Política
CNE le pide al Gobierno Petro respetar decisiones del tribunal: este fue el duro llamado de los magistrados al presidente
El Consejo Nacional Electoral aseguró que las decisiones sobre revocatoria de inscripción de candidatos son adoptadas conforme a sus competencias.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) le respondió al presidente, Gustavo Petro, después de que este acusara al tribunal de estar quitando derechos políticos. El CNE publicó un comunicado en el que le pidió al Gobierno nacional respetar sus decisiones.
“Solicitamos al Gobierno nacional respeto a las decisiones que en derecho y en ejercicio de sus competencias constitucionales toma y ha tomado el CNE, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de todos los funcionarios de la organización electoral, y a los órganos de control para que, en el marco de sus competencias, se investigue lo sucedido”, escribió el CNE en un comunicado.
Este nuevo round del presidente Petro con el CNE comenzó cuando el jefe de Estado cuestionó la decisión de los magistrados de revocar la candidatura a la Gobernación de Santander de Rodolfo Hernández, quien había sido el rival del ahora mandatario en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.
Ese día, el presiente Petro aseguró estar en desacuerdo con la decisión, y sostuvo que ese tipo de providencias estarían afectando las recomendaciones de la CIDH.
“Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la campaña presidencial. Se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas, en abierto desacato a la sentencia de la CIDH, que es de obligatorio cumplimiento”, escribió Petro el pasado 28 de septiembre, cuando se cayó la candidatura de Hernández.
Este lunes 2 de octubre, el CNE publicó un comunicado en el que reiteró que las decisiones que ha tomado sobre las candidaturas revocadas corresponden a sus competencias constitucionales y reclamó respeto por los funcionarios que han estado ejecutando esas determinaciones.
“Nos permitimos recordarle a la ciudadanía y a todos los actores políticos que las decisiones sobre revocatoria de inscripción de candidatos son adoptadas conforme a las competencias otorgadas por la Constitución y la ley al Consejo Nacional Electoral”, escribió ese tribunal en la misiva.
El CNE también detalló que “cualquier desacuerdo que exista sobre las decisiones de esta autoridad debe ser tramitado según el procedimiento diseñado en la ley para tal efecto, sin que sea aceptable ningún acto de presión indebida en contra de los funcionarios de la organización electoral”.
El presidente Petro había asegurado que “es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales. En muchas regiones, decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos”.
El caso de Patricia Caicedo en Santa Marta
El comunicado del CNE pidiendo respeto a las autoridades sobre las decisiones de los magistrados tiene un contexto que va más allá de los mensajes que ha lanzado el presidente Gustavo Petro contra sus providencias.
Ese despacho revocó la candidatura de Patricia Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta el pasado jueves 29 de septiembre. Desde entonces, se han conocido denuncias que indican que simpatizantes de Fuerza Ciudadana, el partido al que pertenece Caicedo, han lanzado intimidaciones contra los funcionarios de la Registraduría.
Por eso, el CNE condenó las intimidaciones a estas personas: “El Consejo Nacional Electoral rechaza los actos de intimidación ejercidos en contra de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad de Santa Marta, como consecuencia del proceso de revocatoria de la inscripción de la señora Carmen Patricia Caicedo Omar, inscrita por el partido Fuerza Ciudadana a la Alcaldía de esa ciudad”.
En el comunicado agregaron: ”Esta corporación respalda y coadyuva la solicitud que la Registraduría Nacional del Estado Civil le ha hecho al Ministerio del Interior de convocar un Comité de Seguimiento Electoral de urgencia para abordar esta situación, que representa un riesgo para el orden público en Santa Marta”.