“Asesinaban a todo estudiante o profesor críticos”: presidente Petro tras sometimiento de exrector de la Universidad de Córdoba a la JEP

Un agudo mensaje lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, al conocer el sometimiento ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) del exrector de la Universidad de Córdoba, Víctor Hugo Hernández Pérez.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, antes Twitter, el mandatario colombiano afirmó que en esa universidad pública “asesinaban a todo estudiante o profesor críticos”, y fue más allá: “querían una juventud dominada como un rebaño”.

“Hice como senador el debate sobre la toma paramilitar de la universidad de Córdoba, no fue la única toma sangrienta de una universidad pública”, posteó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “Asesinaban a todo estudiante o profesor críticos. Querían una juventud dominada como un rebaño y querían los fondos económicos de las universidades”.

“Yo mismo acuse a Víctor Hernández de promover el traslado del saber a la muerte. ¡Muera la inteligencia! Gritaban en las universidades, el país se llenó de fosas comunes. Ahora, el Gobierno del cambio promueve la expansión de la universidad pública en libertad”, insistió el mandatario colombiano.

La fuerte postura del presidente Petro fue a una publicación que hizo la JEP en sus redes sociales: “La JEP aceptó el sometimiento del exrector de la Universidad de Córdoba, Víctor Hugo Hernández Pérez, como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública. Hernández fue condenado en la justicia ordinaria por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado”.

Urgente | La JEP cita a declarar al general (r) Mauricio Santoyo, antiguo hombre de confianza de Álvaro Uribe

Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar al general retirado Mauricio Santoyo, antiguo jefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe, contra quien se adelanta un proceso por los delitos de concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).

“Citar al señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, en compañía de su defensor, a una audiencia adicional de aporte a la verdad plena con el concurso de los magistrados Óscar Javier Parra Vera y Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez que adelantan el macrocaso 008 en la SRVR”, dice el auto de la citación.

Para la JEP, la información entregada hasta ahora por Santoyo a la Jurisdicción Especial no ha sido suficiente, por lo que se espera que durante la audiencia que se realizará de manera presencial el 21 de marzo de 2024 a las 9:00 a. m. en la sede principal de esta Jurisdicción en Bogotá, amplíe los detalles acerca de los delitos que le fueron imputados.

La desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa ocurrió el 6 de diciembre de 2001 cuando el general Mauricio Santoyo, entonces coronel de la Policía, era el comandante del Gaula en Medellín.

En marzo de 2020, la JEP asumió la competencia para conocer el proceso penal que se adelantaba en la Fiscalía contra Santoyo por estos hechos y, aunque el oficial retirado no ha mostrado interés en comparecer ante la jurisdicción de paz, la competencia prevalente de esta no le da opción distinta, pues por tratarse de un expolicía, su comparecencia no es voluntaria, sino forzosa. Solo los terceros civiles o agentes del Estado no combatientes pueden decidir si prefieren seguir en la justicia ordinaria o pasar a la JEP.

El oficial retirado pagó condena en Estados Unidos, donde confesó haber apoyado a los grupos paramilitares entre 2001 y 2008. Ese período incluye los cuatro años en que sirvió como jefe de Seguridad de la Casa de Nariño durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.

La Fiscalía también acusa al general de haber chuzado más de 1.800 líneas telefónicas entre 1995 y 2001, cuando dirigió el Gaula Urbano en Medellín. Esa interceptación masiva –según lo confesaron años después jefes paramilitares– fue como una brújula envenenada que les sirvió a los paramilitares para adelantar sus operaciones contra los sindicalistas, activistas y defensores de derechos humanos, a los que consideraban auxiliadores de la guerrilla.

Santoyo aceptó, ante la Corte del Distrito Este de Virginia, que recibió plata de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia y que como alto mando de la Policía tuvo con ellos intercambio de asistencia y apoyo en varias operaciones. Para la Justicia de Estados Unidos, las AUC son un grupo narcoterrorista, por lo que Santoyo pudo haber afrontado una sentencia de más de 20 años de cárcel. Pero dado que aceptó su responsabilidad y tuvo buen comportamiento, consiguió rebajas sustantivas. Pagó siete años efectivos de cárcel.