Clave respaldo a Francisco Barbosa: fiscales y procuradores de Latinoamérica expresan “preocupación”

Un duro pronunciamiento firmado por los más reconocidos fiscales y procuradores de América Latina le da al fiscal Francisco Barbosa un importante espaldarazo frente al zarpazo del presidente Gustavo Petro. La semana pasada, el primer mandatario aseguró que él era el jefe del fiscal, en unas declaraciones que generaron una controversia nacional y el rechazo de la Rama Judicial colombiana.

En esta oportunidad, los fiscales y procuradores, miembros de la AIAMP escribieron una carta en la que expresan sus reparos a ese pronunciamiento. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos es una entidad sin fines de lucro, que como señala su nombre, integra a los Ministerios Públicos de Iberoamérica. Fue fundada en la República Federativa de Brasil en 1954, como Asociación Interamericana de Ministerios Públicos, y posteriormente, con la incorporación de España y Portugal, pasó a denominarse Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

En la actualidad conforman la entidad 22 Ministerios Públicos y/o Fiscalías de Iberoamérica, que se rigen por los estatutos de la Asociación, aprobados en la XXIV Asamblea General Ordinaria, que se llevó a cabo en Lisboa, Portugal, en el mes de octubre de 2016.

En la carta, expresan su “preocupación por los actos de presión contra las instituciones que lideramos y los intentos de afectar la autonomía e independencia por parte de los ministerios públicos”.

“En ese sentido rechazamos las recientes declaraciones provenientes de la rama ejecutiva colombiana que desconocen la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial, a la vez que atentan contra la separación de poderes, dificultando el adecuado ejercicio de sus funciones, la defensa de la democracia y el Estado de Derecho”.

Aseguran que esos preceptos son clave para garantizar la igualdad de las personas ante la ley. Los funcionarios son claros en decir que respaldan al fiscal Francisco Barbosa y que esperan que pueda seguir con su trabajo “sin intimidaciones e injerencias indebidas”.

Las Cortes van al Palacio de Nariño a ver a Gustavo Petro: las veces que los magistrados le han dicho que no y las veces que él los dejó esperando

En la entrevista con Vicky Dávila, el fiscal general Francisco Barbosa contó de frente el malestar que se vive en la Corte Suprema. El alto funcionario narró cómo, tras las afirmaciones del presidente afirmando que él era el jefe del fiscal, recibió decenas de llamadas. “Me han brindado toda la solidaridad”, aseguró Barbosa. Y describió lo que sentían los togados con dos palabras: “Aterrados” y “perplejos”.

Ese malestar quedó claro con el comunicado que emitió la misma Corte Suprema el viernes pasado. El presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, sostuvo que el fiscal general “no tiene superior jerárquico” y es elegido directamente por el alto tribunal de una terna que envía el jefe de Estado. “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.

Agregó que las declaraciones emitidas por el presidente generan una “gran inquietud” puesto que se trata de “la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”. Esto, en referencia, a uno de los trinos publicados por el presidente Petro para justificar las declaraciones que hizo desde España.

Una mala relación con las cortes ha sido la constante de varios gobiernos en el pasado, pero es una realidad inconveniente para cualquiera que esté sentado en la Casa de Nariño. Y el presidente Petro lo tiene claro. Por las tres altas cortes pasan las decisiones más clave de cualquier gobierno.

Luego de todo el escándalo por sus declaraciones, el presidente Petro aseguró que tenía la intención de reunirse con los magistrados de las altas cortes. SEMANA pudo establecer con fuentes del alto Gobierno que se envió una solicitud formal a las altas cortes para adelantar una reunión. Y esa cita se concretó para este martes.

Se anticipa que la reunión será tensa. El presidente ha dejado saber que espera de los magistrados que no se opongan al “cambio” y ese no es el trabajo de los juristas.

De hecho, el primer mandatario les mandó un vainazo grande en su controvertido discurso del primero de mayo. Tras decir que el intento de coartar las reformas podría llevar al país a una revolución, agregó lacónico: “Y nos dejaron subir a este balcón. Quizá pensaron: ‘Petro en la Presidencia tiene tantos obstáculos internos entre el gobierno, externos frente al Congreso, las Cortes, los principios de la independencia de las ramas pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas”.

Ese día, el primer mandatario aseguró que su destino era otro al ser un gobierno de los mismos y comparó el momento que vive con los tiempos del general Melo, de Simón Bolívar o del gran reformador Alfonso López Pumarejo. Que el presidente hubiera incluido a las cortes entre quienes pueden acorralar su intención de hacer reformas llamó la atención en los círculos judiciales y en el Palacio de Justicia.

Hasta el momento, el Palacio de Justicia no se ha visto del lado del Gobierno, pero tampoco en contra. Sin embargo, las decisiones que se han promulgado en las tres corporaciones sí han dejado claro que los magistrados harán el trabajo que tienen que hacer cuando lleguen sus temas a sus despachos.

Lo último fue el fallo que deja por fuera a Roy Barreras del Congreso. El Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia a quien se ha convertido en su principal escudero. Se podría decir que el presidente del Congreso era en la política el polo a tierra, algo similar a lo que José Antonio Ocampo significaba en los mercados. Las razones son técnicas, pues incumplió, a juicio del alto tribunal, su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para elecciones de Congreso, periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad.

Barreras, con su pragmatismo, había logrado armar coaliciones en medio de un ambiente turbulento y unas reformas polémicas. Y ni siquiera el cáncer de colón, que le fue descubierto en octubre del año pasado, había logrado detener su ímpetu político. Al senador se le atribuye la aplanadora legislativa que le aprobó todos los proyectos durante los primeros seis meses de gobierno, incluida la reforma tributaria.

