Atentos: presidente Petro ordenó al ICBF que se desplace con urgencia al Guaviare para atender denuncias por violación a menores

Ante las denuncias que se han conocido sobre supuestos casos de abusos sexuales en contra de menores de edad en el Guaviare, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó que una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se desplace de inmediato a esa región para atender la situación y verificar las denuncias.

De la misma manera, el jefe de Estado tomó la determinación que un grupo élite de la Presidencia también se desplace al Guaviare para apoyar las labores que adelante el ICBF; calificó esos hechos como un horror que ha tenido impunidad de las autoridades.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano lanzó una fuerte advertencia, al asegurar que se investigará si los funcionarios públicos, ante esas denuncias, incurrieron en omisiones al no atender las mismas.

“He pedido que una comisión del ICBF y de Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios”, trinó Petro.

Sin embargo, en la noche del jueves de esta semana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó a través de comunicado oficial que una comisión especial de la entidad se desplazó al departamento del Guaviare para verificar la atención que se les brinda a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y otras vulneraciones.

La directora del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, dio la instrucción para que se adelanten jornadas de búsqueda e identificación de menores víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones, particularmente en la niñez de las comunidades nukak y jiw.

“Como rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) he convocado a las entidades que lo conforman a que trabajemos de manera articulada para prevenir y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia del departamento. Es una responsabilidad compartida que nos involucra a todos. Es repudiable y doloroso que este tipo de situaciones que afectan y atentan con la vida e integridad de la niñez se presente. Desde el Gobierno nacional no escatimaremos en esfuerzos para que la violencia sexual no siga acabando con los sueños de lo más sagrado que tenemos, nuestras niñas y niños”, puntualizó la directora general.

Resaltaron en este contexto desde el Instituto que, durante el año pasado, se fortaleció el proceso de atención a los menores de edad víctimas de esta vulneración, a través de la estrategia para la atención especializada a víctimas de violencias de género con énfasis en violencia sexual.

“Además, con el Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI) se realizan jornadas de búsqueda activa que permiten la identificación de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y alta permanencia en calle”, subrayó la entidad.

Cabe recordar que este 11 de enero, la Procuraduría General de la Nación les hizo un llamado al gobernador de Guaviare, al director regional del ICBF y a otras entidades, luego de la publicación de una investigación del periodista Gerardo Reyes, de Univisión, en la que se mostraba comercio sexual de menores.

No obstante, la Procuraduría General de la Nación les hizo una importante petición a seis entidades del departamento de Guaviare para que informen las acciones adelantadas entre 2019 y 2022, y así garantizar los derechos fundamentales de la población infantil de las etnias jiw y nukak, víctima de explotación y violencia sexual.

En la comunicación, enviada el 5 de enero de 2023 al gobernador de Guaviare, al alcalde de la capital, al director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaria de Familia, la directora seccional de fiscalías de ese departamento y el defensor del pueblo regional, se otorgó un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta.

Por último, el ente de control requirió a la Fiscalía, la Comisaría de Familia de San José del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional y las defensorías de familia del ICBF datos sobre las denuncias recibidas, entre 2019 y 2022, por hechos relacionados con explotación y violencia sexual de menores pertenecientes a las mencionadas comunidades indígenas.