POLÍTICA
Atención: los jóvenes capturados de la primera línea irán al Congreso a una audiencia pública; ¿cuál es la razón?
La comisión accidental, que se creó con el propósito de liberar a los detenidos, los citó en el Capitolio.
El Pacto Histórico busca que los jóvenes de la primera línea, capturados el año pasado por estar involucrados presuntamente en delitos en medio de las protestas, queden en libertad.
Con ese propósito en mente, una comisión accidental convocó a una audiencia pública en el Congreso, el próximo lunes 5 de septiembre, donde buscarán escuchar a los detenidos.
SEMANA conoció el documento en el que se establece el orden del día de esa citación. Según se establece en la agenda, entre las 2:25 p. m. hasta las 3:10 p. m. se desarrollarán “intervenciones de personas privadas de la libertad y vocerías de familiares”, dice el texto.
El hecho llama la atención porque en el Congreso se preguntan si esas personas detenidas y judicializadas llegarán hasta el Capitolio o de qué manera será su intervención.
En entrevista con Vicky en Semana, Uribe defendió su idea. Según dijo, buscarán crear un indulto o amnistía parecida a la del acuerdo de paz de La Habana con las Farc para liberar a esos jóvenes que cometieron delitos.
“Se ha hablado de indulto, amnistía, de incluir en la reforma de la Ley de Orden Público meter el tema de la protestas social como se hizo en el acuerdo de paz con las Farc”, aseguró Uribe.
La audiencia con los detenidos de la primera línea se realizaría en el salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional. También está invitada la diputada chilena Camila Musante, quien se espera que defienda la protesta como lo ha hecho en su país. También intervendrán organizaciones de derechos humanos, académicos, centros de investigación y organizaciones internacionales.
Así mismo está invitado Roberto Menéndez, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA; Juliette De Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; el ministro de Justicia Néstor Osuna, el fiscal general Francisco Barbosa, el director del Inpec, el brigadier general Tito Yesid Castellanos; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y la procuradora general Margarita Cabello.
Entre los objetivos de la audiencia están socializar el plan de trabajo de la comisión, conocer los planteamientos de los diversos actores sobre este caso, y se señala que “hay problemas derivados del indebido uso del derecho penal para dar tratamiento a hechos ocurridos en el marco de la protesta social”.
También se habla de “violaciones a derechos humanos de personas privadas de la libertad por protestar” y reconocen que la bancada del Pacto Histórico está “comprometida con las juventudes que se movilizaron en los paros nacionales” y que buscarán la “libertad de presos políticos por luchar”. Reconocen que “las primeras líneas son escuchadas en el Congreso”.
La comisión está compuesta por 22 congresistas. Todos hacen parte del Pacto Histórico o del partido Comunes, es decir, son excombatientes de las Farc. Incluso, algunos de ellos fueron miembros activos de las protestas y llegaron al Congreso por esos hechos, como por ejemplo, los representantes Alfredo Mondragón o Susana Gómez.
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