Atención: presidente Gustavo Petro firma nuevo aumento salarial para los congresistas, ¿cuánto ganarán ahora?

Tal como lo había anticipado SEMANA, la Presidencia de la República acaba de publicar el Decreto 2405 de 2022, con el que se hace un nuevo aumento en el salario de los congresistas.

El documento, firmado por el presidente Gustavo Petro, dice que “a partir del 1.° de enero de 2022, la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en siete punto veintiséis por ciento (7, 26 %)”.

Actualmente, el sueldo neto de los congresistas es de $35.316.133, por lo que el incremento será cercano a los 2 millones 500 mil pesos mensuales. Lo que significa que el sueldo neto de los senadores y representantes pasará a ser de 37 millones 800 mil pesos.

Hay que resaltar que el incremento salarial es con retroactivo, lo que indica que los actuales congresistas, que se posesionaron el 20 de julio, recibirán los correspondiente por estos cinco meses trabajados antes de recibir el aumento.

Es decir, además del aumento en su salario, en el próximo pago, correspondiente a diciembre, los senadores y representantes recibirán cerca de 12 millones 500 mil pesos adicionales correspondientes al retroactivo, más la prima de Navidad.

A pesar de que cada vez que hay un aumento salarial con los congresistas hay indignación no solo con los llamados padres de la patria, sino también con el presidente de la República, que es el que firma el decreto, hay que aclarar que esta es una obligación constitucional. Es decir, el jefe de Estado no se puede negar a hacerlo.

Si hay algo que quedó muy bien ‘amarrado’ en Colombia, desde la misma Constitución Política, fue el salario de los congresistas. El aumento anual es una obligación que establece el artículo 187 de la Carta Política. Y hasta el momento, a pesar de los múltiples intentos que se han hecho, no se ha podido cambiar esta fórmula, pues para esto se requiere tramitar una reforma constitucional en el propio Congreso de la República.

Este semestre había esperanza entre los ciudadanos de que se pudiera cambiar esta situación, con la llegada de un Congreso renovado, con alta representación de los llamados sectores alternativos. Sin embargo, esta vez, por lo visto hasta ahora, tampoco será la vencida.

A pesar de que en un principio se habían radicado tres proyectos con el propósito de reducir el salario de los congresistas, la única iniciativa con este propósito que aún sobrevive en el Congreso es la presentada por el Centro Democrático, con la que se busca inicialmente poner un impuesto del 20 % al salario de los congresistas hasta 2026 y a partir de ese año bajar la remuneración a máximo 25 salarios mínimos.

La reforma ya superó sus dos primeros debates y debe superar otros dos para continuar con vida en el Legislativo.

Sin embargo, el proyecto agoniza en el Congreso en medio de la falta de tiempos para su discusión y las dudas jurídicas.

Por tratarse de una reforma constitucional, este proyecto debe superar debates más antes del 16 de diciembre para poder continuar su trámite. Pero el panorama resulta muy complicado. La Comisión Primera de la Cámara, que es donde se debe surtir el tercer debate, aún no lo ha agendado.

La situación para la reducción del salario de los parlamentarios resulta tan crítica que si no avanza en su tercer debate esta semana, la reforma quedará hundida.

Adicionalmente, se ha generado toda una discusión jurídica por cuenta de una modificación en el segundo debate en el Senado, que fue considerada como una ‘jugadita’ para evitar que los parlamentarios se bajen el sueldo.

La modificación, propuesta por la senadora de Angélica Lozano, señala que ya no habrá que esperar hasta 2026 para que la remuneración de los congresistas baje a 25 salarios mínimos, sino que esto se aplique de manera inmediata, es decir, desde julio de 2023 que es cuando se tiene previsto que este proyecto culmine su trámite.

Este cambio, que finalmente fue aprobado, si bien resulta llamativo para la galería, podría resultar problemático, pues abre la puerta a que pueda caerse en la revisión que debe hacer la Corte Constitucional por afectar los derechos adquiridos de los actuales congresistas.