Clan del Golfo reitera que no dejará las armas, pero el Gobierno Petro insiste en negociar con este grupo narcotraficante: ¿tiene futuro este diálogo?

El Gobierno Petro sigue apostándole a la paz total, a pesar de que el ELN, las Farc y la Segunda Marquetalia continúan fortaleciéndose militarmente y expandiéndose por el territorio nacional, recordando lo que fue el orden público hace dos décadas. En los dos años de mandato, Petro les apostó a ocho procesos de diálogo con grupos armados ilegales de orígenes diversos y ninguno ha tenido un avance positivo. Por el contrario, son los criminales los que ponen las condiciones para seguir en negociaciones.

Aunque la ambiciosa apuesta puede tener el fin loable de ponerle freno a la guerra, los resultados han sido adversos, y la paz total no ha logrado consolidarse como una política de Estado, aumentando la incertidumbre en las regiones.

En medio de este escenario, el presidente Petro anunció unas conversaciones “sociojurídicas” con el Clan del Golfo, que se adelantarán sin ninguna base legal para llegar a buen término. Como no hay esa claridad, no tiene sentido dialogar con un grupo criminal que no quiere someterse a la justicia y que tampoco quiere entregar las armas.

Si las conversaciones resultan favorables, el Gobierno Petro no tendría qué ofrecerles a estos criminales, pues no hay una política de sometimiento a la justicia que permita dar ese paso. Esa iniciativa se presentó en el Congreso y se hundió por la cantidad de beneficios, a cambio de nada, que se les daba a estos delincuentes comunes.

El Gobierno quiere aferrarse a la Ley 722, también conocida como ley de paz total, pero la Corte Constitucional no aceptó las condiciones de sometimiento que se plantearon allí y le pidió al Congreso legislar en esa materia.

“El comandante Javier, que es el comandante máximo de este grupo armado ilegal, ha dicho claramente que no va a haber sometimiento, que lo que se requiere para la pacificación del territorio y del país es justicia transicional y no sometimiento”, dijo Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo.

De hecho, indicó que la resolución que dio vida a este diálogo se hizo de manera unilateral y que no fue concertada con el grupo criminal.

De igual forma, sostuvo que la resolución en la que reconoce y autoriza a los integrantes del Clan del Golfo para que se sienten con el Gobierno son actos administrativos expedidos por el presidente Gustavo Petro, pero no fueron concertados con ese grupo armado.

Por esa razón, no se entiende por qué Petro pidió suspender las órdenes de captura en contra de comandantes de ese grupo, entre ellos alias Chiquito Malo, uno de los criminales más buscados.

El Clan del Golfo tiene presencia en 392 municipios y en 24 de los 32 departamentos de Colombia. Sobre ellos recaen delitos de reclutamiento, desplazamiento, confinamientos, masacres y extorsiones. Sin embargo, el Ejecutivo busca un diálogo político.

Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, reconoce que en este momento no hay un camino jurídico para sustentar este diálogo, pero que seguramente ese asunto se irá resolviendo con el paso de los días.

“Hay un vacío jurídico y legal para el sometimiento de estos grupos, eso no se ha hecho. Pero lo cierto es que el Clan del Golfo es uno de los grupos más fuertes y sucesores del paramilitarismo, por lo que creo que debe buscar la manera de continuar y determinar si tienen voluntad de someterse a la justicia”.

Uribe cree que se podrían explorar caminos, como modificar la Ley de Justicia y Paz, o aplicar, por ejemplo, los principios de oportunidad contemplados en la justicia ordinaria.

En ese orden de ideas, este nuevo frente de negociación podría ser un salto al vacío y una causa de diferencias políticas con Estados Unidos, ya que muchos cabecillas de este grupo criminal están pedidos en extradición por su relación directa con el narcotráfico y otros delitos.

Como no está despejado el camino que se tomará, este acercamiento podría quedarse sencillamente en un anuncio del Gobierno o en el fortalecimiento de este grupo criminal, que ya ha dejado claros sus principales propósitos: multiplicar la ocupación de territorio, obtener el respaldo de la sociedad civil, justificar las acciones delincuenciales con fines políticos y crear un partido.