Los ministros de Interior, Justicia, Defensa y el director del Dapre decidirán quiénes de la primera línea, que están presos, quedarán libres. Aquí está el decreto presidencial

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2422, el pasado 9 de diciembre, que permitirá la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro.

SEMANA conoció el decreto que estable la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.

Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el decreto.

Dicha comisión deberá expedir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Así mismo, la comisión le recomendará al presidente Petro la continuidad o la exclusión del vocero, de acuerdo a una evaluación y monitoreo del cumplimiento de sus obligaciones que hará la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La comisión deberá reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez trimestralmente y podrá hacerlo de forma extraordinaria por pedido de alguno de sus integrantes. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los asistentes. La secretaría técnica de la comisión estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El decreto fue firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la viceministra de Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán; y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.

Alerta entre jueces y fiscales: la cúpula de la justicia le hace graves advertencias al presidente Gustavo Petro, quien quiere liberar a los integrantes de la primera línea. No se puede

La propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar antes de Navidad a centenares de integrantes de la primera línea que están presos se podría estrellar con una barrera legal. Los detenidos enfrentan graves cargos por delitos como tortura, concierto para delinquir, lesiones personales y terrorismo, entre otros. De hecho, nueve de ellos ya fueron condenados por jueces que valoraron todo tipo de pruebas en su contra.

En diálogo con SEMANA, la procuradora Margarita Cabello, el fiscal general, Francisco Barbosa, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtieron sobre los serios riesgos de la propuesta presidencial.

Todos coinciden en señalar que no se puede liberar a estos procesados. No reúnen las condiciones que fija la ley para los gestores de paz, ya que no forman parte de un grupo armado organizado al margen de la ley y no están inmersos en un proceso de paz con el Gobierno, como es el caso del ELN. Se trata de delincuentes comunes que están única y exclusivamente a disposición de los jueces.

Por eso, la propuesta de Petro ha desatado una verdadera tormenta en el mundo judicial. El fiscal general señaló: “Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz. El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”.

Barbosa, en ese sentido, agregó que su despacho “no tiene conocimiento del decreto que reglamenta la figura del gestor de paz en Colombia y las condiciones en que se implementará”.

“Hasta tanto se siga aplicando la legislación establecida en el Código de Procedimiento Penal, que determina que para revocar una medida de aseguramiento privativa de la libertad deben desaparecer los fines que dieron lugar a la misma, esto es peligroso para la comunidad, peligroso para la víctima y un riesgo de obstrucción a la justicia”, advirtió el fiscal general.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello fue enfática: “Corresponde a los jueces decidir sobre la privación legal de la libertad y, asimismo, sobre la liberación de los detenidos y condenados en todos los casos. La reserva judicial supone una competencia inderogable en una democracia constitucional con división de poderes y ello impide que se diluyan las competencias. El Gobierno no es competente para ordenar libertades y menos para generalizar siquiera la situación jurídica, en particular, de quienes han surtido una ruta judicial cuya legalidad se presume y en la cual los recursos y las acciones constitucionales son la vía para asegurar derechos y garantías”.

Sobre el plan del presidente de nombrar gestores y reconocer voceros en el marco de la paz total, la procuradora, quien en el pasado fue ministra de Justicia y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dijo: “El Gobierno sí puede nombrar gestores, reconocer voceros y dialogar con actores sociales en torno a procesos que atiendan propósitos de paz sin necesidad de autorización judicial. Pero sin que ello suponga tampoco la liberación automática o directa de los designados que se encuentren presos, porque este sí es un trámite diferente que supone una valoración individual, normativa y de validación de los factores que designa la ley y el estatus del privado de la libertad”.

Tal vez uno de los puntos que más controversia generó de las declaraciones del presidente fue cuando dijo que se trataba de manifestantes y cuestionó las imputaciones. Petro los llamó “líderes juveniles sociales que solo se expresaban” y agregó que “tienen el derecho de pasar la Navidad con sus familias”. El anuncio de Petro fue hecho en Pasto, hace una semana, y hasta ahora se desconocen por completo los detalles, las normas y los argumentos jurídicos que permitirían que los integrantes de la primera línea queden libres de un día para otro.