Aunque la decisión es eminentemente jurídica, genera un golpe político enorme para el Gobierno. Y no ha sido la única.

El Consejo de Estado tomó ya una decisión en un tema álgido. Hace apenas un mes, esa corporación le tumbó el decreto con el que el presidente iba a bajar las tarifas del servicio de energía. En la decisión, los magistrados le recordaron al presidente que “la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador” y que él no podía desbordar esa competencia.

El Consejo de Estado llegó al caso por una demanda de la firma DLA Piper al decreto mediante el cual el Gobierno buscaba asumir las funciones de control en las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos.

En la Corte Constitucional también hay decisiones de mucho fondo. La primera fue muy simbólica. En el fallo de la Corte Interamericana que condenó a Colombia por la decisión de la Procuraduría de sacar a Petro de la Alcaldía de Bogotá había unas disposiciones que el país debía cumplir en el futuro. Una de ellas era garantizar que la Procuraduría no podía quitarle de esa forma los derechos políticos a un elegido popularmente.

La entidad reformó el procedimiento, pero no se quitó esa competencia y el caso llegó a revisión de la Corte, que le dio la razón a la Procuraduría. El presidente, al conocer el fallo, expresó públicamente su molestia.

“Como lo hemos defendido, Procuraduría, por ser autoridad administrativa, no puede quitar derechos políticos, como lo prohíbe el art. 23 de la Convención Americana que es parte de la Constitución Lástima que Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Una segunda decisión también tiene un enorme significado a futuro para el Gobierno. En marzo, en un fallo histórico, la Corte Constitucional determinó que puede suspender leyes vigentes en casos excepcionales. De acuerdo con el alto tribunal, este recurso se activará con normas abiertas o manifiestamente incompatibles con la Constitución.

“En casos excepcionales, frente a una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que lleven a eludir el control de constitucionalidad, es necesario que la Corte adopte medidas, también excepcionales, orientadas a impedir la producción de efectos del acto objeto de control”, dijo la Corte en su providencia.

Con esto, la Corte Constitucional queda con un enorme poder a futuro, pues le permitiría suspender cualquier ley vigente del Gobierno. El caso, además, tiene una particularidad y es que esa determinación se tomó en una de las demandas de la paz total que pedía la suspensión de ese articulado.

A esa corporación, además, llegarán todos los temas gruesos aprobados en la primera legislatura, como la reforma tributaria y los más recientes, como el Plan de Desarrollo.

Pero, quizás, en donde se vive un malestar con el Gobierno es en la Corte Suprema. Allí no hay decisiones emblemáticas pero sí comunicados muy sentidos. El punto máximo de la molestia estuvo en la propuesta que rodó de crear una corte anticorrupción, similar a la que lideró Iván Velásquez en Guatemala.

El proyecto iba a ser radicado en el Congreso y planteaba 27 magistrados más en una nueva sala, con lo cual los magistrados actuales no solo perderían competencia sobre los temas más gruesos, sino además la mayoría en las decisiones clave, que quedarían en manos de los nombrados en el nuevo gobierno.

Fue tal el rechazo y la indignación que esa idea generó en las cortes que se produjo un comunicado en el que compararon esa salida con el holocausto del Palacio de Justicia, en el que murieron sus magistrados por la toma del M-19 de esas instalaciones.

“El alto tribunal advirtió que se opone a ‘cualquier tentativa’ de modificar las instituciones y que ‘ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años han defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados’”.

“A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños. Cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción, dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas”, agregaba el comunicado.

Aunque ese proyecto nunca tuvo su origen ni la vocería en el Gobierno Petro, muchos magistrados lo atribuyeron como un intento de tomarse esa corte.

El tema fue olvidado, pero nació otro: la creación de una jurisdicción agraria que denota los mismos problemas. El Gobierno sí presentó ese proyecto y la Corte también le contestó enérgica asegurando que “desde siempre las ha ejercido de manera imparcial e independiente la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Civil y Agraria, en tratándose de conflictos particulares, y el Consejo de Estado cuando la controversia involucra actos administrativos”.

Antes de que todo esto pasara, había un hecho menos jurídico pero de enorme trascendencia en la relación entre ambos poderes. Al llegar a la Casa de Nariño, el presidente dejó varias veces metidos a los magistrados. Es tradición que sea el primer mandatario el que en Palacio posesiona a los nuevos miembros de esas corporaciones. Suelen ser ceremonias muy discretas pero muy sentidas en las que se reúnen no solo los nuevos, sino todos los altos miembros de la rama judicial.

El primer mandatario decidió al comienzo de su mandato no asistir y dejar a los togados esperando por horas, para al final no presentarse. Eso produjo tal caos que el presidente decidió cortar de la manera más agresiva posible ese problema: emitió un decreto en el cual la función de posesionar a los magistrados quedó a cargo del secretario jurídico de la Presidencia, de tal manera que él ya no tuviera que asistir.

Ahora, es él mismo el que los invita a Palacio.

SEMANA publicó en su última edición de portada una entrevista con el fiscal Francisco Barbosa a propósito de esta controversia. Léala completa:

VICKY DÁVILA (V. D.): ¿qué se le vino a la cabeza cuando escuchó las palabras del presidente Gustavo Petro, desde Europa, notificándole que él es el jefe de Estado y, por tanto, su jefe?

