Así ‘barrieron’ con los funcionarios de Leyva en la Cancillería durante el encargo de Murillo: estas son las cinco bajas más sensibles

El regreso de Álvaro Leyva a la Cancillería de Colombia parece cada vez más remoto. Entre los cálculos del dirigente político estaba pisar en cuestión de semanas el Palacio de San Carlos como jefe de la diplomacia en el país, pero la Procuraduría frustró, al menos por ahora, la posibilidad de trabajar nuevamente en el Gobierno Petro.

Esta semana, el organismo disciplinario insistió en mantener la suspensión temporal en su contra porque el polémico y millonario contrato de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons sigue sin resolverse. Y mientras ese novelón no tenga un punto final, Leyva no puede volver a su escritorio público.

Así se resuelva en las próximas semanas, el funcionario carga entre pecho y espalda el fantasma de un juicio disciplinario que podría decidirse en la era de la procuradora Margarita Cabello.

Políticos que le hablan al oído a Gustavo Petro le recomiendan que mantenga a Leyva en la distancia. Temen que un eventual fallo disciplinario en su contra –por haber suspendido el proceso y sacado del camino a Thomas Greg en la licitación de pasaportes– le genere un nuevo e innecesario ruido al Gobierno.

Leyva se ha mantenido distante de la Casa de Nariño. Desde que el diplomático fue suspendido no volvió a pisar el palacio presidencial y no se ha vuelto a encontrar con Petro. “Mi silencio es la única forma de expresarme”, le dijo Álvaro Leyva a SEMANA. “Ausencia de respuestas”, agregó.

Él sigue en Bogotá, atendiendo temas personales, entre ellos asuntos médicos que había descuidado desde hace años. “Cree en la justicia y sus abogados y estima que volverá a la Cancillería”, le contó otra fuente a este medio.

Luis Gilberto Murillo, el canciller encargado, parece que llegó a Bogotá para quedarse. Al menos así lo confirman algunas de las decisiones que ha tomado en las últimas tres semanas.

El 21 de febrero, el día en que él pisó por primera vez el Palacio de San Carlos, se reunió con Leyva, hicieron empalme durante varias horas, y minutos después, cuando el excanciller salió de la edificación con algunas de sus pertenencias, empezó a barrer con sus figuras más cercanas.

Además de cambiar de puesto el escritorio, mover algunos libros y darle un nuevo oxígeno a la oficina privada donde despachó Leyva, sacó de la Cancillería a Juan Carlos Losada, el entonces director de Asuntos Jurídicos, uno de los abogados más cercanos y fieles al diplomático suspendido.

SEMANA conoció que Losada, huilense y quien estuvo en el apartamento de Leyva en Bogotá cuando el entonces canciller le concedió una entrevista a SEMANA en diciembre de 2023, renunció al cargo. Lo hizo por petición de Murillo y horas después de que el equipo jurídico de la entidad elaborara la Resolución 1344 del 22 de febrero de 2024, en la que el hoy canciller le devolvió al entonces secretario general, José Antonio Salazar, las facultades para volver a contratar.

Losada escribió su renuncia para evitar una declaratoria de insubsistencia, le contó a SEMANA una fuente que pidió reserva de su identidad.

El siguiente en la lista fue José Antonio Salazar, declarado insubsistente de la secretaría general por el presidente Gustavo Petro y notificado a través de X, anteriormente Twitter. El jefe de Estado se molestó porque el 22 de febrero el abogado, también cercano a Leyva, revivió la licitación pública en favor de Thomas Greg & Sons.

El canciller Murillo se despachó en contra de Salazar, lo llamó irresponsable y le dijo al país que no estaba autorizado para entregar el contrato de pasaportes. Otra cosa decía la Resolución 1344 que él firmó con su puño y letra.

