POLÍTICA
Atención: aprobado el Plan de Desarrollo en la Cámara de Representantes, falta la conciliación que se votará a la medianoche
Luego de varias horas de discusión, la Cámara Baja decidió respaldar el proyecto, aún faltando varios artículos por discutir.
El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que esa corporación sometería la votación del Plan Nacional de Desarrollo tras haber debatido el proyecto desde las 8 a. m. de este jueves.
Con 120 votos a favor y 12 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto, que será la hoja de ruta del Gobierno. El Senado ya lo había aprobado este miércoles y estaba a la espera de esta decisión.
Ahora, durante las próximas horas, los conciliadores designados de ambas corporaciones debatirán los puntos que siguen siendo diferentes entre ambos textos, para definir cuáles quedan y cuáles no. Para el caso de la Cámara, los conciliadores son: Olga Lucía Velásquez, María del Mar Pizarro, Jorge Eliécer Salazar, Óscar Darío Pérez, Karen Manrique y Carlos Alberto Carreño.
Según anunció Racero, a las 00:00 de este viernes, es decir, en la madrugada, volverán a juntarse todos los congresistas en el recinto para votar el proyecto, por lo que se espera que los colombianos amanezcan con un nuevo PND.
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A pesar de que el presidente de la Cámara afirmó que la discusión se dio a fondo, hubo reclamos de algunos sectores, especialmente de la oposición, que se quejaron de que había artículos sobre los que faltó dar el debate.
En medio del debate de este jueves, varios sectores reclamaron por polémicos artículos. Una de las polémicas que se generó fue un reclamo de la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, sobre dos artículos puntualmente.
Uno es que el presidente Gustavo Petro tendría información reservada a través de la Secretaría de Transparencia y hasta lo comparó con una especie de nuevo DAS. La propuesta está en las derogatorias, que propone eliminar el parágrafo 3 de la Ley 2195 de 2022. Aprobado, el Gobierno tendría acceso a información clasificada y reservada.
El otro ‘mico’ es que los acuerdos del Gobierno con las comunidades indígenas tendrían carácter de ley. “Son casi 500 puntos que no conocemos, no tenemos ni idea de qué son”, reclamó Miranda. Allí, según la congresista, se incluyen temas relacionados con la financiación de la guardia indígena, la creación de fondos directos, se adelantarán funciones de contratación directa por parte de los indígenas para proyectos de infraestructura, entre otros.
Se trata del artículo 336, que le colgaron un párrafo que señala que los acuerdos con los pueblos indígenas tienen carácter de ley. Se trataría de casi 500 acuerdos con esos grupos que ningún congresista ha estudiado y conoce a fondo. “No dieron ni media discusión en el Congreso”, alertó Miranda.
La congresista señaló que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, les pagaría a los indígenas todos los prediales y ellos no tendrán ninguna responsabilidad fiscal con el Estado. Además de permitir la contratación directa en proyectos de infraestructura. Incluso, se habla de financiamiento a la guardia indígena.
Aunque ambos artículos ya fueron aprobados, la congresista alertó que pocos parlamentarios conocen ese hecho. Por eso, le reclamó al presidente de la Cámara, David Racero que se abra la discusión, pero esa solicitud fue negada y por eso la alerta.
También generó polémica un comentario que hizo el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, contra la congresista Carolina Arbeláez, en el que le dijo que se “tranquilizara” y que era “vocera” del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical.
Eso generó una ola de rechazos por parte de congresistas de distintos sectores. La representante anunció que presentará una queja ante la Comisión de Ética de la Cámara.
Otro punto que generó polémica fue con relación al sector de transporte. La congresista Catherine Juvinao solicitó que se reabriera la discusión del artículo 370, reclamó que de aprobarse se suspendería el proyecto en ejecución de la primera línea del metro en Bogotá. “Este artículo es irresponsable y viola el principio de autonomía territorial”, afirmó.