Francisco Barbosa (F. B): se me vino a la cabeza el fin de un modelo de Estado que habíamos respetado y tenido en Colombia. También las imágenes de muchos países que perdieron la democracia. Se me vino a la cabeza una dictadura y el fin de la Constitución de 1991. Lo que hace Petro es materializar su intención inequívoca de pasar por encima de la Rama Judicial del poder público, de la autonomía judicial, de su independencia, al declararse jefe de todos los poderes públicos e interpretar la Constitución como lo hizo. Quizás él tiene en su cabeza una Constitución que es la de él. Lo que quiere hacer es determinar cuál va a ser el futuro de todas las investigaciones judiciales.

V. D.: fiscal, lo que está diciendo es muy grave.

F. B.: claro, ¿se imagina a un presidente controlando la Fiscalía, teniendo el control de las investigaciones, con inteligencia, como él la tiene en este momento, y con la Policía? ¿Con investigadores propios, con Policía secreta? Sencillamente, es el fin del Estado de derecho. Tengo que denunciarlo. Él dice: “Yo soy el jefe del fiscal general de la nación”. Entonces, estoy esperando a que me declare insubsistente. En el momento en que eso se dé, se produce un golpe de Estado judicial.

V. D.: la respuesta es obvia y la pregunta es hasta peligrosa. Pero déjeme insistir: ¿Petro es su jefe?

F. B.: no, no lo es. Es el presidente y tiene una función constitucional, pero ser jefe de Estado no significa ser el jefe de la Rama Judicial y del poder público. Ser jefe de las relaciones internacionales no significa que pueda entrometerse en las funciones de cooperación judicial de la Fiscalía. Ser comandante de las Fuerzas Militares no significa ser jefe de la Fiscalía. Ser jefe administrativo del país no significa que puede entrometerse dictatorialmente en las funciones de los alcaldes y los gobernadores y sacarlos. Él está sometido al Estado de derecho.

V. D.: entonces, ¿por qué el presidente dijo eso?

F. B.: creo que él tiene un orden piramidal distinto, seguramente por su historia subversiva. Él cree que piramidalmente el comandante puede suprimir al inferior. Él es presidente y tiene que funcionar en el marco de las instituciones. En este país hay una Constitución y unas reglas que son para cumplirlas. El presidente no es mi jefe, no va a serlo y hasta el 13 de febrero, que me voy del cargo de fiscal, la Fiscalía operará de forma autónoma e independiente.

V. D.: ¿se siente amenazado con lo que dijo el presidente?

F. B.: lo que hizo fue ponernos una lápida a mí, a mi familia, al entorno de la Fiscalía y a la vicefiscal general. Nos dijo: “Aquí voy por ustedes, voy por la Fiscalía, por lo que ustedes están haciendo”. Por supuesto, eso se materializa en trinos que ha fijado en los últimos días, donde incluso puso en riesgo a menores de edad. También a nosotros, con fotos del fiscal, de la vicefiscal. Él es el jefe de Estado y nos puso en riesgo vinculándonos con organizaciones criminales, diciéndonos que promovemos y no investigamos adecuadamente muertes que se produjeron en 2010 por parte del Clan del Golfo.

V. D.: ¿se ratifica en SEMANA al asegurar que el presidente es un dictador?

F. B.: pues claro. Cuando dice que es el jefe del fiscal, me está enviando un mensaje: obedezca o no sé qué voy a hacer con usted. ¿Cómo se llama eso? Una dictadura. Es decir, Petro se está quitando el traje de demócrata y se está poniendo el traje de dictador.

V. D.: explíqueme en detalle por qué lo califica de dictador.

F. B.: porque las instituciones son lo más importante que tiene Colombia. Los funcionarios somos accidentes. Soy fiscal, luego habrá otro, pero también habrá otro presidente. Estoy preparando mi salida de la Fiscalía en ocho o nueve meses. Mañana no puedo decir que tengo la ventolera de que me quiero quedar de fiscal. No. Respeto las reglas. El acta de mi elección en la Corte Suprema de Justicia dice: se elige a Francisco Barbosa por el periodo de cuatro años constitucionales, y así será.

V. D.: ¿y el presidente Petro?

F. B.: a él le faltan tres años y dos o tres meses de presidente. Sé que a esta persona, de golpe, le gusta la Casa de Nariño, pero también se va a tener que ir cuando se le cumpla el periodo constitucional. Va a tener que dejar ese poder omnímodo y volver a su casita y recordar que es un ciudadano del común.

V. D.: la expresión “yo soy el jefe de él”, en referencia a usted, tiene muchas repercusiones.

F. B.: si él es mi jefe y a mí me eligió la Corte Suprema, entonces, ¿él es el jefe de la Corte? ¿Petro les va a enviar una carta preguntándoles cómo va la investigación contra tal persona? ¿So pena de qué? ¿Del exilio? ¿Nos va a perseguir? ¿Voy a tener a la Policía secreta en frente de mi casa para tratar de intimidarme? ¿Van a buscar meterme preso cuando me vaya de la Fiscalía? ¿Qué va a pasar en nueve meses con mi vida? ¿Hay garantía de estabilidad democrática con una persona que probablemente tiene en su cabeza otra idea de ser jefe de Estado? Creo que eso es lo más grave y son preguntas profundas sobre lo que somos como colombianos y sobre lo que es ser presidente. Le pediría a él que, en el marco de su silencio, porque debe tener muchos, reflexione sobre qué significa el cargo que ocupa y le diga al país que va a asumir lo que él juró y fue respetar la Constitución y la ley. No puede pasar por encima de ellas.

