Hernán Cadavid anunció acciones judiciales ante la decisión de Álvaro Leyva de no acatar la suspensión provisional de la Procuraduría

El canciller Álvaro Leyva decidió tomar el mismo camino del presidente Gustavo Petro y desconocer a la procuradora general, Margarita Cabello.

Lo hizo este jueves 1.° de febrero tras responder al organismo disciplinario que lo suspendió temporalmente durante tres meses del cargo para evitar que él, como jefe de la diplomacia en Colombia, interfiera en la licitación de pasaportes, un tema que se convirtió en un problema para Leyva desde que decidió atravesarse a Thomas Greg y dejarlo, como único proponente, sin el millonario contrato en la anterior licitación.

La defensa de Leyva, en una explosiva carta de 22 páginas, advirtió que la decisión disciplinaria debe ser revocada de inmediato.

Incluso, habla de falta de imparcialidad, objetividad y de riesgo a la seguridad del Estado.

Además, le pide a la procuradora general, Margarita Cabello, que contemple la posibilidad de declararse impedida en la investigación disciplinaria en contra del funcionario por las declaraciones que ella ha dado ante la opinión pública.

En uno de los apartes del recurso de 22 páginas, la defensa del canciller cuestiona la celeridad con la que se tomó la decisión de suspenderlo y emitir el llamado a juicio disciplinario por tres cargos que fueron considerados como “gravísimos”.

La decisión, sin duda, genera un choque de trenes entre la Casa de Nariño y la Procuraduría, una entidad que el presidente Gustavo Petro ha buscado eliminar desde que el exprocurador Alejandro Ordóñez lo destituyó para ejercer cargos públicos cuando fue alcalde de Bogotá tras el escándalo de las basuras.

Sobre el tema, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, recordó en sus redes sociales que ante el mal desempeño y mal llevado trámite de los pasaportes en Colombia, la Procuraduría decidió separar de su cargo a Leyva.

“Él, como si nada hubiese sucedido y creando un precedente gravísimo, ha decidido no aceptar la sanción de la Procuraduría y sigue trabajando y expidiendo decretos que, por supuesto, son nulos, creando un muy mal precedente. Hemos determinado acudir a la justicia colombiana en virtud de una acción de cumplimiento para que sean los jueces los que obliguen, conminen al Gobierno de Colombia, al presidente Gustavo Petro, a Álvaro Leyva, a aceptar la decisión de una institución legítima”, dijo.

Y agregó: “Ya entendemos que no les gustan las instituciones, entendemos que buscan destruirlas, pero tendrán que aceptar por vía de una acción de cumplimiento que interpondremos esa decisión legítima de la Procuraduría. A las instituciones hay que respetarlas, no permitiremos este mal precedente”.

Cadavid reiteró que ni el presidente ni el canciller “están por encima de la ley”.

El problema es que el canciller fue suspendido desde la semana anterior y él, pese a la decisión y la notificación, ha seguido asistiendo a su despacho, da directrices y firma decretos diplomáticos que están en entredicho porque, según más de un abogado consultado por SEMANA, carecerían de peso jurídico.

El presidente Gustavo Petro no ha dicho oficialmente si Leyva seguirá o no en el cargo. De hecho, él es quien debe firmar una resolución donde acata la decisión del organismo disciplinario y retira al canciller de su cargo durante los tres meses de la suspensión.