Atención: Petro cede en reunión con el fiscal Barbosa y ahora fortalecerá la designación de gestores de paz

Cerca de tres horas duró la reunión de alto nivel entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa en la Casa de Nariño, en la cual se abordaron a profundidad los reparos del jefe del ente acusador sobre la ‘paz total’ y la solicitud de levantamiento de las órdenes de captura de integrantes del Clan del Golfo y Los Pachenca.

Al término del encuentro, trascendió con información del Gobierno nacional que el jefe de Estado cedió y ahora se fortalecerá de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación el mecanismo de designación de los gestores de paz.

De la misma manera, la Casa de Nariño aseguró que el cara a cara fue cordial, en el cual se acercaron las posturas del presidente Petro y las líneas rojas que plasmó Barbosa; el ente acusador dijo “no” a la suspensión de órdenes de captura de 16 integrantes del Clan del Golfo.

“Fue una reunión cordial en la que el presidente y el fiscal general hablaron sobre las iniciativas de paz del Gobierno nacional y de fortalecer de manera conjunta los mecanismos de designación de los gestores de paz que buscarán caminos de negociación con el Gobierno”, reveló la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño.

A renglón seguido, y tras el encuentro con el presidente Petro, el fiscal Barbosa desde el búnker anunció que citó a declarar al comisionado de Paz, Danilo Rojas, y a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, por la denuncia hecha por SEMANA sobre los pagos que estaría haciendo un grupo de narcotraficantes para ser nombrados como gestores de paz.

El jefe del ente investigador aseguró que es necesario aclarar las presiones que se estarían presentando para que personas que no cumplen los requisitos sean nombrados: “Son elementos notarios que vamos de oficio a llamar a las diferentes personas que han venido apareciendo en esas informaciones. El presidente Gustavo Petro fue el primero en decirme que esto se aclare, no quiere que el proyecto de ‘paz total’ termine en enredos, vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este asunto”.

Escandaloso: narcos pagan un millón de dólares para ser gestores de paz. SEMANA destapa la peligrosa trampa que tiene en máxima alerta al Gobierno Petro

Un sofisticado, oscuro y millonario plan amenaza la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. SEMANA conoció en exclusiva que algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta un millón de dólares a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá. La escandalosa trampa tiene las alarmas encendidas en la Casa de Nariño, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Inpec.

El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles por parte de Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro. En ese entonces se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes. En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones. Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que hoy destapa SEMANA.

Varios abogados consultados por este medio dieron fe, bajo reserva, de lo que está ocurriendo en las cárceles donde están recluidos los narcos. “A mi cliente le contaron que con ese pago se garantiza la no extradición, mientras, al mismo tiempo, era posible apuntar a unos beneficios. El tema surgió y se conversó. La información circuló entre varios abogados. Algunos aseguran que tienen audios y chats que confirman las exigencias de dinero”, sostuvo una abogada que defiende a varios capos.

Y añadió: “Incluso se conoce el caso de un narco extraditado, con el nombre o el alias de Álex, que hizo un pago de un millón de dólares a una ONG que le aseguró que ese trámite quedaría congelado, pero no le cumplieron y seguramente estará denunciando ese pago ante las autoridades de Estados Unidos”.

Sobre las pruebas, otra fuente indicó: “Hay un abogado que tiene todas las grabaciones con las exigencias de dinero de dos reconocidos personajes a los narcos para incluirlos en la ‘paz total’. Pero tiene miedo de entregarlas”.

Ante estas graves denuncias, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, expresó que su oficina está al tanto de los hechos: “Hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”.

Otro caso que activó las alertas en el Gobierno fue el de José Ómar Henao Acevedo, alias Ómar, señalado de ser un gran capo de la mafia en Antioquia y de comandar la tenebrosa banda de Los Pachelly. Este grupo criminal ha manifestado públicamente su voluntad de formar parte de la ‘paz total’ de Petro. Henao Acevedo estaba preso en una URI de Medellín, pero las autoridades descubrieron una información delicada: le habría pagado a un abogado hasta 120 millones de pesos para ser trasladado a la cárcel de Itagüí. Sin embargo, ya estaba “perfilado” para ser recluido en La Picota, en Bogotá, dijo una alta fuente del Inpec. Por eso, su plan falló y puso en evidencia una primera movida corrupta para obtener beneficios.

El comisionado Rueda explicó a este medio que muchos narcos se han acercado a su oficina a través de abogados y él mismo, acompañado de sus funcionarios de confianza, los ha atendido en audiencias presenciales y, en dos ocasiones, virtuales. “Ningún acercamiento de estos está asegurando que se va a asignar una gestoría o que haya una impunidad frente a los procesos que están en curso”, explicó Rueda.

Según él, hay un examen exhaustivo de los documentos que sustentan el deseo de los narcos de participar en la ‘paz total’. No cualquiera cabe allí. De ocho solicitudes de traslado para colaborar “en labores de paz urbana en diferentes lugares del territorio colombiano”, solo cuatro están vigentes. Todas ellas, justamente, de capos recluidos en Buenaventura y en la cárcel de Itagüí, a donde quería llegar de manera tramposa alias Ómar, jefe de Los Pachelly. Todos los informes presentados se cotejan con quien lleva el proceso penal del narcotraficante.

Los traslados son parte del proceso para que los condenados sean llevados a un solo centro penitenciario que facilite las gestiones de paz frente a aquellos que siguen activos en las calles, dedicados al tráfico de drogas. Sin embargo, aún falta el marco jurídico que permita que formalmente estas personas puedan ser reconocidas como gestoras de paz, y ese trámite, inevitablemente, tiene que darse en el Congreso.

También hay un filtro de la comisión de investigación del Inpec que tiene que expedir una especie de certificado de buena conducta del detenido. Muchos abogados nunca regresan a la Oficina del Comisionado de Paz después del primer contacto. “Uno no sabe lo que pasa después”, dijo el comisionado Rueda, quien sostuvo que, básicamente, están estafando o tumbando a los narcos con falsas promesas. “Ser gestor de paz no tiene precio. Las gestorías solamente se otorgan con condiciones en la medida en que haya un proceso de construcción hacia la paz. Esto no es ni una boleta que se compra, ni tampoco algo que se rifa. Hay unos protocolos rigurosos para que pueda entregarse o designarse a alguien con esa categoría. Si se hace de otra manera, eso es corrupción”, advirtió el comisionado Rueda. ¿Es un delito? “Sí, es un delito”, dijo el funcionario.

Fuentes del Gobierno confirmaron que hace unos días un abogado que dijo venir de Cali en nombre de narcotraficantes, con conexiones con grupos armados ilegales en zonas rurales, se presentó ante el comisionado Rueda, quien lo escuchó y le dejó claros los requisitos. Al terminar el encuentro, el funcionario fue alertado de que esta persona estaba exigiéndoles dinero a los narcos con la promesa de que los convertiría en gestores de paz. Sus peticiones fueron descartadas de manera inmediata.

En libertad, una reconocida narcotraficante de Santa Marta, ligada a Los Pachenca, también estaría gestionando su ingreso a la ‘paz total’ a cualquier precio.