V. D.: explíqueles a los colombianos por qué es tan grave que el presidente haya dicho que es su jefe.

F. B.: porque atropella. No es un tema anecdótico, no se trata simplemente de una frase. Es la materialización de que él entiende el poder de forma absoluta. Él dice: “A mí me eligieron los colombianos para hacer todo”. Es decir, está asumiendo una posición monárquica. Incluso, recuerde que en el balconazo de hace unos días dijo una frase muy importante: “Iré hasta donde el pueblo quiera que yo vaya, y si el pueblo quiere más, iré por más”. ¿Qué significa eso, Vicky? Que un presidente, en vez de salir a defender las instituciones que representa, lo que hace es pulverizarlas. ¿Sabe qué decía Mao Tse-Tung, el líder comunista? Que había que tomarse el poder para dinamitar por dentro las instituciones. ¿En qué estamos? En el proceso de dinamitar las instituciones, una expresión que él conoce muy bien.

V. D.: ¿veía venir esto?

F. B.: pues a ningún presidente se le ocurrió decirle a la rama judicial que la tenía sometida, o que el fiscal era subalterno del presidente.

Creo que él piensa que ser jefe de Estado es ser jefe de todo, como si fuera un comandante general con poder para decir, por ejemplo: “Quiero que suelten mañana a todos los presos del país, o saquen de la cárcel a los de la primera línea”.

Cuénteme, ¿qué facultad tiene un presidente para hacer eso? Ninguna. A un presidente no lo eligen para que saque a gente de las cárceles. También alerté hace ocho días del embeleco que se podría venir con la Constituyente. Pero mire lo curioso: él dice “no me interesa la Constituyente, salvo, pues, que el pueblo o alguien lo diga, voy hasta donde el pueblo diga”. ¿Qué tal yo decirle al país que voy hasta donde diga la Constitución, pero si mañana hay un plebiscito que determine que debo ser fiscal otros cuatro años, entonces me tendré que someter a ese plebiscito?

V. D.: eso es muy peligroso…

F. B.: es el final del Estado social de derecho y tenemos buenos ejemplos en la región.

V. D.: ¿cuáles?

F. B.: lo de Nicaragua es gravísimo.

V. D.: ¿habla de Daniel Ortega?

F. B.: sí. También ocurre en Corea del Norte, en diferentes países africanos, en Venezuela, por supuesto. ¿Qué ocurre? Empezamos con la idea de decir: “El Estado soy yo, el jefe del fiscal soy yo”. No, no, no. Mire, presidente, aprovecho esta oportunidad para llamarlo a la serenidad, aunque hay una palabra que me gusta más: la cordura. Cuando se pierden los estribos y empieza a perder el sentido de la realidad, actúa de una forma incoherente y ajena a la razón.

V. D.: ¿calificaría lo que pasó como una alerta?

F. B.: me parece que es peligroso y es un zarpazo contra la justicia. La Corte Suprema ya se pronunció y las demás cortes harán lo propio. También se pronunciaron exfiscales y expresidentes. Presido la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que agrupa 22 fiscalías de la región, incluyendo las de España, Andorra y Portugal, y Petro va y lanza esas declaraciones justo en España.

Viajo a ese país en unos días a hablar en la Audiencia Nacional sobre cooperación judicial, autonomía e independencia de la rama. Pero Petro salió diciendo allá que es el jefe de la justicia en Colombia. Me parece que es un insulto a los colombianos, a la justicia y pone al país en un escenario tremendamente lamentable y triste. Colombia nunca podrá ser como Nicaragua.

V. D.: ¿realmente Petro se quiere apoderar de la justicia?

F. B.: creo que sí, aunque después dirá que no, porque debe estar asustado con lo que está ocurriendo. Por más valiente que sea, y por más que se sienta presidente, uno no gobierna un país solo. Uno tiene instituciones alrededor. Entonces seguramente va a matizar en las próximas horas o en los próximos días y va a decir: “No quise decir esto. Quise decir lo otro”.

V. D.: o de pronto no.

F. B.: o de pronto va hasta el final y lo hace de frente, y dice: “Me quiero apoderar de la justicia”. Bueno, que lo haga. Por eso le digo: que expida ya mi insubsistencia.

V. D.: que lo destituya.

F. B.: que me destituya. Estoy aquí, esperando. Aquí tengo mi celular, a toda la Fiscalía, ahí está mi secretaria privada, que envíe la destitución. Y me parece muy bien. Inmediatamente se configuraría un golpe de Estado judicial en Colombia, liderado por él. Y que salga y diga que abandona la Constitución. Y, por supuesto, se asimilaría al golpista de Perú Pedro Castillo, con quien además tiene tanta afinidad.

Como fiscal y como colombiano no voy a permitir que pase por encima de mi dignidad, ni de lo que significa la Fiscalía, ni de las instituciones, ni de lo que representan millones de colombianos que están leyendo esta entrevista en este momento. Todo porque le dio la ventolera a un presidente que creyó que podía pasar por encima de las instituciones, de lo que somos y hemos construido como colombianos, así le parezca que todo es malo. Él parece opositor de su propio Gobierno. Lo único que hace es decir: “Es imposible que el Estado cumpla las cosas, estos gobiernos no han cumplido”. Y le digo: léase la Constitución, lleva nueve meses en el poder, usted es el presidente.

V. D.: ¿le parece que Petro está siendo imprudente?

F. B.: es que antes podía escribir cualquier sandez y no había problema. Al final, uno tiene derecho hasta de escribir estupideces en Twitter. Él publicó un trino y me acuerdo mucho. Cuando era opositor, me dijo: “Fiscal, no le dispare a la población en Cali, porque han asesinado al pueblo, deje de ordenarles eso a sus funcionarios”.

V. D.: le tengo uno muy apropiado para este momento. Petro, el 30 de junio de 2020, escribió en sus redes: “Si Francisco Barbosa quiere ser un buen fiscal, debe mantener absoluta independencia del Gobierno”.