Contrario al presidente, otra cosa piensa el fiscal Barbosa. “Las imputaciones y las acusaciones se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas. Aquí nos enfrentamos a delincuentes, no a manifestantes. Aquí los únicos que merecen pasar una buena Navidad son los ciudadanos que han cumplido la ley. Además, hay una situación de zozobra, ellos no se han comprometido con las víctimas ni con la sociedad. Las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otra rama del poder público”, agregó Barbosa.

Por lo tanto, según la cabeza de la Fiscalía, “no es posible ni amnistiar ni indultar a ninguna persona que ha cometido delitos comunes. Los gestores de paz se dan en el marco de organizaciones criminales, y esos grupos lo que hicieron fue desestabilizar las protestas pacíficas del año pasado”.

La procuradora Cabello concordó en ese sentido con Barbosa y se desmarcó del planteamiento del presidente Petro. “Los integrantes de la primera línea que están enfrentando un proceso penal es porque fueron partícipes de hechos de violencia que tienen repercusión penal y deben ser investigados por la justicia. La primera línea no tiene definición jurídica. La Ley 2272 es para aquellos que tienen que ver con grupos armados ilegales. Una cosa son ellos, pero otra los que cometieron delitos en el marco de las protestas”, explicó la procuradora.

Según cifras conocidas por SEMANA, tras las protestas del año pasado 171 personas fueron imputadas por hechos delictivos que habrían cometido en medio del violento paro. De ese total, 160 ya tienen escrito de acusación en su contra. De hecho, en menos de dos años hay nueve sentencias condenatorias en primera instancia. Ese es el caso del temible alias 19, quien sembró el terror en el Portal de las Américas, en el suroccidente de Bogotá. Terminó condenado por un juez a 14 años de cárcel por los delitos de tortura y concierto para delinquir. Además, amenazó al juez que lo condenó en medio de la audiencia.

El arsenal de pruebas que han presentado los fiscales en las audiencias ha sido demoledor. Líneas interceptadas, registros videográficos, evidencias técnicas, horas de análisis de cámaras, uso de antenas para determinar la presencia de los indiciados en el lugar de los hechos, entre otras, les han permitido a los jueces dictar las primeras condenas.

SEMANA conoció que los nueve condenados son Fernando Urrea Martínez, Johan Sebastián Popayán González, Johan Stiven Sainea Rubio, Laura Sofía Bermúdez Galán, Marcela Ivone Rodríguez Parra, Nelson David Villamil Tolosa, Sergio Andrés Pastor González (alias 19), Yeison José Alcázar Borja y Yonatan Jair Ramírez Carrillo. Aunque a todos no les imputaron los mismos delitos, en esos nueve casos los jueces los hallaron culpables de concierto para delinquir; tortura; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; violencia contra servidor público; lesiones personales y perturbación en transporte colectivo u oficial.

Los hechos que fueron objeto de las primeras nueve condenas a integrantes de la primera línea ocurrieron en mayo de 2021.

SEMANA conoció detalles de dichas condenas. Por ejemplo, se probó la existencia de “una organización criminal conformada desde el 28 de abril hasta julio de 2021, en el marco de las protestas sociales desarrolladas en el territorio nacional, liderada por Marcela Ivone Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio, Fernando Urrea Martínez y Sergio Andrés Pastor González (alias 19), asentados en varios sitios de las localidades de Kennedy y Bosa, en campamentos improvisados, especialmente en el Portal Américas”.

Según documentos oficiales conocidos por esta revisa, desde allí “se dedicaban a recolectar, almacenar y elaborar diferentes elementos para atentar contra la integridad de miembros de la fuerza pública y de la comunidad en general, como lo son botellas, líquidos inflamables, sustancias químicas y corrosivas, pólvora para elaborar bombas incendiarias o molotov”.

Dichas personas, según se probó en el juicio, “conjuntamente abordaron de forma violenta a dos ciudadanos, uno de ellos, Luis Miguel Jaramillo Arias, bajo la sospecha de que se trataba de un integrante de la Policía Nacional, a quien condujeron hasta el interior del campamento ubicado en el parque, le hurtaron sus pertenencias, le quitaron su pantalón, le amarraron los pies y manos con unas cuerdas, lo ataron a un poste y durante dos horas le infligieron dolores físicos y psicológicos, con palos y maderas, punciones con arma blanca, lo cubrieron de pintura, lo rociaron con gasolina, amenazándolo con quemarlo vivo para obtener información acerca de la institución policial; gracias a la intermediación de otro grupo, este ciudadano fue liberado”.