“Se hace necesario delegar en el secretario general (José Antonio Salazar), del Ministerio de Relaciones Exteriores, la dirección de la licitación pública 003-2023, así como los trámites presupuestales y la inscripción de los actos contractuales que se deriven del mencionado proceso licitatorio, y dejar sin efecto los actos administrativos a través de los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores asumió la función de dirigir el proceso contractual, así como sus trámites presupuestales”, se lee en el documento.

Salazar salió por la puerta de atrás. Aunque mostró las pruebas que confirmaban que él había actuado tras recibir las facultades del canciller (e), Paola Andrea Vásquez, la mano derecha de Murillo, le pidió que renunciara. “Casi me sacan de la oficina”, relató Salazar a SEMANA. Este medio conoció por varias fuentes que trabajan en el Palacio de San Carlos que todo lo que huela a Álvaro Leyva o a José Antonio Salazar corre riesgo por estos días. Al conductor de Salazar, por ejemplo, lo tienen relegado de su cargo. Esta revista buscó al funcionario, pero no fue posible la comunicación.

En la edición pasada, SEMANA reveló los secretos detrás de la resolución que firmó Murillo, en la que terminó, indirectamente, beneficiando a Thomas Greg & Sons. El artículo periodístico causó bajas sensibles en la Cancillería de Colombia.

Aunque las víctimas no hablaron con esta revista, corrieron con la peor suerte. Una de ellas, Francy Paola Ramírez, jefe de la Oficina Jurídica Interna de la Cancillería. Es abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Penal de la Santo Tomás y máster en Dirección y Administración Empresarial del Centro Universitario Villanueva en convenio con la Universidad Complutense de Madrid.

Ramírez fue una de las abogadas de la Cancillería que le recomendó a Álvaro Leyva en diciembre de 2023 conciliar con Thomas Greg & Sons la licitación de pasaportes. En esta oportunidad, ella recibió instrucción de redactar la resolución en la que Luis Gilberto Murillo le devolvió a José Antonio Salazar la contratación en calidad de secretario general. A ella, al parecer, le dio la orden Juan Carlos Losada, ficha de Leyva.

SEMANA preguntó por la salida de Ramírez y desde la Cancillería respondieron que ella tenía un cargo de libre nombramiento y remoción y Murillo tiene la facultad discrecional de removerla de su cargo. El canciller (e) sigue silenciado con la prensa.

En la lista negra también está Jhoana Medina Ramírez, asesora grado 11 del grupo de jefatura de gabinete. Llegó a la entidad con la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez. Estuvo en el despacho de Leyva y fue quien revisó la controvertida Resolución 1344 del canciller Murillo, además de todos los documentos que han firmado los últimos ministros de Relaciones Exteriores.

Igualmente, sacaron a Lida Magali Rodríguez, asesora grado 13, experta en contratos. Ella llegó con Leyva, pero el hoy ministro la retiró del cargo y le dio el cupo a un diplomático de carrera.

¿Por qué Murillo sacudió el equipo de máximos colaboradores de Álvaro Leyva? ¿Sabe que se quedará oficialmente en el cargo? ¿Lo consultó con Gustavo Petro? La respuesta es incierta.

Lo que sí es ampliamente conocido en distintos sectores políticos es que Luis Gilberto Murillo tiene el respaldo de Laura Sarabia, además del ala santista del Gobierno Petro. Entre ellos, los embajadores de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, y el de Francia, Alfonso Prada, los mismos que le organizaron un homenaje este 27 de febrero en Bogotá, evento frustrado porque estalló la papa caliente de la adjudicación de la licitación de pasaportes a Thomas Greg.

En algunos círculos cercanos al expresidente Juan Manuel Santos creen que Murillo podría ser la ficha presidencial con la que jugaría Gustavo Petro en las elecciones de 2026.

El tema no es oficial. Al fin y al cabo, de la salida jurídica que el diplomático le encuentre al escándalo de Thomas Greg dependerá su futuro político, pues este novelón, sin duda, terminará por enredar judicialmente la vida de más de un servidor público.