F. B.: es un hombre que tiene un problema de coherencia. Hace tres años decía que había que mantener la independencia frente al Gobierno y hoy está diciendo: “Soy el jefe del fiscal”. Discúlpeme, ¿es un Petro transformado? ¿O estamos en realidades virtuales diferentes? ¿Qué está ocurriendo con este personaje de Gustavo Petro, presidente de la república?

V. D.: ¿Petro, de pronto, quería que usted fuera un fiscal de su bolsillo? Desde el principio intentó darle órdenes. Le dijo que había que liberar a los integrantes de la primera línea.

F. B.: no solamente eso. Me mandó un decreto diciéndome que se suspendieran órdenes de captura de extraditables del Clan del Golfo. Curioso, porque ahora dice que la Fiscalía no persigue a los asesinos de esa organización criminal. Pero, eso sí, ha tratado, desesperadamente, de que salgan de las cárceles a como dé lugar a través de incisos que se presentan en los proyectos de ley, presentados por el mismo Ministerio de Justicia, que incluso ha buscado legalizar la cadena productiva del narcotráfico en Colombia.

¿Sabe qué otra cosa ha hecho el Gobierno y se lo digo públicamente? Ha querido empezar a cambiarles el lenguaje a los colombianos. Les dice: “No hay secuestros, sino detenciones y cercos humanitarios”, “No hacemos negociaciones políticas con narcotraficantes, sino que estamos creando conversaciones sociojurídicas porque el narcotráfico no es solamente un elemento central del Clan del Golfo”.

¿Cómo se llama eso? Negociación política con narcos. También habla de humanización de las cárceles. ¿Qué quieren hacer? Desocupar las cárceles. Y ahora dice que la Fiscalía no investiga ni captura a una cantidad de personas que han cometido delitos. No es función de un presidente exigirle a un fiscal que le dé un reporte como si fuera un peón de él, al que le debe decir qué tiene que hacer. Al presidente no lo eligieron fiscal. No hay un acta que diga: “Elegimos ahora a Petro como fiscal porque es el presidente”. Yo no la he visto. Él se desbordó y está actuando de forma incoherente.

V. D.: Petro acudió al artículo 115 de la Constitución para argumentar que es su jefe.

F. B.: él no lee completo, no es constitucionalista, entiendo que es economista. Ese artículo tiene que ser leído siempre en su integridad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es la salvaguarda de la Constitución. ¿O es que el presidente Petro también es el jefe de los magistrados de la Corte Constitucional? En la sentencia C-251 de 2002, la Corte dice que una política de seguridad no puede vulnerar el principio de separación de poderes.

No sería legítimo que, en materia de seguridad y defensa, todos los órganos estatales quedaran sujetos al Gobierno con el deleznable argumento de que los diferentes órganos del Estado deben colaborar armónicamente. ¿Sabe quién fue el ponente de esta decisión? El exmagistrado Eduardo Montealegre, que además fue fiscal. Hay un cuerpo normativo que se llama la Constitución de 1991 y un jefe de Estado no puede pasarle por encima. Le recuerdo al presidente Petro que él es finito, como Barbosa es finito. Me voy en nueve meses y Petro se tiene que ir en tres años.

V. D.: ¿y si no se quiere ir?

F. B.: entonces habría un golpe de Estado en Colombia. Aquí hay que decir las cosas como son. Dicen que no hay intención de modificar la Constitución, pero a ver, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Esto no es un atropello directo, de facto, a la Constitución? Ni siquiera fueron a una Constituyente. No. Fue al mejor estilo de un teórico alemán de Hitler que se llamaba Carl Schmitt. Él le construyó la teoría a Hitler para que, en 1933, suspendiera la Constitución con un decreto y gobernara desde ese año hasta 1945 y sometiera a Alemania a una dictadura terrible que llevó millones de muertos en el mundo.

¿Y sabe qué decía Schmitt? La palabra del Führer, de Hitler, es la fuente principal del derecho y está por encima de la Constitución. El argumento es el mismo. Porque él quiere un artículo. Entonces que vaya al Congreso y busque un artículo que diga: “El jefe de Estado, de todas las ramas del Poder Público, soy yo” Y que busque un segundo artículo que diga: “Este acto rige y no tendrá control constitucional de ningún tipo”.

V. D.: ¿lo llamaron los magistrados de las altas cortes?

F. B.: sí, me han brindado toda la solidaridad.

V. D.: ¿qué le han dicho?

F. B.: están aterrados.

V. D.: ¿aterrados?

F. B.: aterrados y perplejos.

V. D.: ¿por qué están aterrados y perplejos?

F. B.: porque todos tenemos los mismos principios frente a la Constitución. El problema no es ideológico, no es un capricho nuestro. Lo que ocurre es que hay un elemento que distorsionó la capacidad de comprensión del sistema constitucional con lo que dijo Petro. Él tratará de dorar la píldora todo el tiempo, tratando de explicar lo inexplicable.

V. D.: pero el que entendió, entendió.

F. B.: el que entendió, entendió, y creo que todos los colombianos lo entendieron. Le digo a la ciudadanía: ahora sí preocúpese porque se le van a meter a la casa; preocúpese porque van a soltar a la gente de las cárceles. Por eso, le dije al presidente que no era el fiscal de los presos y que él no debería ser el presidente de las cárceles.

Si Petro y yo nos ponemos en una mesa, y lo que hemos significado los dos en nuestras vidas, podemos simplemente concluir que Francisco Barbosa nunca ha cometido una infracción, nunca ha actuado contra el ordenamiento jurídico. Nunca me he camuflado para alterar las instituciones.

