Cancillería anuncia que el 7 de julio se adjudicará millonario contrato para elaboración de pasaportes

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia está en el ojo del huracán por cuenta de un millonario proceso de licitación para la elaboración de libretas del pasaporte colombiano y unas supuestas irregularidades para favorecer a Thomas Greg, empresa que tiene dicho contrato desde 2006.

En medio de este panorama, la Cancillería colombiana expidió un comunicado donde publica las fechas de dicho proceso y señala que hay garantías para todos los oferentes.

“Es de resaltar que el autor del artículo 273 de la Constitución Política de Colombia fue al exconstituyente Álvaro Leiva Durán, hoy Ministro de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, es de su interés que el proceso de licitación antes mencionado se lleve con total transparencia”, dice el comunicado.

Dicho artículo de la Constitución indica que las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público como en el caso de dicha licitación.

“En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones”, reitera el comunicado.

Sin embargo, la Cancillería no hace referencia a la polémica que hay alrededor de los posibles beneficios al contratista actual ya que el pliego definitivo de condiciones casi que deja por fuera a las otras empresas que están interesadas en el proceso.

Thomas Greg & Sons (TGS) es una multinacional de origen británico que en el país lleva 17 años con el contrato para el suministro e impresión de pasaportes. Sin embargo, podría llegar a 20 porque está abierta otra licitación y todo apunta a que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores le adjudicará nuevamente la responsabilidad de “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión”.

Dicha compañía ha sido adjudicataria en 17 procesos de selección, de los cuales en 14 ha sido oferente único porque, según otras empresas, siempre hacen un pliego sastre para beneficiar a Thomas Greg. Aunque el contrato vigente, que fue demandando y extrañamente duerme el sueño de los justos, venció en junio de 2022, se tomó la decisión de hacer una prórroga por el cambio de inquilino en la Casa de Nariño.

Todas las empresas interesadas en participar de la licitación estuvieron de acuerdo en que era mejor esperar a que Gustavo Petro tomara posesión para adelantar un proceso con garantías, ya que en campaña el ahora presidente de Colombia dijo cosas como que Thomas Greg era “una empresa privada con edificios clandestinos” y que dicha multinacional era “la dueña del software de cómputo de datos de la Registraduría. Un software permeable al fraude. Thomas Greg & Sons pone los presidentes de Colombia”.

Las críticas del supuesto amaño de las licitaciones a favor de TGS no solo han sido de Petro, también del Pacto Histórico, desde donde ahora guardan total silencio. El 31 de agosto de 2021, David Racero dijo en Twitter: “El Contrato de la Registraduría es un contrato amañado. Para empezar, piden experiencia previa en elecciones… Pero desde 2009 Thomas Greg obtuvo TODOS los contratos, ¿cómo puede otra empresa acreditar experiencia electoral? ¡Es imposible!”.

Como si fuera una premonición de Racero, dos años después de su trino ocurrirá exactamente lo mismo en la Cancillería. Seguro se entregará de nuevo el contrato a TGS porque justamente los demás oferentes quedarán por fuera del camino, ya que ninguno tiene experiencia en elaborar pasaportes porque la multinacional tiene esa adjudicación desde 2006. Es decir, el Gobierno Petro trabajará con la empresa que tanto criticó. De las 11 empresas que se postularon en la licitación, diez han presentado observaciones por “la existencia de barreras de entrada que benefician al proveedor histórico y el desconocimiento de los estándares internacionales para las licitaciones de este tipo de negocios”.

Aunque las otras empresas son líderes en el ámbito internacional en el mercado de identificación, la Cancillería se escuda en que el pliego de condiciones es claro, se debe acreditar la experiencia y habrá unos puntajes que definirán el tema, es decir, los caminos conducen a TGS. Solo hubo una modificación y se eliminó el requisito de tener una planta en Bogotá (TGS era la única que cumplía esa exigencia) y se dejó el asunto a nivel nacional.

Sin embargo, se mantienen ítems calificables como los 48 días para prepararse y presentarse, así como 60 más para iniciar la operación con los pasaportes. Algo imposible a tan poco tiempo de la adjudicación (7 de julio).

Además, se exigen unas pruebas de implementación en dos meses que resultan imposibles por el abastecimiento de materiales y producción con la que ya cuenta TGS. Para el 9 de junio está programada la entrega de muestras y seguramente las diez empresas inconformes no las tendrán. Fueron más de 400 observaciones hechas y la Cancillería solo tuvo en cuenta unas pocas, y mantuvo las condiciones críticas. Todos los oferentes tienen problemas para participar, menos Thomas Greg.

La Procuraduría tiene la lupa puesta sobre este asunto porque como la Cancillería dejó todo para último momento, podría presentarse un desabastecimiento de libretas. “Cualquier modificación del cronograma que fue establecido y se encuentra en desarrollo, pone al Estado en alto riesgo de afrontar un desabastecimiento en el suministro, formalización y personalización de pasaportes, por cuanto el contrato vigente termina el 31 de agosto próximo”, dijo el Ministerio Público.

Aunque la licitación está vestida de transparencia, lo cierto es que está cantado que TGS se quedará con el millonario contrato. Eso sí, no se descarta que pueda conformarse una unión temporal y que otro oferente se junte con la multinacional, que seguramente también estará a cargo de las elecciones de octubre, pese a las críticas del Pacto Histórico y del presidente Petro, que parecen haber olvidado.