Atención: niños desde los 14 años pueden recibir un millón de pesos mensual por no matar. Este es el decreto del Gobierno Petro

El decreto que materializó la propuesta del presidente Petro de darles a 100.000 jóvenes un millón de pesos mensuales para que no salgan a matar levanta polémica. El Gobierno hizo público el documento, en el cual deja claro cuáles serán los requisitos para acceder a dicha medida.

El documento deja claro que el programa busca “la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentren en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que ha sido históricamente marginados y excluidos”.

Así, el Gobierno Petro deja claro que la medida está destinada también a niños y niñas, visto como potenciales sujetos a ser coptados por grupos armados, y comienza con la misma edad en que existe en el país la responsabilidad penal: 14 años.

El decreto explica cómo se llevará a cabo el programa. Por ejemplo, señala que “el Departamento Nacional de Planeación, se ocupará de diseñar la metodología de focalización territorial, e individual de los potenciales beneficiarios del programa; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) estará a cargo del componente de transferencias monetarias; el sector Comercio, Trabajo, Inclusión Social e Igualdad y Equidad, concurrirán con la oferta necesaria para el fomento del emprendimiento; el sector Trabajo y Educación, garantizarán el acceso, permanencia y graduación de jóvenes beneficiarios del programa; y el Ministerio de Igualdad y Equidad realizará la articulación, coordinación y complementariedad de acciones que permitan superar la vulneración de derechos en la que se encuentren los jóvenes beneficiarios del programa”.

Argumenta que el objetivo de la política criminal del país no es solamente castigar al agresor de la ley, sino hacer todo lo posible por prevenir los delitos. “Se ha conservado la característica del sistema penal como ultima ratio, haciendo que el Estado deba diseñar alternativas y mantener una variedad de herramientas complementarias al sistema penal y a la privación de la libertad, generando otras formas de sanción y prevención que busquen el respeto de los derechos humanos, las garantías judiciales y la efectiva protección de los derechos de las víctimas”, sostiene el decreto.

El Gobierno es claro en cómo elegirá a los beneficiarios de esta renta. Se tratará de jóvenes en condición de extrema pobreza, jóvenes rurales, en explotación sexual, vinculados o con riesgo de vincularse en dinámicas de criminalidad, en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que han sido históricamente marginados y excluidos.

Para esto, es claro en que deben cumplir cinco requisitos:

1. Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.

2. Tener residencia habitual en zonas rurales.

3. Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.

4. Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.

5. Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.

Se dice que el tiempo en que podrían recibir el dinero es de seis a 18 meses.

Sobre esas mesadas se hace una claridad y es que un joven no podrá ser beneficiario al mismo tiempo de dos programas del Gobierno. Por ejemplo, transferencias monetarias del orden nacional atribuidas a título individual, ni tampoco recibir otros beneficios económicos otorgados en el marco de los procesos implementados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Otro tema que seguramente desatará polémica es que los jóvenes que tienen procesos penales en su contra sí podrán recibir el dinero. Y tendrán, además, asesoría jurídica “promoviendo con dicha atención que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado”, sostiene el decreto.

Los jóvenes tendrán que asistir a capacitaciones y quedarán con el compromiso de hacer un trabajo social.

Aunque participan decenas de entidades, el programa quedó bajo el liderazgo del ministerio de la Igualdad de Francia Márquez. La vicepresidenta lleva meses defendiendo la iniciativa. “La oposición ha planteado que lo que estamos haciendo es pagándoles a criminales. Hay un mandato constitucional del Estado y es proteger a la juventud colombiana, así como proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos y colombianas. En ese sentido, lo que queremos es sacar a estos jóvenes que están en el círculo, en la violencia, y generarles oportunidades”, aseguró la vicepresidenta Francia Márquez.

“Lo que queremos es que estos jóvenes se obliguen a estudiar, donde el Estado les brinde las condiciones y oportunidades de estudiar. De formarse y prepararse. Por otro lado, tiene un condicionamiento de trabajo social, ese trabajo lo definiremos en alguna medida con entidades territoriales. Otros van a ser enfocados a temas de promoción de la paz y la convivencia en sus territorios, así como promoción y garantía de derechos ambientales. Ese condicionamiento tendrá una bonificación que se pagará a esos jóvenes, dependiendo del cumplimiento del condicionamiento que el programa está estableciendo”, agregó en medio de un debate con senadores.

El proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda. “De acuerdo con la memoria justificativa, la meta de jóvenes a atender con transferencias será de 100.000, por lo que el costo de las 12 transferencias sería de 1,2 billones de pesos. Cabe anotar que estos costos están calculados solamente para la transferencia monetaria, sin incluir otros que se puedan presentar para otros sectores dentro de la ruta de atención”, manifestó la cartera recientemente.