Atención: Santander Lopesierra, exnarco conocido como ‘el Hombre Marlboro’, recibió aval de la Registraduría como candidato a la Alcaldía de Maicao

La Registraduría Nacional del Estado Civil avaló las firmas presentadas por Samuel Santander Lopesierra, exnarcotraficante conocido como el Hombre Marlboro, para ser oficialmente candidato a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira.

En el documento, con fecha del 2 de agosto de 2023, la Registraduría certifica “el cumplimiento del número mínimo de firmas válidas requeridas para postular al candidato Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez a la Alcaldía del municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, para las elecciones de autoridades territoriales que se realizarán el 29 de octubre de 2023”.

Adicionalmente, precisa que Santander Lopesierra es respaldado por el grupo significativo de ciudadanos (GSC) denominado Movimiento Alternativo Independiente, al obtener 28.377 apoyos ciudadanos válidos.

Vale recordar que Lopesierra había radicado ante la Registraduría un total de 63.825 firmas, y solo necesitaba que, al menos, 27.000 fueran validadas para conseguir el aval.

El aterrizaje en la política de Santander Lopesierra, tras haber quedado en libertad, ha generado un sinfín de reacciones. Este polémico personaje también está relacionado con la presunta entrega de 600 millones de pesos en efectivo a Nicolás Petro Burgos a mediados de 2022. Sin embargo, no está confirmado que este dinero haya llegado a las arcas de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El pasado 20 de julio, la campaña de Lopesierra expidió un comunicado argumentando que, en su calidad de ciudadano colombiano, tiene todo el derecho a elegir y ser elegido por “cuanto no existe inhabilidad e incompatibilidades en el ordenamiento jurídico que le impidan ser elegido como alcalde de Maicao”.

A partir de ese comunicado, llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) una demanda en la que se solicitaba que no se revisaran las firmas del Movimiento Alternativo Independiente, alegando que era evidente su inhabilidad por haber sido condenado en Estados Unidos. Ese proceso no avanzó y, seguramente, en los próximos días llegará una solicitud de revocatoria que le permitiría revisar al organismo electoral todos los antecedentes.

Fuentes de la campaña le confirmaron a SEMANA que Lopesierra está tranquilo porque, para quedar por fuera de la contienda, es necesario que el CNE cuente con documentación oficial de Estados Unidos que demuestre dicha condena, ya que los registros en medios de comunicación no son suficientes como prueba. La Corte Constitucional dice que las noticias indican que algo ocurrió, pero no son la prueba de qué ni cómo sucedió.

Por esa razón, un documento de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia podría ser la prueba reina contra Lopesierra y lo dejaría por fuera de las elecciones de octubre, ya que allí se demuestra que sí existió condena, que la defensa del Hombre Marlboro apeló y se ratificó el fallo. Durante el proceso en Estados Unidos, se concluyó que no se había presentado la vulneración alegada y ese tribunal rechazó los argumentos expuestos por los abogados.

La corte estadounidense analizó la petición de la defensa, que indicaba que el juez que estuvo al frente de sus procesos emitió alguna presión sobre los miembros del jurado para que llegaran a un veredicto unánime de culpabilidad, pero se falló nuevamente contra Lopesierra.

La estrategia de la defensa fue alegar una violación al debido proceso por demoras en la etapa de juicio y una privación injusta de su libertad, petición que fue denegada. En todo caso, como el documento es la prueba contundente, si la solicitud de revocatoria llega al CNE, se deberá tener el oficio debidamente traducido al español para incorporarlo al eventual proceso.

El asunto de fondo es que con ese oficio de 24 folios queda claro que se violaría lo expresado en el artículo 122 de la Constitución, en el que se establece que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular ni elegidos quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia o en el exterior.

Los abogados de la defensa no se dejarán derrotar tan fácilmente y, si Lopesierra es elegido, podrían acudir a la Convención Americana de Derechos Humanos para alegar que no se puede destituir o sancionar a ningún servidor público si no hay una sentencia en firme proferida por un juez penal. Sin duda, se abrirá una amplia discusión jurídica y la expectativa gira en torno a si los guajiros encontrarán a Lopesierra nuevamente en un tarjetón electoral. Si llegara a ocurrir, se abriría un boquete para que cualquier condenado haga política.