Canciller Álvaro Leyva radicó en el Congreso proyecto contra la “tortura y otros tratos o penas inhumanas degradantes”, ¿qué contempla?

El canciller Álvaro Leyva Durán radicó formalmente en el Senado de la República un proyecto de ley de su autoría, que también lleva la firma del ministro de Justicia Néstor Osuna, por medio del cual buscan prevenir que no se presenten actos de tortura o maltratos en las cárceles del país.

Según explicó Leyva, se trata de una deuda histórica que ha tenido el Estado colombiano en materia de derechos humanos y tratados internacionales. “No puedo entender cómo fue que se demoró este protocolo 17 años para radicarlo (...) En esta administración nos hemos trazado poner por encima el DIH y los Derechos Humanos”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores en la radicación del proyecto en la que estuvo acompañándolo el presidente del Senado, Roy Barreras.

El proyecto propone que se apruebe un protocolo contra la tortura y otros tratos inhumanos y crueles o degradantes, adoptado por Leyva, y por lo tanto por el Estado colombiano, en Nueva York (Estados Unidos) el pasado 18 de diciembre de 2022. Se trata de un documento que tiene el respaldo de las Naciones Unidas, a quien Leyva exaltó por haberlo favorecido en una ocasión sobre el tema de la tortura. “Sé de qué se está hablando y qué estamos haciendo”, dijo.

En ese sentido, el protocolo involucra a los estados firmantes y tiene como objetivo, principalmente, adoptar medidas para fortalecer la protección de los privados de la libertad contra la tortura y otros tratos inhumanos, degradantes o penas crueles.

Para ello el protocolo establece un Subcomité que estará integrado por diez miembros de distintos países y que realizará visitas periódicas a las cárceles con el fin de verificar que no se presenten estos tratos, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.

En el documento, los firmantes señalan que, respecto al número de miembros, una vez se haya realizado la quintuagésima ratificación del protocolo el número de integrantes aumentará a 25. Los integrantes serán elegidos por su competencia en administración de justicia, especialmente en materia de derecho penal o administración penitenciaria o policial. Se tendrá en cuenta la distribución geográfica igualitaria y equidad de género.

Asimismo, no podrá haber dos miembros de la misma nacionalidad. Los integrantes actuarán a título personal con independencia e imparcialidad y deberán tener la disponibilidad para prestar con eficacia los servicios del Subcomité.

Según dijo el ministro del Relaciones Exteriores, este protocolo facultativo es una política nacional para el Gobierno Petro y “no llega porque sí”. “No es simplemente un acto de iniciativa, es un homenaje que se le hace a los torturados, a los que están en la cárcel, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que habla de los que están en las cárceles. Sentencia de hace 10 años”, reclamó Leyva.

En medio de su intervención, el canciller hizo un llamado a la JEP para que actúe con prontitud y dicte sentencias sin importar quienes sean imputados. “La JEP tiene que hacerme eco en el llamado que yo le hago desde aquí, para que actue de fondo en materia de justicia sin que le tiemble la mano y sin consideración de quién pueda ser imputado. No importa su condición, su origen, su estatura social, su nombre”, aseguró el canciller Leyva.

El canciller aseguró que la protección de los derechos humanos es una prioridad para el Gobierno Petro y que así velarán junto al presidente que eso se cumpla. En ese sentido, resaltó que este proyecto tiene que ver con la propuesta de ‘paz total’ y con buscar la reparación de las víctimas y la no repetición. Incluyó a manifestantes presos como beneficiarios de la iniciativa.

“Estamos comprometidos con la ‘paz total’. Este es un acto sobre la base de tener en cuenta a las víctimas, a los atropellados, a los que no han sido reparados, a las mujeres, a los niños, son víctimas; de los que se manifestaron y fueron objeto de maltrato”, señaló el canciller.