Caso Pegasus: Congreso hará un nuevo debate para pedir explicaciones a las autoridades

El pasado 4 de septiembre, en medio del paro camionero, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con una alocución. Muchos colombianos esperaban que el primer mandatario se refiriera al paro camionero, que tenía a varias regiones paralizadas y a miles de personas sin la posibilidad de asistir a sus trabajos, acudir a sus tratamientos médicos o asistir a clases. Sin embargo, el discurso del primer mandatario no fue en ese sentido.

En ese momento, el primer mandatario dijo que se quería referir a un tema que le parecía “más preocupante”. Y habló de dos hechos: el primero, cuando varios magistrados comenzaron a decir que sentían que estaban siendo interceptados en sus teléfonos. El segundo, —afirmó el mandatario— cuando “siendo candidato presidencial y faltando 15 días para finalizar la campaña electoral, hubo una andanada en dos medios de comunicación, intentando transformar los resultados de las encuestas en contra mía”

Petro aseguró que no es la primera vez que ha sido víctima de interceptaciones ilegales. Y añadió que, acto seguido, iba a leer un documento fechado el pasado martes 27 de agosto de 2024.

El texto iba dirigido a Luis Eduardo Llinás Chica, director de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), y se calificaba como un informe de contenido “sensible”, que no podía ser difundido fuera de esa entidad sin el consentimiento previo por escrito de la autoridad contra el terrorismo israelí.

El documento advertía que su información solo podía ser usada con fines de inteligencia y no como prueba en un eventual proceso judicial. La comunicación se refiere a información de NSO Group, una empresa israelí señalada en el mundo de manejar un software espía llamado Pegasus. El presidente explicó que ese software permite interceptar cualquier número celular y, por tanto, lo que se hace en el mismo.

El primer mandatario habló de un punto específico, los supuestos giros bancarios que se habrían hecho a la cuenta de NSO (dueños de Pegasus) desde Colombia. Los hechos se habrían presentado, según el primer mandatario, en julio y agosto de 2021, “antes de las campañas que comienzan en octubre y en medio del estallido social en Colombia, ese sí un movimiento social”, dijo Petro.

El presidente cuenta que allí, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de 5,5 millones de dólares en efectivo en la cuenta de la empresa en Israel. “El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares formado por NSO y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia (Dipol) para la compra de Pegasus”.

El presidente acusó entonces de frente: “La Dipol compró en efectivo, por 11 millones de dólares, a una empresa israelí, un software para espiar celulares, en medio del estallido social y antes de las campañas”. El efectivo —agregó Petro—– fue “transportado de Bogotá a Tel Aviv (Israel) el 27 de julio de 2021, fue declarado a la aduana israelí y entregado a la empresa el 30 de julio”. El primer mandatario dijo que, según el reporte, se esperaba que otros cinco millones de dólares llegaran más adelante.

Por esa razón, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Defensa, anunció un debate de control político para revisar a fondo este asunto y buscar explicaciones.

Toro aseguró que la sesión se hará en los próximos días y que lo importante es establecer presuntas responsabilidades. “Hemos citado de manera urgente una sesión especial para conocer los manejos detrás del software de espionaje Pegasus, que presuntamente ha sido utilizado para espiar a opositores, líderes sociales y otros países”, dijo.

Agregó: “Vamos a exigir respuestas claras sobre los recursos y la autorización de este ataque a la misma democracia. La sesión va a contar con la presencia de la Fiscalía, la UIAF, la Dirección de Inteligencia de la Policía, a quienes se les escuchará sobre el origen de los recursos que posiblemente podrían estar vinculados al narcotráfico”, añadió.

Los otros dos citantes al debate son el representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena, Norman Bañol y Carmen Felisa Ramírez.

“Hemos convocado a la UIAF, a la Dipol, pero también al Ministerio de Defensa y hemos invitado a la Fiscalía General de la Nación”, aseguró Bañol, quien alertó que supuestamente ese software se seguiría utilizando.

Aunque no está claro todavía si la sesión será reservada, la idea será obtener allí toda la información de lo que ocurrió con base en unos cuestionarios que serán enviados a diferentes entidades. “Dado el alcance de estas denuncias y las graves implicaciones para la seguridad nacional, los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, especialmente actores judiciales y políticos y para la misma estabilidad nacional, solicitamos que, ante el Pleno de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, se realice sesión informativa completa y detallada al respecto de este tema”, dice la citación.

Recientemente, el senador Iván Cepeda radicó una denuncia en contra del expresidente Iván Duque para que se investigue si incurrió en alguna falta o no sobre este asunto.