Entre las acciones criminales de la primera línea que son investigadas hay hechos como el ocurrido con Camilo Vélez Martínez, un ingeniero que luego de una jornada de trabajo estuvo a centímetros de terminar decapitado cuando atravesaron un cable en una vía para exigirles a los conductores la vacuna ―para ellos peaje― que no era más que una extorsión para permitirles el paso. Vélez creyó que acelerando su moto podría escapar de los criminales, pero su cuello se enredó en el alambre y falleció por una herida mortal.

También murieron tres bebés que eran transportados en ambulancias en Buenaventura y Tocancipá, Cundinamarca, ya que no les permitieron su paso en medio de los bloqueos de la primera línea.

El país se estremeció, además, con las imágenes del CAI de La Aurora, en Usme, en el sur de Bogotá, que querían quemar con los policías adentro. O con las imágenes del Palacio de Justicia de Tuluá en llamas, así como la sede de Medicina Legal en Popayán. Asimismo, le prendieron fuego al tradicional hotel La Luna, en Cali. Tampoco será fácil de olvidar el agente del CTI que terminó asesinado en el pavimento en medio de la confusión en la capital del Valle del Cauca. El video es escabroso.

Uno de los casos trágicos fue la tortura y el asesinato del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, cuyo cuerpo apareció flotando en las aguas del río Cauca, en mayo de 2021. Entre otras cosas, integrantes de la primera línea, aliados con grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las Farc, terminaron secuestrando a Cali durante varias semanas, impidiendo el paso de alimentos y medicinas. Nadie daba crédito al ver cómo la tercera ciudad del país quedaba sitiada por unos delincuentes. Incluso allí planearon hacerle una gran asonada y literalmente secuestrar al entonces presidente Iván Duque para tratar de sacarlo del poder. La situación fue tan crítica que el mandatario, fuertemente escoltado, tuvo que aterrizar en Cali de madrugada.

Sobre la relación con el ELN y las disidencias de las Farc, entre las pruebas están correos electrónicos encontrados en computadores de los abatidos excomandantes del Frente de Guerra Occidental del ELN, Andrés Felipe Vanegas, alias Uriel, y de Ogli Ángel Padilla, alias Fabián. Ahí estaba la orden, directamente del Coce: “Infiltrar la primera línea”.

En uno de estos correos, enviado en junio de 2021, el Coce da instrucciones a la dirección nacional y a los frentes de guerra. “El bloqueo sirve para afectar la economía del país y el funcionamiento del capitalismo (...) en cuanto a insurgencia popular, teníamos algo resuelto para los acumulados rurales, hoy en la ciudad se resuelve con la primera línea. La militancia debe estar en esta y en las ciudades donde no existan, llevarlas. La construcción tiene que ir con la visión de sus especialidades: salud, defensa, logística, comunicaciones y derechos humanos”.

En los correos en poder de SEMANA, hablan de la necesidad de dotar a estos grupos para enfrentar a la fuerza pública. “La práctica militar de masas tiene elementos para hacer una sistematización y hay un kit (sic) de primera línea, con máscaras, cascos, etc. Hay que avanzar rápidamente en una primera racionalización”.

En otra de las contundentes pruebas aparece alias Argiro o alias Santiago, quien entrega recursos a la primera línea, y hay evidencia de que desde los campamentos del ELN salieron tulas y cajas de cartón con más de 300 millones de pesos en efectivo a finales de 2021 y principios de 2022.

“Bueno, Argiro me resolvió lo del dinero 50 (millones), pero me dijo que me enviaba 23 (millones) más para aportar a las primeras líneas. Necesito que me desenreden bien la pita porque Clara me dice que Madi está reclamando el efectivo del carro, para yo saber bien con qué cuento para ese apoyo y para lo que ya te dije de la reactivación de las cuentas del CU (cuentas urbanas)”, se escucha en audios de los mismos miembros de la primera línea, que hoy son las evidencias en su contra.

Y hay más pruebas. En la primera reunión de la Asamblea Nacional Popular, en Bosa, en junio de 2021, queda clara la llegada del ELN con un documento que señalaba: “En la mesa programática se plantean dos posiciones: la primera considera necesario una reforma a la estructura de la Policía y, la segunda, que la primera línea actúe de forma similar a la guardia indígena. La primera línea debe ser fortalecida y llenada de contenido político”.