V. D.: usted dice: “Nunca he cometido una infracción”, pero se está comparando con el presidente Petro. ¿Qué quiere decir?

F. B.: sí, estoy haciendo una comparación.

V. D.: ¿quiere decir que Petro sí ha infringido la ley?

F. B.: dicen: “Todo el mundo tiene derecho a ser perdonado”. Y, claro, a él lo perdonaron y desarrolló una vida política alrededor de eso. Pero a mí no me viene a decir Petro que la Fiscalía y yo tenemos algún tipo de asociación con el Clan del Golfo y otros delincuentes. Seguramente a él le gustó el tema de las armas, a mí no. No he cargado fusiles. Es que a mí no me pueden venir a decir: “Es que el fiscal es un delincuente”. ¿O es que acaso he pedido o he querido sacar a narcotraficantes de las cárceles?

Vicky, lo único que he hecho es actuar decentemente durante tres años. El lunes le vamos a enviar una comunicación a Petro para explicarle lo que hemos hecho contra el Clan del Golfo. Jamás he promovido indultos, jamás permitiría que, sin fundamento jurídico, se suspendieran órdenes de captura de gente que ha violado derechos humanos y son narcotraficantes, como me pidió Petro el 13 de enero. De haberlo hecho, hubiera prevaricado. No lo hice ni lo hizo la vicefiscal ni la Fiscalía. Por eso se tuvo que poner en funcionamiento un proyecto de ley de sometimiento.

V. D.: como usted mencionó el pasado del presidente Petro en el M-19, le pregunto: ¿encuentra alguna relación entre el hecho de que él haya pertenecido a esa organización que se tomó el Palacio de Justicia y lo que acaba de pasar con usted, que ha calificado como un golpe a toda la rama?

F. B.: Vicky, esto que acaba de pasar es una quema simbólica del Palacio de Justicia. Petro, con esa declaración, quema el Palacio de Justicia simbólicamente y quema la Fiscalía, sin ninguna duda. Eso me parece tremendamente violento contra el ordenamiento jurídico colombiano. Es bueno que él salga y le explique al país, no por Twitter, sino personalmente, qué es lo qué piensa de todo esto. Uno ya no sabe si está hablando con un robot que escribe o con un presidente.

V. D.: usted ha recibido toda la solidaridad, pero unos pocos han dicho: “Este fiscal es exagerado”. ¿Qué les dice?

F. B.: que estoy defendiendo unos principios. A los que dicen que estoy exagerando, los invito a que vean las barbas quemadas de los vecinos. Se darán cuenta de que, por no existir voces que protejan la institucionalidad, uno la termina perdiendo. Y uno no se da cuenta cuando pierde un país y una institucionalidad hasta que no la pierde. Lo que estoy advirtiendo paulatinamente es una degradación de la protección de las instituciones. Quiero que revisen las manifestaciones del presidente Petro desde que llegó al poder. Él no habla bien de las instituciones colombianas, no tiene ningún respeto. Simplemente habla del mal funcionamiento de las instituciones y del país, y cuenta la historia al revés. Lo único que le pido a Petro es que ejerza la presidencia con decencia y no se meta en ámbitos que no le competen. La Fiscalía seguirá siendo independiente hasta el final de mi periodo, Vicky.

V. D.: hablemos de los expresidentes. César Gaviria salió en defensa de la Fiscalía y de usted…

F. B.: el mayor respeto por el presidente César Gaviria. Creo que es un patriota, una buena persona, como gobernante tuvo que enfrentar momentos muy difíciles. Él sí que sabe lo que significó tener que gobernar en medio de una avalancha de narcotráfico, terrorismo y haber establecido la Constitución de 1991. Les dijeron a los colombianos: “Hay posibilidad de un futuro”. En ese sentido, creo que el presidente Gaviria es una gran voz para respaldar esto que está ocurriendo.

V. D.: pero el expresidente Ernesto Samper se fue en su contra y dijo que la Comisión de Acusación debería “leer con lupa las intervenciones políticas del fiscal y la procuradora”. ¿Qué opina?

F. B.: Ernesto Samper es una persona cuya campaña presidencial fue financiada por el narcotráfico. Entonces, para mí, no hay ningún tipo de explicación adicional. Este señor fungió de presidente en un momento muy lamentable de la historia colombiana. Hoy hay una política en la que se busca la negociación con el narcotráfico. No lo digo yo, sino el Gobierno, lo dice Danilo Rueda. Hay unas coincidencias en las que el narcotráfico es un factor que une a esos dos presidentes.

V. D.: ¿sabe a quién le dio RT en Twitter el presidente Petro? Al expresidente Samper cuando pidió que lo investiguen a usted por supuestamente hacer política.

F. B.: sí, están de acuerdo los dos por las historias paralelas que han tenido.

V. D.: ¿quiere decirles algo a quienes piensan que usted está haciendo política?

F. B.: no estoy haciendo política. Lo único que hago es proteger la institucionalidad y cumplir con mi función constitucional. Voy a seguir defendiéndola. Imagínese lo que me espera cuando me vaya de la Fiscalía. Con estas declaraciones, Petro puso una lápida de muerte a mi vida y a la de mi familia, que seguramente tendrá que salir del país.

V. D.: ¿su familia está pensando en irse?

F. B.: por supuesto, ¿qué garantías podemos tener? El Gobierno Petro tiene la Policía, la inteligencia, el Ejército, es el comandante de las Fuerzas Militares; como él dice, el supremo, o sea, el supremo estandarte de la nación.

