Denuncia
Caos en la salud: la intervención del Gobierno a las EPS no funcionó. Las quejas se dispararon y las pérdidas económicas van en aumento
Las intervenciones a las EPS no mejoraron el servicio, como lo prometió el Gobierno. Quejas de usuarios aumentaron y los indicadores financieros están en rojo. Tampoco sirvió que algunas prestadoras se entregaran a la Casa de Nariño. Los colombianos están preocupados.
El sistema de salud en Colombia está hecho un caos. No sirvieron las intervenciones a las EPS, con las que el Gobierno prometió mejorar el servicio para los usuarios. Tampoco funcionó que la mayoría de ellas se arrodillaran ante la Casa de Nariño. Las denuncias de posible corrupción contra ciertas prestadoras avanzan en las autoridades competentes. Han pasado cinco meses desde que el Gobierno Petro puso en marcha un plan para intervenir las principales EPS.
La Superintendencia Nacional de Salud lo hizo bajo dos argumentos principales: un grave deterioro del servicio, reflejado en miles de quejas de usuarios, y que las entidades no cumplían con indicadores financieros.
Amenazó y cumplió: el 2 de abril de este año, Sanitas, la EPS privada más grande del país, vivió una intervención forzosa administrativa. Una semana después cayó Nueva EPS. El 10 de abril, el turno fue para Servicio Occidental de Salud (SOS). Así, con la toma de estas EPS –además de las que ya vivían procesos similares, como Emmsanar, Savia Salud, Famisanar y Asmet Salud–, Petro tiene en sus manos la salud de 26 millones de colombianos. De esa cifra, forman parte 800.000 maestros del magisterio, que viven un verdadero viacrucis para acceder a servicios a través del Fomag. El remedio ha resultado peor que la enfermedad.
SEMANA consultó con expertos, médicos, pacientes y veedores, y recorrió hospitales, IPS y sedes de las entidades. Las intervenidas muestran casos dramáticos y números en rojo: las quejas se dispararon y los estados financieros son incluso más graves desde que pasaron a ser manejadas por el Gobierno. En materia de reclamos, la Superintendencia Nacional de Salud emite reportes mes a mes.
Tendencias
El más reciente, publicado en septiembre y con corte a julio, muestra que los requerimientos presentados por usuarios subieron significativamente en EPS intervenidas, pese a que son administradas por agentes interventores nombrados por la misma entidad vigilante. Los datos más recientes dejan ver un total de 928.268 quejas, comparadas con las 816.555 que hubo para el mismo período de 2023. El incremento fue del 12 %. Del total, 463.279 corresponden a usuarios de las siete EPS intervenidas. Solo durante julio estos radicaron 63.469 quejas ante el ente de vigilancia.
El caso de Nueva EPS es preocupante. Con más pacientes a su cargo, unos 11,2 millones, es, además, la única entidad en la que tiene participación directa el Estado. De hecho, poco antes de la intervención, el presidente Petro puso como director a uno de sus alfiles políticos, el cuestionado Aldo Cadena.
En enero pasado, el número de quejas era de 21.474. Y la cifra subió notoriamente para julio, cuando se reportaron 28.725 quejas solo durante ese mes. En el régimen contributivo –donde esa EPS tiene más afiliados–, se pasó de una tasa de 25 quejas por cada 10.000 usuarios a un indicador de 32.
En Sanitas, el panorama no es menos grave: para enero, cuando era aún privada, reportó 15.070 peticiones. En julio llegó a 19.288. Aunque más pequeña, con 747.230 pacientes, el Servicio Occidental de Salud tampoco vive tiempos mejores: a comienzos de año registraba 2.138 quejas al mes; hoy son 3.318. El promedio de quejas de usuarios –uno de los indicadores en los que la Supersalud justifica la intervención– pasó entonces de 25 a 32 casos por cada 10.000 usuarios.
La historia se repite en las EPS que viven procesos de intervención anteriores. En Famisanar, intervenida desde septiembre de 2023, el régimen contributivo registró 8.383 quejas en enero y el dato ascendió a 9.432 en julio. Asmet Salud, intervenida desde mayo de 2023, reportaba 2.277 en enero y en julio pasó a 2.607. Esto, pese a que el número de usuarios descendió de 1,6 millones en enero a 1,5. Ocurre igual con Emssanar, intervenida desde 2022, que registró 2.927 quejas en enero y pasó a 4.253. La cifra aumentó, pese a contar con 58.000 usuarios menos.
