la iniciativa prevé la necesidad de que no se obstruya el cumplimiento de los acuerdos pactados en los procesos de paz, entre ellos “los acuerdos que buscan implementar medidas humanitarias en beneficio de la población civil, en especial la más vulnerable y afectada por el conflicto”.