Atención: estos son los cambios en el texto que se discutirá en el Congreso para la prórroga y modificación de la ley de orden público

Luego de algunas semanas de reuniones y análisis entre los ponentes de Senado y Cámara del proyecto que prorroga y modifica la Ley 418 o de orden público, finalmente ya existe una ponencia prácticamente definida y que sería radicada este viernes para comenzar la discusión y votación la próxima semana.

La iniciativa es parte del propósito de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual ha recibido críticas de diferentes fuerzas políticas por la abundancia de anuncios de sectores oficiales y la falta de precisión en textos como, por ejemplo, esta norma.

Según lo conocido hasta el momento, la paz total tiene dos vías que serían diferentes. Por un lado, está la reactivación del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), roto tras los ataques de ese grupo armado ilegal a la Escuela de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, y en el que hubo 22 personas muertas.

Y la otra vía sería la creación de una política de sometimiento -o acogimiento, como lo han venido manifestado fuentes oficiales en las últimas semanas- de las bandas dedicadas al narcotráfico.

En este sentido, SEMANA supo que el proyecto de ley que fija el procedimiento para este sometimiento a la justicia ordinaria no se presentaría por el momento y que sigue en consultas con sectores como el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, entre otros. El borrador de esta iniciativa se filtró hace algunas semanas y se conocieron algunos detalles de lo propuesto.

En cuanto a la primera iniciativa legislativa, la que extiende y modifica algunos puntos de la Ley 418 o de orden público, fue presentada el pasado 30 de agosto. La norma le permite al Ejecutivo de turno el manejo del orden público en el país y por eso, en todos los gobiernos, se hace necesaria la extensión de su vigencia.

En este caso, esta ley también se utilizaría para incorporar algunos puntos que sirvan para la realización de procesos de paz con grupos armados ilegales con origen político, como el ELN, por ejemplo, y además para el sometimiento a la justicia ordinaria de las bandas criminales.

Luego de su presentación, la iniciativa dejó varias dudas entre la opinión pública y diferentes sectores cuestionaron la falta de precisión en varios de sus artículos. Esta revista conoció detalles de la ponencia o texto con el que comenzará la discusión y votación de este proyecto y que apuntaría, en principio, a responder a estos reclamos.

Dentro de los puntos que se precisan está la diferenciación clara entre los procesos de negociación, que serían para grupos con origen político, y los de sometimiento a la justicia, que se aplicarían para las bandas delincuenciales. Esta claridad no estaba en el proyecto original que presentó el Gobierno nacional.

También se especifican algunas acciones dentro del establecimiento de la paz, como una política de Estado en Colombia, una propuesta que hizo el Ejecutivo al momento de radicar este proyecto.

Entre estas acciones está que se conmina a que los gobiernos cumplan con la implementación de los acuerdos alcanzados en procesos de paz, así estos pactos hayan sido alcanzados en administraciones anteriores. Para varios de los ponentes del proyecto, el expresidente Iván Duque no avanzó en el desarrollo de lo firmado con las Farc y con esta propuesta se quiere cerrar la puerta para que no suceda lo mismo en el futuro.

Otra acción que quedaría contemplada en esta norma sería la obligación para los gobiernos de continuar con proceso de paz que estén en curso y que hayan sido iniciados por sus antecesores. Esto significa que, por ejemplo, si los diálogos de paz con el ELN no han terminado cuando Petro salga del cargo, el gobierno siguiente estaría conminado a continuar con esas negociaciones, según la propuesta.

También se reitera claramente que no habría lugares de despeje, sino zonas de ubicación para integrantes de organizaciones ilegales que estén en un proceso con las autoridades, y que estas se habilitarían en un momento muy avanzado de esas negociaciones.

Y, adicionalmente, se propone que los procesos de paz en el futuro tengan un enfoque de género y étnico y que haya una centralidad en la situación de las víctimas de conflicto, tal y como sucedió con el acuerdo de paz alcanzado con las Farc.

La idea de esta iniciativa es que sea complementaria con la que se presentará en las próximas semanas para crear la ruta del sometimiento a la justicia de las bandas dedicadas al narcotráfico y cuyos detalles se conocieron hace algunos días con la filtración del borrador de esa propuesta.

Para la prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público, el Gobierno envió mensaje de urgencia, lo que significa que será tramitada por las comisiones primeras de Senado y Cámara de manera conjunta y que su paso por las plenarias de ambas corporaciones podrá hacerse de manera paralela.

Si los tiempos se cumplen, este viernes se radicaría la ponencia y la idea es que sea anunciada en las sesiones de las comisiones primeras del próximo martes para comenzar la discusión y votación del proyecto el miércoles de la próxima semana.