No se trató de simples intenciones de infiltrar las protestas. Efectivamente lo hicieron. Un joven capturado que decidió colaborar con la justicia contó de qué forma: “Antes de las manifestaciones nos hacían inteligencia, nos ubicaban y nos llegaban de una con comida, vicio, trago y plata. Nos decían que eso era parte del apoyo que enviaban los compañeros que estaban luchando en el monte”.

La Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, quien hoy hace fila en la paz total, también infiltró las protestas. Jefes de la primera línea llegaron hasta sus campamentos en el estado de Apure, Venezuela, donde recibieron instrucciones, dinero y hasta enviaron cartas firmadas por Márquez, en las que los alentaban a continuar delinquiendo.

Información de inteligencia advirtió que desde Venezuela enviaron 160.000 dólares para financiar actos terroristas. Con rastreos, grabaciones de comunicaciones de la red urbana de las disidencias, archivos de computadores e infiltraciones de agentes encubiertos se logró la captura del emisario de Márquez, Leonardo Díaz, alias Richard, a quien le asignaron la misión de ejecutar el plan criminal en Cali.

Con él fueron capturados David Bernal, alias Alejandro; Yidwar Mondragón, alias el Negro; Yovani Jojoa, alias Chepe; Nivel Vallejo, alias Nene; Anyi Vallejo, alias Anyi; y Edwar Ramírez, alias Edwar. Varios son disidentes del proceso de paz encargados de la “coordinación de masas”, aprovisionamiento de armas, manejo de explosivos y estructuras delincuenciales, entrega de dinero en efectivo, logística y transporte.

La directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luisa Obando, defendió la calidad de las imputaciones. “Para la Fiscalía no existe una sola imputación ideológica, nuestra imputación es fáctica y jurídica de acuerdo con la evidencia física que se recolectó. La única forma es que se busque la nulidad de las imputaciones y, hasta ahora, solo en un caso fue solicitada, pero negada”.

Por eso, el fiscal Barbosa señaló que respalda “plenamente la labor de los jueces”. “Son ellos quienes han definido las libertades conforme a las solicitudes investigativas de la Fiscalía. Concuerdo con lo señalado por el presidente del Tribunal Superior de Bogotá y con las posiciones que han sostenido siempre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional”, agregó Barbosa.

La procuradora Cabello, frente a la propuesta del presidente Petro, dijo que “aceptar que la primera línea es un grupo armado ilegal es un tema que está por verse. No se sabe si se puede llamar como grupo organizado al margen de la ley”.

De hecho, cuando surgió la primera línea, sus integrantes se preocuparon por iniciar una campaña en la cual aseguraban que no tenían una sola cabeza ni control de mando. Tampoco había un solo vocero y, por tanto, cada grupo era autónomo e independiente. Esto le ha servido a la justicia para procesar a los detenidos como delincuentes comunes, no pertenecientes a una organización criminal al margen de la ley.

“El proceso judicial goza de garantías constitucionales que, per se, suponen que tiene controles judiciales. Está protegido por el debido proceso, que incluye el derecho a la defensa, a la contradicción, a la publicidad y a controvertir las decisiones con todos los recursos. No es el Gobierno a quien le corresponde valorar los actos judiciales. Sus actuaciones están llenas de todas las garantías”, agregó la procuradora. Según ella, “las opiniones del señor presidente se respetan, pero no alcanzan a definir las imputaciones; eso significa independencia de poderes”.

“La Ley 2272 trata en su contenido de darle una autorización al presidente para lograr la paz total. Pero eso no significa que pueda tomar esa ley para decir que va a nombrar como vocero a quien él quiera. Son personas que están procesadas judicialmente ante la autoridad correspondiente. Tendría que determinar bien cada caso y justificarlo, así como tener la autorización del grupo que está siendo parte de los diálogos de paz”, añadió la procuradora.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también lanzó una alerta frente al plan del Gobierno. Dijo que la iniciativa podría poner en riesgo “los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, toda vez que no se advierte que esta decisión política esté acompañada de las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y la protección a las víctimas y a la sociedad”.

“Si bien la Defensoría del Pueblo está presta a brindar oportunidades sociales y jurídicas a la juventud colombiana, hace un llamado a que las propuestas e iniciativas observen las garantías fundamentales de las víctimas y, ante todo, se mantenga el equilibrio e independencia de las ramas del poder público como principios rectores del Estado social de derecho”, agregó Camargo.

