Catherine Juvinao revela 3 nuevos escándalos de corrupción en UNGRD: contratos para jagüeyes, más carrotanques y ‘corbatas’

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, denunció un posible nuevo escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La congresista señaló que había un contrato para la construcción y rehabilitación de pozos de agua e Uribia, que se conocen como jagüeyes, para los que se destinaron 74.984 millones de pesos.

Si bien se trataba de unos jagüeyes para diferentes zonas del departamento, solo para Uribia destinaron el 81 % de estos. “Es una absoluta irresponsabilidad que el Gobierno no asuma que acá tiene mucho que decir, mucho por qué responder”, cuestionó el representante Duvalier Sánchez, de la misma colectividad.

La UNGRD expidió un plan nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño en octubre de 2023 con 2.458 acciones por ejecutar y 2,3 billones de pesos de inversiones. La representante Juvinao señala que solo se ejecutaron el 33 % de las acciones de anticipación para ese fenómeno y el 31 % de las que eran de carácter anticipatorio, es decir, no se aplicaron las medidas preventivas a tiempo.

Además, el otro escándalo que revela Juvinao es otro contrato para la adquisición de 222 carrotanques, el más grande que se ha hecho hasta el momento en la UNGRD. Un tercer tema que denunció la congresista fue la contratación ‘corbata’ –personas que cobran sin trabajar–, que habría sido usado para pagar favores políticos desde la entidad.

En el caso de los jagüeyes de Uribia, Juvinao reveló que se hicieron órdenes de proveeduría por 75.000 millones de pesos. Se trata de pozos que se hacen en zonas desérticas para que las personas puedan abastecerse de agua.

Juvinao encontró un Plan de Acción para este programa por 4.420 millones de pesos. La congresista dice que en medio de lo que habrían hecho Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la entidad, terminaron apropiando 74.984 millones de pesos. El 81 % de esos jagüeyes iban para Uribia. Juvinao le pidió al director Carlos Carrillo que le ponga la lupa a ese municipio.

La congresista compartió una tabla en la que evidencia que Uribia fue el departamento más beneficiado con estos jagüeyes, muy por encima de los demás. Tuvo una inversión de 62.603.160.943 pesos, es decir, el 81 % para 1.376 jagüeyes, de los cuales fueron ejecutados 164 y quedaron pendientes 1.212. Mientras que los otros cuatro municipios (Maicao, Riohacha, Manaure y Albania) suman 12.381 millones de pesos. Los contratos fueron firmados entre agosto y octubre del año pasado, cuando estaban en plena campaña electoral.

Juvinao reclama que no existía justificación técnica para entregarle a Uribia los más de 1.300 jagüeyes, ya que el municipio cuenta con 160.711 habitantes, mientras que los otros tienen más. “No se entiende esa distribución de jagüeyes tan amañada para Uribia”, cuestionó la congresista.

Un problema adicional es que a muchos de los contratistas no les han pagado a pesar de que ya les entregaron el programa. A otros ni siquiera se les ha entregado acta de inicio, aunque se firmaron desde finales del año pasado. El problema es que si pasados los tres meses no está esta acta, se tiene que anular, pero eso no ha sucedido.

La congresista evidencia que “todos los caminos conducen a Uribia”. Juvinao fue más allá y habló de políticos de Uribia que podrían estar detrás del entramado. Mencionó al alcalde Jaime Luis Buitrago, del Partido Conservador, y al exalcalde Bonifacio Henríquez, quienes son ahijados políticos de un “gran aliado” del presidente Gustavo Petro que es el senador Carlos Andrés Trujillo. “Ha apadrinado inversiones tanto en Itagüí como en La Guajira”, afirmó Juvinao.

Igualmente, denunció que la interventora Cecilia Marina De Ávila Torres sería una empresa fantasma que fue creada en Barranquilla en 2019. La compañía no tenía experiencia. Pero, además, dos contratistas de Santander de la ESE regional del Magdalena medio, sin experiencia en gestión del riesgo, son las directivas de la interventoría. De Santander es Sneyder Pinilla. Además, las oficinas Intraffic en Barranquilla no existen.

Juvinao denunció que además de los 40 carrotanques que ya se conocían, habría otros 222 en 10 órdenes de proveeduría que podrían ser otro escándalo por un valor de 35.332.862.289 pesos. Esos contratos también se hicieron en campaña.

Asimismo, se le habría dado una gran cantidad de dinero a asociaciones indígenas que nada tienen que ver con los carrotanques.

La congresista concluyó pidiendo que el presidente Gustavo Petro responda políticamente por este escándalo, como lo exigía con los presidentes cuando era un senador de oposición.

Y que varios de estos contratos se habrían hecho en medio de la aprobación de las reformas en el Congreso. “La pregunta es si esto es un actuar deliberado de un Gobierno o una estrategia articulada planeada entre altos funcionarios y congresistas que saquearon la UNGRD para aprobar reformas”, cuestionó la congresista.