Bajar salario de los congresistas y acortar sus vacaciones, ¿populismo o realidad?

Por estos días, el Congreso se ha visto inundado de una lluvia de proyectos que buscan que los congresistas renuncien a algunos de los amplios privilegios de los que hoy gozan.

Uno de los que más ha causado controversia es el que busca una reducción de la asignación mensual de los parlamentarios. La idea de la propuesta es modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que tenga un tope de 25 salarios mínimos mensuales. Actualmente, los senadores y representantes a la Cámara devengan cerca de 34.

Sin embargo, el proyecto trae una sorpresa al final, pues asegura que esta reducción solo aplicará a partir del 20 de julio de 2026, es decir, no tendrá impacto en los actuales parlamentarios.

El hecho generó todo tipo de críticas para la bancada petrista, autora de esta iniciativa. Los ciudadanos se han mostrado indignados debido a que, justamente, una de las propuestas de campaña de este sector político era que se iba a reducir el salario, pero ahora ha causado sorpresa que presenten la reforma sin que les afecte a ellos.

Dentro de este paquete de reformas también se contempla un recorte en las vacaciones de los parlamentarios, un límite a los periodos que pueden permanecer en su curul y mayores controles a la inasistencia a las sesiones.

No obstante, ha quedado la inquietud de si estos proyectos finalmente podrán convertirse en realidad o si los congresistas los presentan por simple populismo, pues son conscientes de que es muy difícil que puedan salir adelante. Y hay varias razones para pensar que podrían terminar naufragando.

El primer elemento que hay que tener en cuenta es que, tanto el recorte de las vacaciones como la reducción de salarios de los congresistas, deben tramitarse mediante reformas constitucionales, que son proyectos que requieren superar ocho debates y no cuatro, como los proyectos ordinarios, y además necesitan mayorías especiales, es decir, es más difícil su aprobación y la conformación de quorum.

Estas reformas constitucionales, según lo que estipula la ley, deben superar mínimo cuatro de sus ocho debates durante este semestre. Es decir, antes del 16 de diciembre, cuando finaliza este periodo legislativo, ya debe haber culminado la mitad de su trámite o se hundirán.

Pero la agenda está realmente muy apretada. El gobierno entrante de Gustavo Petro anunció que su prioridad y, por ende, la del Congreso durante este semestre será el trámite de iniciativas complejas, como las reformas tributaria, agraria y política. Así mismo, las leyes obligan a darles prioridad a la discusión del Presupuesto General de la Nación y el Plan de Desarrollo.

Esto muestra que durante este semestre difícilmente se podrá tramitar una reforma constitucional que tenga que ver con el recorte de vacaciones o la reducción del salario de los congresistas.

En esta discusión, también se debe tener en cuenta la gran controversia jurídica que suscita este tipo de propuestas.

Por ejemplo, una de las razones que llevaron a que el proyecto presentado esta semana no rebaje el salario de los actuales congresistas sino solo desde 2026 es que, según el senador Bolívar, se busca evitar que, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, los senadores y representantes se declaren impedidos a la hora de debatir este proyecto.

Según explicó Bolívar, generalmente, los parlamentarios se declaran impedidos cada vez que se debate sobre su salario, al considerar que se está legislando en causa propia.

Por ejemplo, si un congresista vota de manera negativa el proyecto que reduce su salario, de inmediato entraría en conflicto de interés, pues estaría buscando beneficio al no permitir que se disminuya su ingreso mensual.

Esto ya ocurrió en 2018 con un proyecto, nacido tras la consulta anticorrupción, que buscaba congelarles el salario a los congresistas hasta 2022 y a partir de este año se les disminuía a máximo 25 salarios mínimos.

En esa ocasión, 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que había un conflicto de interés porque estaban legislando sobre su propio salario. Esto llevó al hundimiento de la reforma.

Además, con el aplazamiento de la entrada en vigencia de la reducción salarial, se busca que, en caso de ser aprobada, esta reforma no se caiga en la Corte Constitucional, donde podría haber demandas al no respetar los “derechos adquiridos”, pues los congresistas se hicieron elegir con un salario y ahora no se les podría cambiar.

Hay quienes aseguran que, si hay voluntad política, los congresistas pueden aprobar estas iniciativas sin ningún problema. Pero si bien la conformación de este nuevo Congreso es distinta, las mayorías las siguen teniendo los partidos tradicionales, que históricamente han hundido las propuestas que buscan reducir los privilegios de los parlamentarios y cada vez encuentran formas más ‘creativas’ de hacerlo.

Llama la atención, eso sí, que la bancada petrista lance este tipo de propuestas justo cuando el gobierno entrante de Gustavo Petro anuncia su reforma tributaria y cuando los autores de estas propuestas son conscientes de que es muy difícil que el Congreso las apruebe.