Atención: Casi 200 personas que tienen nexos con Venezuela y Nicolás Maduro podrían, eventualmente, regresar a Colombia

El gobierno del presidente Gustavo Petro empezó a revertir varias de las decisiones que en materia migratoria tomó Iván Duque. El 31 de octubre pasado, Migración Colombia echó para atrás una decisión de expulsión contra la ciudadana alemana, Rebecca Linda Marelen Spröber, quien fue retirada del país porque su pasaporte de turista estaba vencido y además, integró la primera línea en Cali, una de las ciudades donde esta célula urbana generó más caos y disturbios.

La decisión se tomó en favor de la extranjera tres días después de que ella presentara el recurso de apelación, donde argumentó que no tiene delitos o investigaciones penales con la justicia.

Spröber le siguió el paso a Carlos Manuel Pino García, venezolano, esposo de la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, quien fue expulsado de Colombia porque, según Migración Colombia en su momento, “puso en riesgo la seguridad del país”. El hombre, quien además resultó salpicado porque lo encontraron las autoridades en un campamento de las Farc en 1999, lo asociaron en la época como un espía de Nicolás Maduro.

SEMANA conoció que estas decisiones contra los dos extranjeros podrían empujar a casi 200 polémicos venezolanos que hoy no pueden ingresar a territorio colombiano.

Entre ellos está el presidente Nicolás Maduro; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Adán Coromoto Chávez Frías, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano del expresidente Hugo Chávez. Lo mismo que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, Alberto Mirtirisno Bermúdez y Alexánder José Velásquez.

El listado es largo y también incluye a la exgobernadora de Barinas, Argenis Chávez; la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Adela Flórez de Maduro; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Iván Hernández Dala; el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, José Adelino Ornelas.

Igualmente, Julio Chávez, quien, según el documento de Migración Colombia, integra la Comisión para la Consolidación de la Democracia Participativa; Bladimir Humberto Lugo Armas, excomandante de la Unidad Especial del Palacio Legislativo; Blanca Rosa Eekhout Gómez, exministra de Comunas y Movimientos Sociales; Calixto Antonio Ortega Ríos, exmagistrado de la Sala Constitucional; Carlos Alberto Rotandoro, exdirector del Instituto Venezolano de la Seguridad Social; Carlos Augusto Leal, comandante de la Milicia Bolivariana.

Otras de los venezolanos que no pueden ingresar, al menos por ahora, a Colombia son la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Oblitas; el ex gobernador del Estado de Sucre, Edwin Rojas; y los exmagistrados Barbara Gabriela César, Calixto Antonio Ortega, Danilo Antonio Mojica, Édgar Gavidia Rodríguez, Eulalia Coromoto, Fanny Márquez Cordero, Francia Coello, Francisco Ramón Velásquez, entre otros.

En el listado también aparece el exembajador ante la OEA, Samuel Moncada, además de exministros, y exdiputados de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Las recientes decisiones en favor de los extranjeros expulsados de Colombia llevó a la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, a presentar un derecho de petición a Migración Colombia donde hizo varias preguntas, entre ellas, “¿cuál es el criterio de orden político y legal del actual gobierno para dar aplicación a las expulsiones discrecionales en el país?, ¿cuál fue el fundamento de seguridad, y de orden político para revocar el acto administrativo de expulsión de Carlos Pino?, ¿se prevén mas revocatorias de actos administrativos de expulsión?”.

También interrogó “¿si ha cambiado el análisis de riesgo de la DNI sobre el caso Carlos Pino?, ¿el gobierno esta preparado para recibir una gran cantidad de solicitudes de revocatorias de expulsiones discrecionales presentadas en virtud del precedente creado?, ¿cuál será la conducta del estado si estos ciudadanos al volver al país cometen delitos o atentan contra la seguridad nacional?, ¿tiene el estado un análisis de riesgo jurídico para afrontar futuras demandas por estas revocatorias?, ¿se volverá a aplicar la expulsión discrecional en futuros casos?, entre otras.