Centro Democrático radica proyecto de ley para proteger a los líderes sociales, ¿en qué consiste?

Colombia cerró el primer trimestre del año con una cifra desesperanzadora: en este periodo fueron asesinados 33 líderes sociales en el país.

De acuerdo con los datos que recolectó la organización Human Rights Watch, se presentaron 12 casos en el mes de enero, ocho casos en febrero y el mes de marzo cerró con 13 casos de homicidios de líderes, la cifra más alta del trimestre.

Esta situación de inmediato encendió las alarmas en varios sectores, hasta el punto que se acaba de radicar un proyecto de ley en el Congreso que establece una hoja de ruta para la protección de esta población.

Sin embargo, ha llamado la atención que la iniciativa no fue radicada por los llamados sectores alternativos, que en menos de un año llevaban un conteo estricto de cada asesinato de líderes, sino por el Centro Democrático.

La iniciativa crea un fondo para que las entidades territoriales cuenten con recursos para atender las necesidades de la estrategia, la descentralización de las funciones para evitar demoras al implementar las medidas iniciales y transitorias, y protección inmediata hasta por seis meses, mientras la Unidad Nacional de Protección hace la evaluación del riesgo.

Igualmente, se establece la “Estrategia Integral y Oportuna de Atención que permita al Gobierno nacional y a las entidades territoriales responder eficazmente en los casos donde los líderes sociales, defensores de derechos humanos, y personas objeto de protección, se encuentren en riesgo”.

La implementación de esta estrategia estaría en cabeza de las entidades territoriales, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Unidad para las Víctimas, Ministerio de Defensa, y el Ministerio del Interior.

“La Búsqueda Activa estará a cargo de los departamentos en coordinación con los municipios, quienes establecerán mecanismos permanentes y sistemáticos de identificación de riesgos y contextos de amenaza”, indica la iniciativa.

Igualmente, se obliga al Estado a elaborar un Registro de Organizaciones Sociales que permita identificar tempranamente a los líderes sociales, defensores de derechos humanos, y organizaciones, así como el área de influencia, área de trabajo, actividades comunitarias, entre otros factores, elementos y condiciones de su entorno.

Así mismo, se deberá “realizar un proceso permanente de identificación de riesgos, a través de la proyección de escenarios de riesgo a los cuales se podrían ver expuestos las personas de que trata esta ley”.

En Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay denunció que los líderes y lideresas sociales, quienes son una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro, también padecen las consecuencias. De acuerdo con el parlamentario de oposición, los asesinatos a dicha población han aumentado desde que inició el mandato.

Según las cifras del senador, entre agosto y diciembre de 2022 se reportaron 72 asesinatos a líderes sociales. Durante el mismo periodo, en 2021 murieron cuatro personas menos, lo que equivaldría a un aumento del 6 %. De acuerdo con Uribe, desde que empezó el Gobierno han sido asesinados cien líderes sociales.

A su vez, el senador también denuncia aumento en las masacres, que durante los primeros meses del Gobierno llegaron a 60. También aumentó el número de víctimas, dado que durante este periodo cobraron las vidas de 127 personas, superando en un 7 % el número de muertes en masacres de 2021. En total, se registran 205 víctimas en lo que va de la administración del presidente Petro.