V. D.: usted lo pinta como un Dios…

F. B.: es una suerte de hombre todopoderoso a la luz de su constitución, no de la Constitución de 1991. Y, por supuesto, tengo una familia y estamos en una situación en la que no tenemos garantías de seguridad. Estamos estudiando la posibilidad de solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los crímenes de Estado se hacen de forma silenciosa. No le avisan a uno, y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y quiénes son los responsables? Pues el Estado.

No es un tema de fungir de presidente que ejerce Twitter o utiliza expresiones sin ningún tipo de problema. Petro ya no es senador o representante a la Cámara. Es la cabeza del Estado colombiano. Si mañana sale una turba o una manifestación violenta a quemar la Fiscalía, ¿quién es el responsable? ¿Francisco Barbosa? No. Petro. ¿Por qué? Porque seguramente van a incitar ahora a que quemen la Fiscalía o que haya manifestaciones en su contra. Bueno, el responsable es Petro. Yo lo responsabilizo de lo que pase en la Fiscalía y de lo que le pase a mi familia, a mi señora, a la vicefiscal y a mí.

Si nos llega a ocurrir algo a partir de este momento en Colombia, repito, el responsable es Petro. Por lo que está haciendo y la manera como además se expresó, diciendo que soy su subalterno y que tengo que acatar. El hecho de no acatarlo me pone en una situación de riesgo.

V. D.: veo que el expresidente Andrés Pastrana también dijo: “Por su espíritu totalitario o por ignorancia, Petro decidió desconocer que la separación de poderes es el principio fundamental de la democracia”. Y calificó el ataque como “gravísimo”.

F. B.: lo dice otro expresidente y creo que tiene toda la razón. Lo están diciendo expresidentes de diferentes orillas políticas.

V. D.: ¿siente miedo con esto que ha pasado?

F. B.: no. Siento una fortaleza profunda de carácter, es necesario defender esto. Más que miedo, hay un temor de que puedan tratar de quitarme la vida en estos nueve meses o posteriormente. Hay un temor de que pueda fraguarse un atentado en mi contra.

Seguramente habrá personas cercanas a diferentes sectores que se sienten amenazados por mí y piensan que la alternativa es eliminar al fiscal de una vez por todas. Por eso quiero decirlo de forma muy clara y decirle a Petro que él está poniéndome en riesgo en el país cuando me dice que le tengo que obedecer.

Como no le voy a obedecer, entonces evidentemente puede generarse una reacción. Lamento que esté en esta situación el debate en Colombia, pero el que generó esta tropelía contra el Estado de Derecho no fue Francisco Barbosa.

V. D.: la Corte Suprema de Justicia pidió respeto a la dignidad de la justicia y a su independencia y a los órganos que la componen. Fue un comunicado muy duro para el presidente Petro. Califica el hecho de “alarmante”.

F. B.: sí, es una situación alarmante. Por eso digo que la vida de todos nosotros está en riesgo ante esta situación. En su declaración, la Corte Suprema utilizó la palabra alarmante. Qué grave. Quiero revisar cuándo la Corte Suprema de Justicia, en su historia centenaria, ha dicho que es alarmante un ataque por parte de un presidente a la rama judicial del Poder Público. Si soy subalterno del presidente, entonces la Corte Suprema también es subalterna del mandatario.

V. D.: fiscal, ¿le tiene miedo a Petro?

F. B.: no le tengo miedo. Él es un funcionario como cualquier otro que ha presidido el país. Tiene que someterse a unos límites constitucionales y legales. Mal haría en coger un avión y largarme de Colombia y renunciar a la Fiscalía y decir: ahí les dejo el país porque tengo temor. Aquí estoy, listo a cumplir con mi función constitucional, a pesar, incluso, de las amenazas que estaba planteando ese expresidente que usted mencionó y que invitó a la Comisión de Acusación a que investigue al fiscal. Todo lo que venga de ahora en adelante contra mí, todo, absolutamente todo, tiene como objetivo callar al fiscal o evitar que siga diciendo lo que está diciendo porque está generando un ambiente que impide apoderarse de las diferentes ramas del Poder Público.

Hay un temor por la zozobra que se crea en torno a un presidente que le dice: “Cumpla, soy su jefe”. Si no cumplimos y no acatamos sus órdenes, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál va a ser la salida? ¿La eliminación jurídica? ¿La eliminación física? ¿La destrucción de la institucionalidad colombiana? ¿El ataque a través de redes? ¿La exposición de nuestros funcionarios? ¿Poner a nuestros hijos en redes sociales para que sean crucificados? ¿Qué es lo que están pretendiendo? Yo sí le digo hoy al presidente: salga de Twitter, póngame la cara y póngale la cara al país y responda estas preguntas.

V. D.: ¿cuáles preguntas?

F. B.: ¿puedo vivir tranquilo en Colombia con usted como presidente? Responda. ¿Puede vivir la Rama Judicial tranquila hoy sobre la base de que usted es presidente? ¿Usted cómo entiende la Presidencia? ¿Con la claridad de que tiene unos límites o siempre y llanamente diciendo “soy jefe de todo”? Por supuesto, hemos tenido dictadores en Colombia. El presidente Bolívar fue dictador entre 1828 y 1830 y con un decreto anuló la Constitución del 21. También lo hizo en su momento el presidente Reyes, a principios de siglo, y lo hizo Gustavo Rojas Pinilla. Ellos dijeron: “El Estado soy yo”, pero de resto solo he visto a presidentes que respetan las diferencias y la Constitución. Cada loro en su estaca, como dice la gente en las calles. Entonces, esa es la preocupación que existe.

V. D.: ¿es el peor ataque a la justicia en mucho tiempo?

F. B.: es el peor ataque a la justicia desde la expedición de la Constitución de 1991. Es el acto más lamentable que ha cometido un presidente desde la historia constitucional de 1991 contra la rama judicial del Poder Público.

