Atención: esta es la reforma a la educación que presentará Gustavo Petro al Congreso y que ya genera polémica

Media hora antes de que la ministra de Educación, Aurora Vergara, presente oficialmente al Congreso la nueva reforma a la educación, SEMANA conoció su contenido.

Uno de los textos que entregará la alta funcionaria a la Cámara tiene 15 páginas, deja claro que es una ley estatutaria y se titula: “por medio del cual se regula el derecho fundamental de la educación en todos sus niveles”.

Plantea la educación como un derecho fundamental en la educación inicial.

“La educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia es un derecho fundamental de las niñas y de los niños menores de seis años. El Estado garantizará de forma progresiva los dos ciclos de la educación inicial contemplando esquemas de financiación y cofinanciación entre la Nación y el territorio”, se lee.

Una de las novedades es que el primer ciclo de formación comprenderá desde el nacimiento hasta cumplir los 3 años. Actualmente inicia a los 3 años. “El segundo comprenderá desde los 3 años hasta antes de cumplir los 6 en los grados de prejardín, jardín y transición”, dice el proyecto.

Además, plantea en un parágrafo “que entre los 0 y 3 años de edad, en el marco de la atención integral, la educación inicial se basará en las actividades de juego y exploración en el hogar, la escuela y el espacio público, deberá llegar a todos los niños y niñas para garantizar el desarrollo pleno de capacidades que le acompañarán a lo largo de la vida”.

Adicionalmente, habla del derecho fundamental a la educación media y en un parágrafo especifica “que la articulación (con la educación superior), puede suceder después del grado de bachiller e incluir el grado duodécimo (12) y décimo tercero (13) en las escuelas normales superiores y en otras instituciones de educación posmedia”.

Igualmente, habla del derecho fundamental a la educación superior. “Comprende el acceso, permanencia y graduación de las personas en los programas de nivel técnico profesional, normalista superior, tecnológico y universitario”.

El Estado —según el documento— “garantizará en forma progresiva el derecho fundamental a la educación superior de acuerdo con la regulación para este nivel, reconociendo además las cualificaciones y saberes. Las escuelas normales superiores tendrán un régimen especial que se expedirá con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.

También, tiene un capítulo especial llamado “equidad social y territorial”. Propone que el Estado y todas sus autoridades en todos los niveles promoverá las condiciones necesarias para el cierre de brechas de forma real y efectiva.

Y plantea algunas medidas: “La financiación de la educación se realizará de forma equitativa con criterios diferenciales para el cierre de brechas y/o desigualdades”.

Promete “adaptar el sistema educativo en situaciones de emergencia para lograr su superación a la mayor brevedad posible”. Y dice que las instituciones de educación priorizarán actividades de investigación y extensión para la mejora de los niveles de educación y la solución pronta de la problemática social en las diferentes regiones y, en particular, en los sectores históricamente discriminados.

Plantea el derecho fundamental a la educación campesina y rural y el derecho fundamental a la educación para jóvenes, adultos y personas mayores.

Frente a este último, dice “que para erradicar el analfabetismo y asegurar oportunidades educativas, el Estado, los establecimientos educativos, las instituciones de educación y demás procesos educativos procurarán disponer de las herramientas indispensables por ciclos, niveles y modalidades para atender de manera particular y con los ajustes razonables que sean pertinentes, las necesidades y potencialidades de todas las personas que, por diversas circunstancias, no cursaron los niveles del sistema de educación”.

En otros capítulos habla del derecho a la educación de las víctimas del conflicto armado, el derecho fundamental a la educación para las personas privadas de la libertad, el derecho a los pueblos étnicos a participar en el diseño de sistemas educativos propios y el derecho a la educación para personas con discapacidad.

El proyecto de ley tiene un espacio para la formación ciudadana y para la paz. Según su contenido, “involucrará la comprensión de los impactos de la violencia, en particular, la perspectiva de las víctimas; entender la historia reciente de la nación y sus territorios, y construir la ética de la verdad, la justicia restaurativa y un aprendizaje que contribuya a la no repetición”.

El texto contempla facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro por el término de seis meses para que expida normas con fuerza de ley que establezcan las fuentes, esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, las rutas de articulación entre la educación media y posmedia y el régimen especial de las escuelas normales superiores.