Cansadas de las violaciones del señalado dictador Daniel Ortega, algunas personas protestaron en la Embajada de Nicaragua en Colombia

Un grupo de personas se agolpó a las afueras de la Embajada de Nicaragua en Colombia, en el norte de Bogotá, para realizar una manifestación por las constantes violaciones a los derechos humanos de la señalada dictadura de ese país, encabezada por Daniel Ortega.

SEMANA llegó hasta ese punto en la capital y habló con el vocero de la protesta, Diego Vargas, quien señaló que el objetivo de la manifestación es llamar la atención sobre los atropellos que se están registrando en el país centroamericano, en contra de varios sectores de la sociedad civil.

“Ante todo, queremos mostrar una solidaridad con el pueblo de Nicaragua a raíz de las últimas acciones que el Gobierno dictatorial ha ejecutado contra la Universidad Centroamericana, la UCA, que es dirigida por los padres jesuitas y la expropiación también de sus bienes y, bueno, toda la represión que ellos han ejecutado por muchos años, pero agravada en los últimos cinco años”, sostuvo Vargas.

De la misma manera, indicó que el Gobierno dirigido por Ortega está terminando, advirtiendo que los dirigentes políticos de Nicaragua tienen delitos en sus manos, por los que deben responder.

“Han cometido homicidios, represión, terrorismo de Estado —muy temprano, desde los primeros momentos de la represión— y eso lo repudiamos y tenemos que alzar la voz. Estamos llamados a eso, mostrar solidaridad con los compañeros, con los amigos, con las amigas de Nicaragua que no pueden manifestarse”, anotó.

También alertó: “Los jesuitas, y en concreto la Universidad Centroamericana, han formado parte de un recinto de pensamiento crítico, ha sido un recinto de resistencia también y de denuncia a los atropellos. Muy temprano, la primera acción de denuncia, pero también de solidaridad, fue cuando la Universidad abrió sus puertas para refugiar a los que estaban protestando y que estaban siendo dispersados con balazos”.

“Entonces, bueno, los compañeros jesuitas, los extranjeros han sido llamados a salir del país, pero considero que ellos van a permanecer, la mayoría de ellos, los que tienen la fuerza y la resistencia para hacerlo, van a hacerlo. Esa es parte de la solidaridad que tiene la compañía de Jesús con el pueblo nicaragüense”, insistió.

Y afirmó el vocero de la manifestación en diálogo con SEMANA: “Lo que sí puedo decir más bien en términos generales es que hay una extrema vigilancia. Muchos extranjeros han sido impedidos, por ejemplo, personas como ustedes, periodistas, es casi un delito entrar con un micrófono y una cámara a Nicaragua. Ya se han dado casos de extrema represión, de expulsión de periodistas, hasta de turismo. En tanto te vean sospechoso, pues corres el riesgo de padecer una violación a tus derechos”.

Régimen de Ortega ilegaliza la comunidad jesuita y confisca todos sus bienes

El Gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua y la incautación de todos sus bienes, en la ofensiva definitiva contra los jesuitas tras la orden contra la Universidad Centroamericana (UCA), acusada de ser un foco de protestas.

Un decreto del Ministerio de Gobernación publicado este miércoles en el diario oficial da cuenta de la última medida, bajo el argumento de que la Compañía de Jesús no informó de su situación fiscal en los últimos ejercicios y no ha renovado su junta directiva, excusas ambas recurrentes en los cierres ordenados contra organizaciones opositoras en los últimos años.

Corresponde ahora a la Procuraduría General realizar el traspaso de los bienes de la Compañía de Jesús, que serán puestos “a nombre del Estado de Nicaragua”, según el documento recogido por el diario nicaragüense La Prensa.

El régimen ya había confiscado previamente la UCA y viviendas de religiosos. La universidad ha estado en el punto de mira del Gobierno de Daniel Ortega, ya que se ha convertido en uno de los bastiones de los manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A ojos del gobierno de Daniel Ortega, la universidad se había convertido en “un centro de terroristas”, una acusación que se enmarca en la persecución a la Iglesia católica.

Managua ha disuelto este año 26 universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también han cerrado partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.