La situación para Savia Salud también es crítica. Tenía reportes de 4.503 quejas para enero y la estadística en julio subió a 5.704. Otra EPS al mando de administraciones territoriales, Capital Salud, pasó de 3.425 a 4.141 en julio. Dicha entidad es un caso particular, dado que ya salió de la medida de intervención. La Alcaldía de Carlos Fernando Galán le inyectó 91.000 millones de pesos y Distrito y Gobierno aplican un plan de vigilancia sobre ella.
La crisis también se cuenta en tutelas. El informe Acceso y oportunidad: objetivos de la calidad en salud, de Así Vamos en Salud, suma 84.445. Esto, según Augusto Galán, su director, revela no solo lo obvio –deficiencias en la prestación de servicios–, sino “un creciente descontento entre la población”.
La aguda crisis encendió las alarmas. “El Gobierno está empeñado en aplanar la curva de reclamos para disimular el fracaso de sus medidas y la incapacidad para responder eficazmente a todos los radicados, que, más que un número en alarmante aumento, significan casos de pacientes que necesitan soluciones inmediatas”, dijo la congresista Catherine Juviano, quien realizó un debate de control político en abril, el momento más crítico de las intervenciones, cuando se llegó a un pico histórico de 154.267 quejas.
Números en rojo
El segundo argumento con el que se justificaron las intervenciones apuntaba a que las EPS no cumplían sus indicadores financieros.
Este mismo viernes, tras presentar una nueva reforma a la salud en el Congreso, Petro reiteró una vieja tesis: el problema no es la escasez de recursos, sino el mal manejo que las EPS hacen de ellos. “No se quiere hacer (acoger la reforma), porque hay un enorme negocio de unos cuantos con dineros públicos. Girar más dineros de lo que hoy hacemos es hacer más negocios con la salud. Las EPS se salvan solo si se transforman en gestoras y dejan de ser aseguradoras. Han demostrado que no pueden seguir, porque como toda aseguradora financiera debe tener recursos en reservas técnicas, y las EPS desaparecen las reservas técnicas”, dijo en su cuenta de X.
Ese cambio, pasar de EPS a gestoras, causa polémica. Varias de ellas cedieron a las pretensiones del Gobierno y, bajo el nuevo modelo, cobrarían comisiones de un 8 %, sin que hasta ahora sea claro cuál será en realidad su papel. Lo que sí es claro es que, en los últimos cinco meses, las cuentas de las EPS intervenidas son críticas. Sanitas, por ejemplo, reporta pérdidas por 200.000 millones de pesos con corte a junio, 50.000 millones cada mes. Y le adeuda a la red hospitalaria una cartera de 35.511 millones. La cifra la conoció SEMANA de una fuente interna que prefirió no dar su nombre.
Lo que llama la atención desde el inicio de las intervenciones es la falta de transparencia del Gobierno en la divulgación de la situación financiera de las EPS. Antes de abril, para ambientar la intervención, la Supersalud publicaba sin falta, mensualmente, datos detallados. Desde entonces dejó de hacerlo. Meses atrás, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, convocaba a ruedas de prensa en las que abundaban gráficos y cifras. El argumento del funcionario siempre apuntaba en la misma dirección: Sanitas hacía mal uso de los recursos. “Uno quisiera montar una EPS para poder tener en los bolsillos tanta plata”, llegó a decir.
En el caso de Savia Salud, la deuda con la red de prestación de servicios del departamento es alta. Cifras conocidas por SEMANA muestran que mientras para diciembre de 2023 tenía una cartera de 415.878 millones de pesos con hospitales, el número ascendió a 508.859 millones para julio, tanto con públicos como privados. La demanda de servicios de urgencia y consultas externas aumentó, lo que da cuenta del deterioro: para finales de 2023 tenía un promedio de 4.300 reclamaciones por mes y llegó a 2024 con 5.780. Por los lados de la Nueva EPS, hay pendientes pagos por 213.617 millones.
En diálogo con SEMANA, Julio Alberto Rincón, gerente interventor, explicó que en medio de esa grave crisis suspendió el pago a más de 140 IPS, pues “hay una variación desbordada en facturación. Aumentos de 80 y 100 % de un mes a otro. IPS que facturaban 100 millones al mes siguiente lo hacían por 200 o 150. Eso genera sospecha”. Lo grave es que, mientras la Nueva EPS hace sumas y restas y suspende pagos, esas IPS ya “amenazan con no prestar los servicios”, como reconoció el propio Rincón en SEMANA.
Capital Salud vive una situación agravada por un escándalo sobre el que concejales de Bogotá y sindicatos han puesto la lupa. Se crearon siete cargos de asesores para la Dirección Jurídica y la Gerencia General que ganan entre 13 y 18 millones de pesos mensuales y cuyos roles no existían antes. Uno de ellos es el exconcejal Libardo Asprilla Lara, de la Alianza Verde, cercano a la exalcaldesa Claudia López, quien dirigió el Instituto para la Economía Social (Ipes) en su administración, pero ahora funge como asesor de la EPS.
