Aumento del salario de los congresistas: ¿en qué quedaron los proyectos para bajarse el sueldo?

Si hay algo en lo que se ponen de acuerdo los congresistas, sin importar el partido político o la ideología, es en incumplir la promesa que hacen cada vez que hay elecciones de reducirse el salario. Cuando no son los impedimentos o las dudas jurídicas, es la falta de tiempos, pero el resultado es el mismo: el hundimiento de las iniciativas con este propósito.

En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó un decreto en el que aumenta considerablemente el salario de los congresistas, para 2023. El incremento para este año será de 14,62 %, lo que equivale a más de $ 5 millones. Es decir, los senadores y representantes quedarán ganando cerca de 43 millones de pesos al mes.

Esto contradice la promesa que hicieron los parlamentarios al inicio de este Congreso, cuando posaron ante las cámaras radicando proyectos de ley para disminuirse el salario.

La realidad hoy es contundente: tres de los cuatro proyectos de reforma constitucional que tenían la intención de reducir el salario de los senadores y representantes se hundieron uno tras otro.

¿Qué fue lo que pasó? La ‘jugadita’ que hicieron los congresistas fue acumular tres de los cuatro proyectos que estaban en trámite y eran reformas constitucionales en uno solo, con el fin supuestamente de darle “agilidad” al proceso.

Sin embargo, por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto necesitaba, para continuar con vida, superar mínimo cuatro debates antes del 16 de diciembre del año pasado, día que finalizaban las sesiones ordinarias del Congreso. Para ese momento, la iniciativa ya había superado sus dos primeras discusiones en el Senado y necesitaba dos más en la Cámara, pero ahí fue cuando llegó la tormenta perfecta: la Comisión Primera de la Cámara, que es donde estaba el proyecto, decidió el 5 de diciembre que no iba a volver a sesionar en lo que quedaba del semestre.

¿La razón? El Gobierno pidió darle espacio a la plenaria de la Cámara para discutir la reforma política y el Ministerio de la Igualdad. Esto se traducía en un hecho contundente: el hundimiento de la rebaja del sueldo de los congresistas por falta de tiempos para discutirla.

Lo que vino después fue la ejecución de un libreto que los colombianos ya se saben de memoria: los congresistas salieron a lamentarse y se tiraron la pelota. Los senadores dijeron que fue culpa de la Cámara que “engavetó el proyecto”. El presidente de la Cámara, David Racero, responsabilizó a la Comisión Primera de esta corporación, y los miembros de esta comisión dijeron que fue el Gobierno el que les bloqueó la agenda.

Mientras tanto, otros miembros de dicha comisión le dijeron a esta revista que lo que sucedió fue que el Senado les envió muy tarde la reforma, cuando ya la agenda estaba copada.

En medio de la polémica, los congresistas aseguraron que aún quedaba una posibilidad para tramitarse durante el primer semestre de este año. Se trata de un proyecto del senador Jota Pe Hernández que, contrario a las demás iniciativas, no era una reforma constitucional, sino una ley ordinaria, con la que, en esencia, se buscaba eliminar la llamada primera especial de servicios que reciben los congresistas, que hoy está en cerca de 14 millones de pesos al mes.

Pero, tal como estaba previsto, pasó todo el semestre y, con la excusa de que tenían otros temas prioritarios en la agenda, los congresistas le hicieron también ‘el quite’ a esta iniciativa. Si bien el texto todavía está vivo, realmente la posibilidad de que avance es muy remota.

En conclusión, los proyectos radicados para bajar el salario de los congresistas fueron usados únicamente para tomarse la foto y salir en medios, pero un año después la realidad es contundente: los senadores y representantes cada vez tienen un salario más elevado.

Duro de bajar

Si hay algo que quedó muy bien amarrado en Colombia desde la misma Constitución Política fue el salario de los congresistas. El aumento anual es una obligación que establece el artículo 187 de la carta política.

“La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”, dice el artículo 187 de la Constitución.

Con miras a establecer las fallas de origen que llevaron a lo que algunos consideran el desproporcionado aumento en la remuneración de los parlamentarios, SEMANA revisó las actas de la sesión en la que los constituyentes que redactaron la carta política de 1991 fijaron el criterio para aumentar anualmente el salario de los senadores y representantes a la Cámara.

La discusión ocurrió el 11 de junio de 1991 en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Inicialmente, en la carta política iba a establecerse un tope de 16 salarios mínimos en la remuneración para los congresistas, pero esto fue rechazado debido a que era una “medida innecesaria”, pues el salario de los senadores y representantes en ese momento equivalía apenas a 13,8 salarios mínimos. Por ello, se optó por la fórmula actual, que buscaba más “equidad” y que tiene hoy el sueldo de los padres de la patria por encima de los 37 salarios mínimos y con una brecha frente a los demás ciudadanos que crece cada vez más.

Esa fórmula, hasta ahora, más de 30 años después, no se ha logrado cambiar, en buena medida porque la solución, aunque parezca absurdo, está en manos de los propios congresistas, quienes han creado todo tipo de jugaditas para hundir las reformas.