Cancillería firmará contrato por $1.000 millones para ciertos vuelos institucionales de Álvaro Leyva y otros funcionarios

A pesar de la promesa del presidente Gustavo Petro de manejar una política de austeridad para ahorrarle más de cuatro billones al Estado, ordenando limitar la contratación, las vacaciones, los viáticos y la publicidad en el Gobierno, en las últimas horas el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que firmará un millonario contrato interadministrativo con Satena por 1.000 millones de pesos para vuelos chárter del ministro Álvaro Leyva.

El contrato, que será por 11 meses hasta el 31 de diciembre de 2023, tiene como objeto la prestación del servicio de transporte aéreo para el ministro, los viceministros y funcionarios de la Dirección de Soberanía Territorial, en vuelos de operación no regular a destinos sin vuelos comerciales o donde los horarios, las conexiones, escalas o itinerarios no se adecúan a las necesidades para atender oportunamente los compromisos del Ministerio, de acuerdo con la disponibilidad de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana a través de Satena y/o aeronaves fletadas.

De acuerdo con los estudios previos que adelantó la Cancillería para justificar la firma del contrato, si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con un contrato que provee los tiquetes para el desplazamiento de los funcionarios de la entidad, se hace necesario contar con el servicio de transporte aéreo, en vuelos de operación no regular. Esto con el fin de atender los requerimientos que permitan el desplazamiento oportuno y seguro para el personal que labora en el Ministerio, exclusivamente para el desarrollo de actividades que le son propias a este, en condiciones de seguridad, dentro del territorio nacional y destinos internacionales.

Así mismo, la Cancillería señaló que este servicio se usará también para desplazar al director y personal técnico de la Dirección de Soberanía Territorial para realizar trabajos de campo (verificación de incidentes, mantenimiento y/o construcción de hitos, labores de densificación, etc.) con el fin de ejercer soberanía, en el marco de las funciones que le competen al Ministerio.

La Cancillería subraya además que es menester atender oportunamente, tanto las acciones de política exterior propias del Ministerio, como particularmente las de fortalecimiento de soberanía, presencia institucional y verificación de incidentes fronterizos o realización de trabajos de campo para resguardar la soberanía en regiones apartadas y en los límites nacionales, que deben ser atendidas y coordinadas de manera oportuna por el Ministerio.

En consecuencia, la Cancillería sugirió contratar el servicio con Satena, toda vez que, según la Cancillería, esta entidad se encuentra facultada para suscribir contratos de transporte aéreo de pasajeros dentro y fuera del territorio nacional en aeronaves militares FAC y/o aeronaves fletadas.

Ahora, en la justificación de los estudios previos, la Cancillería detalla que intentó contratar el servicio de transporte de vuelos chárter por la plataforma de Colombia Compra Eficiente, pero identificó que es necesario realizar solicitudes con 72 horas de antelación y solo existe la posibilidad de realizar vuelos de ida e ida y regreso, se limita la opción de vuelos multidestino y se requiere conocer desde el inicio los itinerarios (fecha y hora) y los volúmenes a transportar. Estas anteriores condiciones llevaron a que finalmente el contrato se firme con Satena.

Frente a este contrato, la Cancillería afirmó a SEMANA que el contrato es principalmente para cumplir con las funciones de la Dirección de Soberanía Territorial en vuelos de operación a destinos donde los vuelos comerciales no tienen cobertura, o donde los horarios, conexiones, escalas o itinerarios no se adecúen a las necesidades o compromisos del Ministerio.

Agregaron que el contrato va encaminado a apoyar el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de soberanía territorial, que incluyen la dirección y coordinación de los asuntos relacionados con la caracterización y definición de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del territorio nacional, así como la inspección de las mismas.

Así mismo, la Cancillería señaló que la cuantía del contrato corresponde a un cupo que solo se utilizará hasta el monto que demanden las necesidades del Ministerio. Se indicó, además, que desde hace varios años se celebra con la empresa estatal Satena un contrato interadministrativo para cumplir este objeto.

A pesar de esta justificación, el contrato por 1.000 millones de pesos para los vuelos chárter del ministro no cayó nada bien en la oposición.

El concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático y exvicepresidente del cabildo distrital, Humberto ‘Papo’ Amín, cuestionó el vínculo contractual entre la Cancillería y Satena.

En diálogo con SEMANA, Amín afirmó: “Aquí lo que vemos es que la supuesta austeridad de la que tanto hablaron no existe. Es increíble que mientras polarizan al país con mentiras, al parecer cada cartera del Gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene dirección alguna y continúa derrochando”.

El cabildante señaló además que, “en medio de la crisis que se vive en el país, es inaudito que se sigan firmando millonarios contratos para viajes y excentricidades, mientras los colombianos siguen expectantes con la situación del país”.

De igual modo, el concejal Amín enfatizó: “En octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro dijo que no había dinero suficiente para continuar con el Ingreso Solidario y, si hacemos el cálculo, con este contrato lograrían beneficiar a cerca de 2.000 familias. Entonces, pareciera que la austeridad es para todos, menos para el Gobierno”.

Vale recordar que en septiembre del año anterior, el presidente Gustavo Petro firmó una directriz que imparte medidas específicas para fortalecer la racionalización y la eficiencia del gasto público por las entidades del Gobierno.

La primera medida que se tomó fue que las entidades públicas solo podrán celebrar contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión cuando estos sean estrictamente necesarios por el volumen de trabajo que tenga a su cargo su personal de planta, o por la necesidad de conocimientos especializados.

La necesidad de nuevos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que “en ningún caso tendrá vocación de permanencia”, advierten.

Adicionalmente, a partir de ahora se prohibirá la indemnización de vacaciones. Por eso, desde el inicio de cada año se deben planear los períodos de disfrute de vacaciones de todo el personal de planta y propender por el cumplimiento del plan anual de vacaciones.

En cuanto a las comisiones y viáticos, las entidades deberán justificar la necesidad de cada viaje y la razón por la cual no se utilizan los medios virtuales, así como el número de personas que viajarán, indicando la necesidad de su asistencia y el rol que cada una cumplirá, procurando el número estrictamente necesario y cuyas funciones estén directamente relacionadas con el objeto de la comisión.

Para ahorrar dinero, las entidades también deberán planear, por lo menos trimestralmente, los viajes que sean necesarios para verificar el avance de las obras, los proyectos que se deban visitar o los demás eventos que vayan a realizar. Los viajes de los funcionarios públicos se deberán hacer siempre en clase económica con el objetivo de optimizar el costo de los respectivos tiquetes.

Otra directriz que se impartió en este tema es que, para los contratos de suministro de tiquetes, siempre se utilizará la “subasta inversa”, minimizando los costos por administración o gestión y, si se encuentra vigente, el acuerdo marco de precios.

“Para efectos de la liquidación de viáticos, las entidades podrán racionalizar el monto máximo permitido por el decreto vigente que regula la materia, estableciendo, por ejemplo, el reconocimiento de un 90 % por este concepto en las comisiones de servicio”, se lee en la directiva presidencial.