Claudia López advierte los problemas legales que tendría Bogotá si se cambia el contrato del Metro

Continúa la polémica en relación con la construcción del Metro de Bogotá, que ha enfrentado fuertemente al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la alcaldesa de la capital, Claudia López.

En ese sentido, la mandataria de Bogotá dijo que la ciudad “necesita su metro”, y acusó que: “No se puede amenazar con que si no cometemos una arbitrariedad nos quitan recursos. Esto también afecta el Regiotram Norte y, en consecuencia, a Bogotá-Región. Tenemos que hacer más y trabajar juntos”.

Y advirtió los problemas legales que tendría la capital del país si se cambia el contrato del proyecto del metro.

“La Línea 1 del Metro tiene contrato en ejecución que si se incumple generaría litigios y parálisis. En cambio, podemos cumplir a cabalidad para tener Línea 1 y otras obras que necesitamos: Línea 2, calle 13, ALO Sur y ampliación de la Autopista Norte y séptima”, dijo.

Más temprano se registró un nuevo capítulo del ‘agarrón’ en el que están enfrascados el presidente y la alcaldesa por el proyecto; en esta ocasión, la manzana de la discordia fue la compra de predios para el megaproyecto.

Nuevamente por medio de la plataforma Twitter, el mandatario colombiano lanzó agudas pullas en contra de López al advertir que en Bogotá el Distrito estaría adquiriendo bienes sin estudios de diseño.

Y fue más allá el jefe de Estado, pues calificó ese proceso de compra de predios como “expropiación” de las familias que viven en la capital del país, específicamente en zonas de afectación de las obras del Metro de Bogotá.

Aprovechó ese espacio para asegurar que al tener el Metro de Bogotá subterráneo, como ha sido su idea desde un principio cuando fue alcalde de la capital, según él se valorizan todos los predios.

“Aquí se evidencia cómo compraron predios sin tener estudios de diseño. Expropiaron a familias bogotanas sin tener estudios. Al subterranizar se valorizan todos los predios, incluidos los expropiados por el Distrito. No hay detrimento, sino enriquecimiento patrimonial”, trinó el presidente Petro.

La postura del mandatario colombiano se generó después de una explicación de la alcaldesa, quien dijo en varios medios de comunicación que los “predios son justamente para hacer las estaciones elevadas. Podríamos incurrir en un detrimento patrimonial por no usar plata que ya invertimos”.

Y sobre los recursos de la segunda línea del proyecto indicó Petro: “La plata para la segunda línea del Metro de la que habla la alcaldesa es una vigencia futura de la Nación que arranca en 2028 con 23 billones. Nuestro Gobierno termina en 2026″.

Procuraduría pidió documentos clave

La procuradora Margarita Cabello se refirió a la solicitud del presidente Gustavo Petro de modificar el Metro de Bogotá. Desde el departamento del Atlántico, la líder del Ministerio Público le solicitó al Gobierno nacional mostrar la documentación y los conceptos jurídicos que permitirían replantear la primera línea, con el fin de llevarla a cabo de forma subterránea.

La documentación, según Cabello, es clave para hacer un análisis de los beneficios de llevar a cabo la obra de forma subterránea.

“Escuchamos que hay otros estudios de algunos abogados que dicen que todas estas preocupaciones en la Procuraduría quedarían superadas. No hemos mirado esa documentación. De pronto, si la miramos o si las muestran, podremos hacer un análisis para determinar si evidentemente es más beneficioso para la ciudad hacer un metro subterráneo”, indicó la procuradora.

Según Cabello, lo que se conoce hasta ahora es que existen preocupaciones con respecto a alterar un contrato que ya se firmó. “Hasta ahí vamos, vamos a ver qué pasa más adelante. Miraremos los conceptos y las documentaciones completas para ver si lo que se dice es cierto o no es cierto”, anotó.

Sin embargo, destaca que existe un contrato firmado y una obra en curso. De tal manera que no sabe de qué formas se podría alterar lo anteriormente pactado.

“Lo que es cierto hoy es que ya hay una firma, ya hay un contratista, ya hay un contratante, ya se iniciaron unas obras. Esos contratos están con unos objetos específicos, con una planeación específica y lineamientos específicos. No sabemos cómo van a meterle cambios sin que se afecten las reglas contractuales de validez y cumplimiento contractual”, concluyó la procuradora.