SEMANA conoció que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, también tiene serios reparos frente a la posibilidad de que los integrantes de la primera línea que están presos queden libres, como lo anunció Petro.

Aunque todavía no es público el documento final que permitiría hacer efectiva la libertad de los detenidos, el presidente deberá ser cuidadoso para evitar que con su decisión quede lesionada la autonomía de la justicia en Colombia. En una democracia, los jueces son independientes y sus decisiones deben ser respetadas. Cualquier acción en contra puede convertirse en un peligroso precedente de intromisión del Ejecutivo en la Rama Judicial. Esto, sin contar con la impunidad y la burla hacia las víctimas, lo que, sin duda, en nada contribuye a la paz total.

La justicia escandalizada: si el presidente Gustavo Petro deja libres a integrantes de la primera línea de un plumazo habrá “intromisión indebida en los procesos” y será “ilegal”.

Como un baldado de agua fría fue recibida la propuesta del presidente Gustavo Petro de ordenar la libertad inmediata de los integrantes de la primera línea, que fueron detenidos por cometer graves delitos en medio del paro nacional. La promesa de campaña del mandatario no la pudo lograr con el trámite de una ley en el Congreso y estaban presos por decisiones de los jueces amparadas en contundentes pruebas, sin embargo, decidió pasar por encima esas negativas y, de un plumazo, devolverlos a las calles.

La fórmula fue convertirlos de la noche a la mañana de peligrosos delincuentes a gestores de paz, aunque un informe de la Fiscalía General reveló que 171 integrantes de estos grupos, que lideraron las violentas jornadas de protesta y promovieron los ataques contra agentes de la fuerza pública e infraestructura, han sido imputados por graves delitos como terrorismo, secuestro, homicidio, violencia contra servidor público, tráfico de drogas, lanzamiento de sustancias peligrosas y daño en bien ajeno, entre muchos otros.

SEMANA consultó expertos, fiscales, exmagistrados, organizaciones de veeduría a la justicia para conocer las implicaciones y puntos de vista sobre esta propuesta. El director de la Corporación Excelencia por la Justicia, Hernando Herrera, la calificó como una “intromisión indebida en los procesos judiciales”, asegurando que se comete un gran error al poner en tela de juicio las actuaciones adelantadas por la Policía, la Fiscalía y los jueces de control de garantías al identificar, capturar y cobijar con medidas privativas de la libertad a aquellos que promovieron el caos y la destrucción durante las protestas.

“Es un absoluto desacierto la decisión de dejar en libertad a estas personas, envía un mensaje negativo a toda la sociedad, afectando así gravemente el respeto a la institucionalidad. Cuando un Estado deja que se deteriore la Rama Judicial está haciendo un llamado a la anarquía y al caos”, afirmó Herrera.

Herrera Mercado sostuvo que el hecho de que personas condenadas como Sergio Andrés Pastor González, alias 19, o los que le han dado la espalda a varios procesos de dejación de armas, como Iván Márquez, puedan ser gestores de paz representa una bofetada a las víctimas.

A la larga, la decisión de pasarse por la faja las decisiones deberían general alguna reacción de la cúpula de la justicia, pero las cortes han guardado silencio. No obstante, el exmagistrado de las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, Nilson Pinilla, aseguró que el derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución Política y debe ser respetado, sin embargo, no se puede atacar otros como el derecho a la movilización, a trasladarse de un lugar a otro, ir al trabajo o acudir a atender a labores médicas.

Sobre los integrantes de la primera línea, Pinilla es claro en advertir que no pueden seguir desbordando el derecho a la protesta. “Cuando hay daño en bien ajeno, lesiones personales a la ciudadanía, frente a lo cual hay que responder ante las autoridades, esos son delitos. Los jueces tienen que resolver, pero no la rama ejecutiva. Se tiene que respetar la labor de la rama judicial, no debe haber interferencias externas. Esto es asunto de la rama judicial, y el Estado debe preservar la tranquilidad ciudadana”, dijo.

El abogado penalista Francisco Bernate calificó la propuesta como “inconveniente e ilegal”. Históricamente, la figura de los gestores de paz se ha aplicado para aquellos integrantes de grupos armados ilegales que cumplen unas características y han sido reconocidos por el Gobierno.

“En este caso, la primera línea no tiene mando territorial unificado, ni un mando uniforme”. El gran vacío de esta propuesta es calificar a todo integrante de estos grupos como calificándolos como integrantes de una estructura ilegal. “En este caso, quienes decidieron trasgredir la ley fueron la excepción a la regla general”.