Emssanar, cuya población cubierta pertenece en su mayoría al subsidiado, fue intervenida en julio de 2022 por el exsuperintendente Fabio Aristizábal. Poco después de la llegada del nuevo Gobierno cambiaron al interventor, que se reemplazó de nuevo en mayo de 2023. Han pasado ya tres gerentes, lo que ha causado hasta muertes por negligencia.
Óscar Acosta, de la veeduría ciudadana Mi Comuna, critica la forma en la que se maneja la intervención. “Nos ponen a hacer largas filas. Muchos llegan a las once o doce de la noche” del día anterior con la esperanza de ser atendidos al siguiente. “Algunos duermen en la calle, pero no alcanzan a recibir las fichas de atención a las ocho de la mañana, por lo que no les entregan insumos ni medicamentos”.
El centro del problema estaría en un nuevo modelo de contratación que ahora paga por cada servicio prestado, lo que reemplaza el pago a proveedores e IPS mensualmente. Esta veeduría denuncia que el interventor suscribió contratos “amañados” con amigos. “Las contrataciones son amañadas, solo con cuatro o cinco. Hemos denunciado, pero es imposible ser escuchados por la mafia corrupta tan grande”, sostuvo Acosta, quien enfrentó la muerte de su madre por esos presuntos malos manejos.
“Es la EPS de la muerte. Fue negligencia lo que mató a mi madre hace un mes. Tenía epoc. Nunca le entregaron los medicamentos ni los exámenes autorizados. Llevarla a una clínica privada era como comenzar de nuevo. Tuvimos que trasladarla a otras clínicas y murió ocho días después de un plantón que hicimos”.
Igual sucede con Asmet Salud, la primera EPS intervenida por Petro, con millón y medio de afiliados. Tras un año y cuatro meses, persisten multimillonarias deudas con proveedores y varios han tenido que cerrar sus IPS por la situación que atraviesa la EPS. Uno de ellos reveló en SEMANA que la situación se hizo tan insostenible que tuvo que despedir a 400 trabajadores y luego cerró el centro asistencial. Mientras tanto, los pacientes no saben a dónde ir para obtener atención en salud y medicamentos, dado que los proveedores cambian con frecuencia.
Tanto Asmet Salud como Emssanar impactan de forma directa al Valle del Cauca, donde el sistema de salud hace agua por la abultada cartera en la red pública de hospitales. “Las EPS intervenidas deben recursos que no han podido pagar, no hay dineros adicionales. Al departamento le adeudan 600.000 millones de pesos. Recibimos propuestas de las EPS de disminuir la cartera a la brava. Pedían que les cedieran el 50 % de la cartera porque sí. Nos opusimos. Los hospitales no tienen por qué entregar dineros para beneficiar particulares”, señaló Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.
El servicio de las EPS intervenidas solo empeora. “No logran pagar, cambian de IPS prestadoras, tratan de solucionar su crisis financiera reduciendo costos de contratación. Como no hay más plata, ajustan gastos. Están contratando por menos, desbaratando los contratos”, denunció la funcionaria.
Según Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, la cartera aumentó “tanto corriente como envejecida. A corte de julio, era de 39.000 millones de pesos. Preliminarmente, a corte del 31 de agosto, tenemos una disminución de 10.000 millones de pesos con el flujo de la última semana”.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, hace cuentas: la deuda de las EPS intervenidas supera los 1,6 billones, con una morosidad superior a 43 %. Sanitas es la mayor deudora, con 825.655 millones. Savia Salud debe 438.183 millones. Le siguen Emssanar, con 410.820 millones y Asmet Salud, con 303.658 millones.
Viacrucis de los pacientes
Más allá de números, quienes padecen la crisis del sector son millones de pacientes. Asociaciones consultadas por SEMANA coinciden en que el acceso y la atención han desmejorado drásticamente. E insisten en un argumento que el Gobierno niega: los recursos destinados al sistema son insuficientes. Pero sí lo son. No solo para asumir las deudas de 2023, sino para cubrir los valores pendientes de este año, pues desde julio no se han girado los montos de presupuestos máximos. A la fecha, las deudas se calculan en más de 2 billones. El propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció con desdén que aún no sabía si esos dineros iban a llegar antes de diciembre próximo.
Acemi, que agrupa a las EPS privadas, advierte que 1,3 millones de pacientes se verían afectados por el impago de los presupuestos máximos, que se destinan a cubrir medicamentos, tratamientos y tecnologías no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Dichos dineros están dirigidos principalmente a pacientes con enfermedades raras, de alto costo y difícil tratamiento.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, lo resume en una frase dolorosa: “Nos están condenando a muerte”.
