Ciudadanos extranjeros estarían robando y extorsionando a bicitaxistas en Suba

Una asociación de bicitaxistas en San Cipriano, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, denunció en diálogo con SEMANA cómo desde hace dos meses un grupo de ciudadanos extranjeros, al parecer de nacionalidad venezolana, estaría robando y extorsionando a diario a los conductores de estos tricimóviles en esta zona de la capital del país. Según los denunciantes, las autoridades no han hecho nada al respecto, a pesar de que están al tanto de la grave situación que se presenta.

Todo habría iniciado desde mediados de febrero, cuando personas ajenas a la ruta que cubren estos bicitaxis, empezaron a informarles a los conductores que se había conformado una nueva organización, la cual iba a empezar a administrar la ruta y que a partir de ese momento, sin excepción, debían comenzar a pagar una cuota diaria de $30.000 para poder operar y transitar por la zona.

Con el pasar de los días, la situación fue empeorando. Los conductores de estos bicitaxis que se negaron a trabajar para esta ‘nueva organización’ no solo empezaron a ser amedrentados por estos delincuentes, sino que también han sido víctimas de hurtos, pues a la fecha ya se han robado 12 tricimóviles, en especial en horas de la noche.

Antes de que empezaran las extorsiones, estos bicitaxis estaban legalmente constituidos a una asociación y en muchos de los casos quienes manejaban los bicitaxis únicamente eran conductores de estos vehículos, por lo que a diario debían pagarle una cuota al accionista de la asociación, es decir, al dueño del bicitaxi, pero ahora con la llegada de los delincuentes no solo están perdiendo los conductores porque les están exigiendo un dinero a diario para poder trabajar, sino que también están perdiendo los verdaderos dueños de estos tricimóviles, pues no han vuelto recibir el pago que les corresponde.

Como si fuera poco, los delincuentes no solo están extorsionando a los conductores que llevan años trabajando en esta zona, sino que también están introduciendo nuevos bicitaxis a la ruta, los cuales tendrían dudosa procedencia, según le afirmaron los denunciantes a SEMANA.

Los conductores y accionistas de la asociación, que está legamente constituida, acudieron desde hace varias semanas al CAI Mazurén y CAI San José de Bavaria para poner las denuncias respectivas por los delitos de los que están siendo víctimas, pero hasta el momento las autoridades no han hecho nada al respecto.

Esta grave situación con estos bicitaxistas en Suba también llegó al Concejo de Bogotá. La cabildante de la Alianza Verde, María Clara Name, expuso la crítica realidad que se vive en esta localidad.

“En los últimos días hemos recibido denuncias del gremio de bicitaxistas, en las que aseveran que están siendo víctimas de hurto (de su herramienta de trabajo, bicitaxis), lesiones personales, amenazas, extorsiones y otros hechos delictivos que reciben de diferentes organizaciones criminales, y que, a pesar de las denuncias presentadas ante las autoridades, a la fecha, no han recibido respuesta alguna”, comentó Name.

La concejal puntualizó que día a día, la situación de los bicitaxistas en el territorio se ha venido deteriorando; no solo son estigmatizados y discriminados por ser informales, sino que ahora son observadores pasivos y víctimas del actuar criminal. “Es cierto que la actividad y el servicio que presta el gremio de bicitaxis es informal, pero ello no quiere decir que sea ilegal”, subrayó.

En ese sentido, la cabildante manifestó: “No debemos olvidar que el bicitaxismo es un oficio realizado en su mayoría por madres y padres, cabeza de familia, jóvenes sin opción de estudios ni trabajo, personas con discapacidad, adultos mayores que no tienen quién los ayude económicamente y deben generar ingresos para su sostenimiento”.

Ante las circunstancias presentadas, la concejal Name Ramírez propuso a la Administración realizar un pacto urgente con los bicitaxistas para que se establezcan soluciones y parámetros claros en el uso, goce y disfrute del espacio público que redunde en una mejor convivencia y bienestar de esta población, a fin de lograr estabilidad laboral, social y brindarles protección a su integridad personal y a sus bienes.