V. D.: ¿por qué se volvió tan incómodo para el presidente?

F. B.: porque no le obedezco a Petro, no soy subalterno de él.

V. D.: ni acata sus órdenes.

F. B.: yo solo debo obedecerle a la Constitución y la ley. No más.

V. D.: el presidente Petro le pidió en una carta pública que investigue a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando por posible corrupción. Pero si él es su jefe, ¿para qué le pide eso? ¿Qué va a hacer usted?

F. B.: esa es una pregunta que hay que hacérsela a él. Esas investigaciones tendrán un desenlace con unos fiscales autónomos e independientes que además tendrán que rendir cuentas ante los jueces de control de garantías y el país. Francisco Barbosa no tiene ningún expediente en su despacho. No cumplo funciones de investigar casos.

V. D.: la vicepresidenta Francia Márquez dijo: “Que viva la primera línea”. ¿Qué opina cuando sabe que hay condenas de miembros de esa organización hasta por tortura?

F. B.: es la manifestación y la materialización de que no se comprende que el Estado tiene tres ramas del poder público. Esta es la mayor manifestación de que Petro y Francia Márquez están pensando igual. Imagínese qué pensarán las víctimas de algunos integrantes de la primera línea. Aquí están violentando los derechos fundamentales de las personas. Son los jueces quienes han terminado validando las decisiones de la Fiscalía. ¿Qué tiene que decir una vicepresidenta sobre procesos judiciales? Discúlpeme, ¿qué tiene que decir sobre sentencias?

V. D.: pero es muy provocador decir “Que viva la primera línea”.

F. B.: sí. Yo les diría: serénense, modérense, reflexionen y estudien un poquito derecho constitucional. La Constitución es muy clara en los límites que tiene un vicepresidente, un presidente, un ministro y también un fiscal.

V. D.: si Petro es el jefe suyo, ¿le puede dar la orden de que acuse, impute o capture a alguien?

F. B.: sí, yo creo.

V. D.: porque, entonces, el presidente estaría por encima del fiscal, los magistrados y los jueces.

F. B.: por supuesto. Creo que es una muy buena conclusión. Él podría dar la orden de capturar e investigar. Él podría dar muchas órdenes porque está por encima de mí, porque soy su subalterno, según él.

V. D.: Petro le preguntó: “El Ñeñe Hernández financió una campaña presidencial, hacía parte de una asociación de 14 asesinos, cuyos nombres con cédula reposan desde hace varios años en la Fiscalía sin órdenes de captura”. ¿Es cierto que no existen órdenes de captura?

F. B.: imagínese, como si yo fuera el fiscal de todos los casos. Ahí están las investigaciones. Ese es un trabajo de la Fiscalía, no le compete a un presidente. Él está fungiendo de jefe de oposición de su propio Gobierno. Él está preocupado, él no está entendiendo el rol que tiene. Creo que está muy incómodo con su rol que tiene. Mire, Vicky, si hay pruebas, obviamente hay un caso. Si no hay elementos materiales probatorios, pues entonces no hay caso. Aquí la preocupación de Gustavo Petro es cuestionar las decisiones judiciales. Yo creo que él tendría que actuar como parte dentro de esos procesos o tendría que formar parte de alguno de esos procesos.

V. D.: ¿ir a la Fiscalía a denunciar?

F. B.: sí, ir a la Fiscalía a denunciar.

V. D.: el presidente también le preguntó: “¿La Fiscalía conocía de antemano la lista de la organización a la que pertenecía el Ñeñe Hernández, y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenir los asesinatos?”. Petro dice que usted quiere evadir esas respuestas.

F. B.: ¿cuáles respuestas? Soy el fiscal, pero hay 5.000 fiscales autónomos e independientes. Él considera que la Fiscalía se debe manejar como él está manejando o quiere manejar la presidencia. Sobre esas preocupaciones, le digo que serán los fiscales de esos casos los que toman las decisiones. Hay soberanía de ellos. Los jueces también son soberanos, o ¿por qué cree que muchos jueces no han liberado a las personas de la primera línea? Porque hay soberanía judicial. Estamos en una situación alarmante y grave al tener a un jefe de Estado convirtiéndose en una especie de seudofiscal general de la nación.

V. D.: ¿qué les dice a los colombianos?

F. B.: que seguimos adelante en la defensa del país, de la institucionalidad y de los colombianos que están en este momento sorprendidos de ver cómo estos temas se han metido por las rendijas de sus casas, sus ventanas, sus televisores, viendo exactamente cómo temas que nunca deberían ser parte de discusión en el país, porque tenemos unas reglas, hoy se han convertido en los temas cotidianos y han generado zozobra, tristeza, melancolía, dolor y angustia en tantos colombianos que dicen: “¿Y ahora qué vamos a hacer con todas estas circunstancias inéditas que han venido planteándose, donde se quiere pasar por encima de la Rama Judicial, del poder público y de la Constitución?”.

V. D.: ¿una última palabra para Petro?

F. B.: serénese. Yo me voy en febrero, pero seguro la Corte Suprema de Justicia estará atenta. Con lo que usted ha hecho, no hay garantías para que los magistrados, en su sabiduría, puedan elegir al próximo fiscal. Y no se le olvide: si quiere destituirme, aquí estoy esperando la destitución porque yo soy supuestamente un subalterno suyo. Entonces, debería proceder con un subalterno suyo. Es enviar un acto administrativo que se lo pueden preparar en la Casa de Nariño, destituyendo al fiscal y con eso, entonces, se consolida un golpe de Estado judicial en Colombia.