Para el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el Gobierno, “al ordenar estas liberaciones masivas en los próximos días está olvidando por completo las funciones que tienen los jueces de la República, quienes son los que deben revisar las condiciones para otorgar libertades. No dudo en decir que lo que está ante nuestros ojos es una manifiesta ilegalidad”.

Frente a la gran pregunta sobre la impunidad que generaría esta decisión, el abogado penalista Juan Francisco Navarrete reconoce que no existe una garantía clara que estas personas se presenten nuevamente ante las autoridades para que sigan respondiendo en los procesos. “No existe un mecanismo que pueda garantizar la comparecencia de estas personas en oportunidad posterior de resultar adversas las decisiones judiciales”, explicó.

“Pareciera que se está premiando y reconociendo una entidad o fuero especial y privilegiado de acuerdo con la conducta más gravosa, en otras palabras, que entre más grave la conducta más fácil acceder a los beneficios”, dijo el penalista Navarrete.

El constitucionalista Juan Manuel Charry aseveró que la propuesta, además de indebida, es totalmente “desproporcionada e irrazonable, afecta gravemente la eficacia en la administración de justicia y se obvian por completo los principios legales y constitucionales frente a la figura de un gestor de paz. La política de paz total no debe transformarse en interferencias indebidas a la Rama Judicial, para otorgar otros privilegios a bases ni simpatizantes políticos”.

El exfiscal General, Mario Iguarán, también dio su punto de vista, sostuvo que la excarcelación masiva “jurídicamente sí es viable, puesto que se aplica la ley 2272 de 2020, conocida como la búsqueda de convivencia y paz, que le permite al Presidente pedir las libertades de las personas a las que él considere pueden aportar a ponerle un punto final al conflicto armado o a un enfrentamiento”.

En su interpretación de la ley, el exjefe del ente investigador sostuvo que nunca se dice que debe ser un grupo armado ilegal o subversivo, sino que se le da la posibilidad al jefe de Estado que determine quién puede tener este calificativo y así pedir que se suspendan las órdenes de captura o las medidas de aseguramiento vigentes que existen en su contra.

“No es un indulto ni una amnistía”, precisó. La ley es clara cuando señala que estas personas deben seguir respondiendo en sus procesos penales, puesto que nunca se avala la suspensión de los mismos. “No sería extraño que un gestor de paz que sea condenado en los próximos días pida la suspensión de la ejecución de la pena”, advirtió.

Voces a favor

Estas posiciones contrastan con la del presidente de Asonal Nacional Judicial, Freddy Machado, quien consideró que siempre serán bienvenidas las “segundas oportunidades” para los jóvenes. Este tipo de acciones, de dejarlos en libertad, podría llevarlos a que “cambien su visión frente a la institucionalidad”. Recordó que no sería la primera vez que un jefe de Estado tome una decisión así para comenzar o fortalecer un proceso de paz.

Para el presidente del considerado sindicato más grande de funcionarios y empleados de la Rama Judicial “no es tan grave” la búsqueda de una excarcelación masiva para alcanzar uno de los más nobles objetivos. “La búsqueda para la paz podría justificarlo, especialmente cuando son los jóvenes los que no encuentran espacios en esta sociedad”.

Por su parte, Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, celebró el anuncio de la libertad de los jóvenes de la primera línea. “Se corrige una injusticia social, pues se detuvieron a personas que estaban manifestando su derecho a la protesta”. Por esto, no dudo en calificar como un “montaje judicial” muchos de los operativos que terminaron la detención de estas personas.

Ortegón aseguró que se afectó uno de los principios constitucionales más importantes en Colombia como es la libertad. “No se trata de impunidad”, aseguró el presidente del colectivo, José Alvear Restrepo, al manifestar que acá no existe ningún tipo de indulto o la búsqueda de una impunidad generalizada. “Van a cumplir una labor social, aportando al proyecto de la paz total”.

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, señaló que la Constitución Política promulga en su artículo 29 la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que se emita un fallo condenatorio por parte de un juez de la República. “Alguien que no ha sido condenado no puede ser tratado como un delincuente”.

El exmagistrado, quien se caracterizó durante su período por su posición conservadora, ha advertido frente a otros debates que Colombia es un Estado Social de Derecho y, por lo tanto, nadie está por encima de la Constitución ni de la ley.