Así lo cree también Diego Fernando Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, para quien “la vida de miles de pacientes con enfermedades huérfanas peligra”. Ante la escasez de recursos, estos enfermos son los primeros que ven suspendidos tratamientos y medicamentos por las IPS.
“Las enfermedades huérfanas son crónicamente debilitantes, por lo que la suspensión de los servicios de salud tiene consecuencias fatales”, aseguró Gil. Y llamó la atención sobre “que, a pesar de los mandatos de la Corte Constitucional, no se están garantizando tratamientos para 100.000 casos que están en el registro de pacientes con enfermedades poco frecuentes”.
La crisis también ronda los servicios de pediatría. “Se ha incrementado el cierre de servicios y camas en Bogotá, Cali, Medellín, Pasto”, denunció Diocel Orlando Lancheros, vocero del Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia (Sicolped). Solo este año, la capital del país dejó de contar con 90 camas, pese a que ya Colombia afronta su segundo pico de enfermedades respiratorias, que afectan principalmente a niños, como virus sincitial, covid-19 e infección respiratoria aguda, que dejan 309 menores fallecidos.
“El principal argumento de las IPS para cerrar estos servicios es que no son rentables. No se les prestan exámenes o acceso a especialistas”, relató el pediatra. Lo más grave es que escasean medicamentos “esenciales, como anticonvulsionantes, y antibióticos comunes, como amoxicilina. Las instituciones no están comprando los medicamentos que se necesitan, pues sencillamente la plata no alcanza”.
Y mencionó un caso que da una dimensión de la crisis: “El Hospital Simón Bolívar, que tiene la unidad de quemados más grande del país, dejó de prestar servicios de microbiología. A pacientes de semejante gravedad no les puede facilitar cultivos de orina o sangre, porque no tiene insumos. También hay miles de biopsias represadas porque no las están procesando”.
Quienes también se han visto afectados son pacientes con VIH, que en el país suman 134.636, según la Cuenta de Alto Costo. Lo narra Janeth del Pilar Valencia Lerma, desde Cali, diagnosticada desde hace 25 años. “La entrega de retrovirales, como dolutegravir, ha dejado de ser constante. En mi caso, la última dosis la recibí hace más de un mes. En pacientes con VIH, estos hacen la diferencia entre la vida y la muerte. No consumirlos en tiempos y dosis adecuados nos expone a que se bajen las defensas y que nos mate hasta una gripa”.
Enfermedades tan graves como las oncológicas también sienten el caos. Jorge Hernández, salubrista y coordinador del Observatorio de Salud Pública de la Universidad de los Andes, puso un caso: “El indicador de oportunidad de atención para cáncer de cérvix (que deja 1.500 muertes anuales) cambió. Ese indicador es el tiempo entre la remisión del médico que atiende inicialmente el caso y la institución que confirma el diagnóstico e inicia el tratamiento. Hoy se ubica en 90,32 días en el régimen contributivo y 114,79 en el subsidiado. Debería estar por debajo de 60. Con el desmonte del sistema de salud, promovido por el Gobierno, dichos indicadores se seguirán deteriorando”.
Salud de los maestros
Capítulo aparte se escribe en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que atiende la salud de los maestros. El modelo sería el ‘piloto’ de la reforma de Petro, que sacó pecho tras suspender la licitación para servicios en las regiones. Y, como el país conoce, el caos desbordó la capacidad de la Fiduprevisora. Cifras de la representante Jennifer Pedraza muestran que desde el primero de abril, cuando entró en vigencia, se registran 14.500 quejas, 170 por día. Mientras tanto, los maestros y sus familias hacen filas interminables por servicios que el Fondo paga por evento, lo que complica la fluidez en la atención.
“El Gobierno dice que intervienen para salvar, pero la gran mayoría de EPS intervenidas no logran mejorar sus indicadores financieros, asistenciales, jurídicos y administrativos”, dijo, tajante, Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud.
Muchas de ellas, añadió, “han empeorado sustancialmente y aun así se mantienen las intervenciones, sin que se tomen medidas para proteger a usuarios y proveedores. Casos como Emssanar, Asmet Salud y Savia Salud deberían prender las alertas de los entes de control”.
“Se están apropiando de los dineros de la salud con miras a aceitar la maquinaria electoral para que el proyecto Petro se perpetúe”. Que hoy la salud de la mitad de los colombianos esté en manos del Gobierno le permite tener a su disposición 8 puntos del PIB. “Aquí lo que menos importa es el costo en vidas humanas o la desmejora de los servicios”.
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