Atención: ¿habrá plata para cumplirles a los viejos con la promesa del bono pensional? Se encienden las alarmas por estas cifras

Se acaba el año y cada vez está más cerca 2025, que trae consigo la entrada en vigencia de casi la totalidad de la reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro. A ocho meses del arranque de las medidas aprobadas por el Congreso de la República, los avances en la implementación preocupan, ya sea por preparación administrativa, disponibilidad presupuestal o por la expedición de las decenas de decretos que requiere para reglamentarse.

Sumado a esto, los colombianos atraviesan momentos de incertidumbre en los que deben comenzar a organizar sus traslados y nuevos métodos de ahorro, mientras la Corte Constitucional revisa 40 demandas que podrían terminar en el hundimiento de algunos artículos o del texto completo.

Pero no solo los ciudadanos y expertos temen por los cabos sueltos de la reforma pensional. César Ferrari, superintendente financiero, encendió las alarmas frente a varios aspectos de la transición al nuevo sistema.

Dice que continuará la litigiosidad por pasarse de un fondo a otro por los beneficios de Colpensiones, pese a que se creó una ventana de dos años para que se puedan cambiar quienes ya pasaron la edad máxima para hacerlo (diez años antes de la edad de jubilación). Además, expresó preocupación porque el fondo público terminará con cerca de 23 millones de afiliados: “¿Tiene las condiciones suficientes para administrarlos?”.

Pero el comentario más alarmante provino de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien aceptó que la ley tiene “aspectos inconclusos”, entre ellos, el pilar solidario, que, según el funcionario, dependería de la “estabilidad en el empleo”. Si no hay dicha estabilidad, existe “el riesgo de que aumente el número de colombianos que no pueden pensionarse y van por la renta básica”. Dijo que esta podría pasar de 3 a 5 o 6 millones de beneficiarios.

SEMANA conoció documentos que probarían que ese riesgo pasa de latente a inminente, según cifras obtenidas por Piedad Correal, representante a la Cámara del Partido Liberal.

De acuerdo con la norma, está dirigido a personas sin capacidad laboral, discapacidad y adultos mayores en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, según la focalización del Gobierno. Dos informes del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mostrarían que el número de posibles beneficiarios desbordaría las capacidades del Gobierno.

El Dane le informó a la congresista que, de acuerdo con el más reciente informe de pobreza monetaria, existen 681.381 adultos mayores en pobreza extrema, 1.882.967 en condición de pobreza y 2.109.379 en vulnerabilidad, lo que suma una población elegible de 4.673.727 personas. También se debe tener en cuenta que, según la entidad estadística, la tasa de participación de la población con discapacidad en el mercado laboral fue de 23,5 por ciento.

Al mismo tiempo, el DPS informa que cuenta con un total de 1.727.334 cupos en el país para las transferencias de Colombia Mayor, de los cuales 1.631.089 son beneficiarios activos. De acuerdo con los parámetros de la reforma pensional, estos deben ser respetados e incluidos dentro del pilar solidario.

Si se suma la población que podría ser beneficiaria de la renta básica, daría más de 6 millones de personas, que ya sería el peor escenario previsible para el presidente de Colpensiones. “Me contestaron que eran alrededor de 6 millones de ciudadanos en esta circunstancia. Son muchos los que pueden meterse en vulnerabilidad y pobreza. Esto no tiene concepto de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda, por lo que la plata está en duda”, argumentó la parlamentaria.

Y agregó que quienes se consideren vulnerables van a pelear por su renta básica: “Una tutela puede reconocerles su derecho. Debió haber quedado solo extrema pobreza. No hay plata con qué pagarles a todos”.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, cree que no existen fuentes de recursos para poder suplir el pago de esa ayuda para dicha población: “El Gobierno ha tomado decisiones complejas, como haber asesinado al sector de hidrocarburos. Los impuestos del sector han disminuido drásticamente, como han disminuido los impuestos que paga el sector productivo, que lo tienen lapidado. Muchas de las promesas fantasiosas del presidente pueden terminar siendo incumplidas”.

Y le preocupa que los miedos de Dussán en términos de la caída del trabajo formal se materialicen por la reforma laboral, que en su concepto aumentará la informalidad en el país. “Por otro lado, el Gobierno ha sacado una reforma laboral que va a acabar con 240.000 empleos formales. Esto significa que la formalidad en el país va a caer. Cuando cae la formalidad, cae también la cotización al sistema pensional”, mencionó la senadora.

La responsabilidad de que esto funcione recae en los ministerios de Hacienda y Trabajo, dado que desde la Nación se deben proveer los recursos para estas transferencias del pilar solidario. “Es posible, siempre y cuando se trabaje desde ya en resolver los retos operativos y financieros que una operación de este tamaño puede implicar”, dijo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

A Colpensiones le falta capacidad

Otro gran problema que promete ser un palo en la rueda para la implementación de la reforma pensional es la falta de capacidad de Colpensiones para manejar más dinero y más afiliados, al pasar de 7 a 23 millones de cotizantes. Se sabe que el fondo público cuenta con procesos poco sistematizados, al manejar registros a través de tablas de Excel, así como información sensible de usuarios a través de WhatsApp.

“Cuando uno oye al presidente de Colpensiones, lo que uno encuentra es que él cree que esto es meterle mucha burocracia. Han sacado todo el componente técnico de la entidad, para reemplazarlo por cuotas políticas de los amigos del Pacto. Hoy en día, los regímenes pensionales usan sofisticadísimos sistemas de información, basados en plataformas informáticas que la entidad no tiene”, expuso Valencia, quien teme que se deba contratar a los fondos privados para normalizar la operación del fondo público.

Óscar Darío Pérez, representante del Centro Democrático, cree que estas falencias, incluida la posible incapacidad de Colpensiones de manejar más recursos y afiliados, podrían hacer caer la reforma por su propio peso.

“Si no se cae en la Corte Constitucional, que yo creo que se caerá por enormes vicios en el trámite, pienso que al ponerla en vigencia se van a dar contra un muro”, manifestó el congresista, quien cree que la principal intención del Gobierno radica en lograr beneficiarse electoralmente de cara a las presidenciales de 2026.

La reforma pensional genera serias dudas ocho meses antes de su entrada en vigencia. Una de las más grandes sería la asignación de recursos para los adultos mayores en condición de pobreza, una promesa de campaña de Gustavo Petro que, por lo pronto, parece que no podría cumplir y que le generaría nuevos dolores de cabeza.