Canciller Luis Gilberto Murillo sobre escándalo de pasaportes con Thomas Greg: espera conceptos jurídicos; “es un viacrucis”, dice

El canciller (e) Luis Gilberto Murillo habló este martes 12 de marzo en la Comisión Segunda del Senado y dijo que de ninguna manera el gobierno del presidente Gustavo Petro está tratando de dilatar el proceso de licitación de pasaportes.

En su intervención, el hoy jefe de la diplomacia en Colombia se refirió al espinoso tema de la licitación que el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, le concedió a Thomas Greg & Sons.

“El doctor José Antonio Salazar expidió una serie de actos administrativos de manera irregular. Una de las irregularidades es que no tenía el debido certificado de disponibilidad presupuestal, sumado a otros hechos. Eso, obviamente, hace muy inejecutable este tipo de contratos. Ahí hay una falencia grande”, manifestó el diplomático.

Murillo resaltó que cuando él llegó a la entidad había una licitación pública para contratar los pasaportes (L-03); “se abrió por la Cancillería para poder culminar el proceso de otorgamiento de unos derechos para firmar el contrato y proveer este servicio. El proceso estaba en prepliegos y yo lo suspendo”, dijo.

Gilberto Murillo le contó a la Comisión Segunda que él tomó la decisión de hacer una revisión integral de todo el proceso por quejas, discusiones y debates que se dieron alrededor del millonario contrato de pasaportes.

Reconoció que él decidió devolver las funciones a la Secretaría General de la Cancillería para contratar. Lo hizo, según su versión, “para empezar a normalizar los procesos en la Cancillería”.

En ese momento –dijo– se había solicitado la renuncia del secretario general, José Antonio Salazar; “había dado la instrucción de que no se tocara ningún tema administrativo porque estábamos en proceso de revisión”, manifestó Murillo.

“Cuando se da esto, el doctor Salazar dice que se va a no sé dónde, trabaja un acto administrativo; yo estoy fuera del país atendiendo asuntos de Cancillería, expide unos actos administrativos totalmente irregulares. Esta situación nos llevó a nosotros a evaluar los procesos”, afirmó.

En primer lugar, “suspendí el proceso. Pedí los conceptos jurídicos del caso para unificar la posición de gobierno. Pedimos conceptos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pedimos otro concepto jurídico –está en curso– a la Secretaría Jurídica de Presidencia y a Colombia Compra Eficiente, la entidad experta técnicamente en este tipo de procesos”.

Murillo reconoció: “Estamos en espera de esos conceptos porque no queríamos apresurarnos, queremos tomar esto de manera muy seria. No queríamos apresurarnos a tomar decisiones que no estuvieran dentro del marco de la estrategia jurídica del Gobierno”.

Posteriormente, contó que la Cancillería recibió un derecho de petición de la firma Thomas Greg & Sons, en la que esta le anunció a la entidad estatal que está en disposición de firmar el contrato de pasaportes. “Ahí vamos”, manifestó.

A renglón seguido, el funcionario dijo: “Esos actos que se expidieron, que partieron de un hecho irregular, presuponen conductas que infringen la ley penal. Y procedimos a darles traslado a las debidas denuncias a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General. Ese es el proceso que estamos siguiendo”.