Atención: Comisión de Expertos de la Creg le respondió a Petro su anuncio de retomar administración de servicios públicos

La Comisión de Expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emitió un comunicado en el que le contestó al presidente Gustavo Petro, luego del anuncio del mandatario en el que dijo que retomará la administración de los servicios públicos en el país.

Reclaman que la ley ha establecido que se trata de una comisión independiente al Gobierno. “Los organismos reguladores deben tener la naturaleza independiente para asegurar que sus decisiones sean objetivas, imparciales, consistentes y técnicas”, afirmaron. Señalan que eso permite que haya objetividad, neutralidad y transparencia por parte del Estado.

“La independencia del regulador asegura que, a través del ejercicio de sus funciones, el Estado logre que los agentes regulados adapten su conducta a los fines constitucionales y legales de respeto por la libertad económica y la empresa”, aseguraron.

Insisten en que los principios constitucionales y legales de la regulación de los precios de los servicios públicos en el país se ejercen a través de la articulación e independencia insitucional entre los distintos sectores reguladores y entes de vigilancia que existen en la rama ejecutiva.

Desde el Comité de Expertos de la Creg afirman que son respetuosos de la Constitución y la institucionalidad del país y por eso están cumpliendo las acciones que le han sido asignadas. “El Gobierno nacional participa de la Comisión toda vez que se encuentra presidida por el Ministerio de Minas y Energía y tienen asiento el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, afirmó el director de la comisión José Fernando Prada.

Desde la Comisión reclaman que previamente el Congreso ya ha expedido varias leyes que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, particularmente el servicio de electricidad. “La ley 142 de 1994, en su artículo 69, creó las comisiones de regulación como unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, y adscritas al respectivo ministerio”, aseguran.

Por otra parte, mencionan que otra ley de 1994 estableció el régimen para los servicios de electricidad y las distintas responsabilidades de los actores. Aseguran que en el caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas cumple las veces de la Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas, sin la existencia de una delegación del presidente de la República.

Señalan que esas leyes le asignaron a la Comisión la función de regular el servicio de la electricidad, además de definir la metodología para el cálculo de las tarifas de energía y su aprobación; y crear condiciones para garantizar la disponibilidad de la oferta energética eficiente.

“Capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia; igualmente, establecer el reglamento de operación para realizar la planeación y coordinación de la operación del sistema interconectado nacional, entre otros”, aseguran desde la Comisión de Expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

La polémica se generó luego del anuncio del presidente Gustavo Petro de regular y controlar los precios de los servicios públicos. El mandatario afirmó que administrará y controlará la eficiencia de los servicios públicos.

“¿Y eso qué significa?, que el presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración de servicio públicos domiciliaros que son el agua, la luz”, afirmó Petro.

Eso generó una oleada de críticas desde distintos sectores políticos, especialmente desde la oposición, sin embargo, el mandatario se ha mantenido firme en su posición.

“Como va a ser un error histórico asumir mis competencias constitucionales. La constitución del 91 le entregó al presidente la facultad de construir las políticas generales de los servicios públicos, y la ley estableció que el mayor derecho a proteger era el de las y los usuarios”, aseguró el presidente de la República.