Colombia va mal: los gobernadores están aterrados con la grave situación de orden público, uno de ellos denunció que lo encañonaron en un retén ilegal

Tras más de siete meses desde su posesión, el presidente Gustavo Petro ha afrontado momentos complicados como primera autoridad del país. Su gestión ha sido foco de críticas desde varios sectores y, conforme avanza el tiempo, su nivel de aprobación ha ido en descenso, según encuestas.

Las cifras así lo reflejan. Cuando el presidente Petro se posesionó el 7 de agosto del año pasado, el 48 % de los encuestados por Invamer creía que las cosas en el país estaban empeorando. Hoy esa cifra ya llega al 67 %, y tan solo el 20 % considera que Colombia va por un buen camino.

Uno de los frentes más sensibles que le hace pensar a la gente que el país va mal tiene que ver con los graves hechos de orden público que vienen sacudiendo a Colombia. La situación es tan crítica que esta semana, en una cumbre de mandatarios regionales, el gobernador del Vichada, Álvaro León, sorprendió al revelar que fue víctima de un retén ilegal de un grupo armado hace unos 15 días.

El gobernador León contó que seis hombres, cinco de ellos con fusil y uno con pistola, lo encañonaron y lo bajaron del carro. “Tuve un diálogo con ellos, mientras llegaban los escoltas, salieron corriendo, se metieron a las matas y, afortunadamente, no hubo disparos. O si no, el primer muerto habría sido yo”, detalló en su relato.

Una lectura similar sobre la compleja situación de orden público por la que atraviesa el país vino de parte del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien advirtió que las disidencias de las Farc, las mismas a las que el Gobierno Petro les está tendiendo la mano de la ‘paz total’, están actuando “sin Dios ni ley”.

“Han vuelto a cometer secuestros, están reclutando menores, obligan a campesinos y juntas de acción comunal a participar en las convocatorias que ellos hacen. En el Meta hace tiempo no se hablaba de minas antipersona, y la fuerza pública ha incautado muchísimo material para elaborar estos artefactos. La extorsión se ha quintuplicado”, denunció Zuluaga.

En Santander el panorama tampoco es alentador. El gobernador Mauricio Aguilar precisó que la situación es una “bomba de tiempo” y el Gobierno, a su juicio, “se ha hecho el de la vista gorda y el de los oídos sordos”. “En estos dos meses y medio, el incremento de las muertes en el Magdalena Medio ha sido del 170 %. Necesitamos enviar ese SOS al Gobierno”, añadió Aguilar.

Las estadísticas del propio Ministerio de Defensa son un muy mal síntoma de lo que está pasando en el país, pues la mayoría de los delitos vienen en aumento. El secuestro se disparó 43,6 % y el inicio de 2023 se convirtió en el año con más plagios de los últimos ocho años. Los robos tampoco dan tregua y han crecido 22,4 %. Lo mismo ocurre con la extorsión, que tuvo un incremento del 33 %.

A este preocupante panorama se suman las cifras de Indepaz, que ha advertido que en estos meses de 2023 es cuando más masacres han ocurrido en los últimos cuatro años (21 masacres, 38 % más que en el mismo periodo de 2022).

Y mientras la violencia se dispara, hay una sorprendente caída en la ejecución de capturas: de 108.296 casos entre enero y junio de 2022 se pasó a 78.698 entre julio y diciembre del mismo año. La preocupación por la inseguridad es tal que la procuradora Margarita Cabello y el registrador Alexánder Vega alertaron a la Casa de Nariño ante la posibilidad de que se vean afectadas las elecciones regionales en octubre próximo. El compromiso del presidente Petro fue llegar a apaciguar el país y, hasta ahora, no ha podido.

Colombia va mal: esta es la alarmante radiografía de lo que afronta el país en medio del Gobierno de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro ganó la Presidencia con un mandato de más de 11 millones de colombianos que le apostaron a su promesa de cambio. Sin embargo, en sus primeros siete meses de gobierno, las cosas no han sido fáciles. Ha tenido que enfrentar los fuertes coletazos de una economía mundial con serios problemas, la recesión y la crisis bancaria en Estados Unidos, y las consecuencias de la guerra en Ucrania.

En el plano local, la desaceleración de la economía es un hecho: cayó el consumo en los hogares, pocos colombianos quieren endeudarse por las altas tasas de interés, el comercio no repunta y, por ejemplo, este año se desplomaron 20,2 % las matrículas de carros nuevos. El mayor obstáculo del Gobierno ha sido no poder contener la inflación, que está en el 13,28 %, por lo que el costo de vida para la gente se ha disparado, con un fuerte impacto en el sector de los alimentos.

El desempleo sigue siendo un dolor de cabeza y llegó al 13,7 %, y el aumento del precio de la gasolina también ha golpeado el bolsillo, al igual que la volatilidad del dólar. La noticia económica más reciente, de hecho, tiene prendidas las alarmas: el mercado de vivienda de interés social se desplomó 64 %, con las graves consecuencias que ello traerá.

Bajo ese preocupante contexto, la estimación del Banco de la República es que la economía crecerá apenas 0,2 % este año. Por eso, no se descarta que haya al menos dos trimestres con crecimiento negativo en 2023, lo que podría llevar al país a una recesión técnica.

En ese sentido, la confianza económica está por el piso. Un indicador sobre esa variable, que mide mensualmente Davivienda, la ubica por debajo del promedio histórico (-19,9 %). Esto, porque definitivamente no hay nada que desmoralice más a un ciudadano que ver afectadas sus finanzas y su capacidad económica. Y si a ese coctel adverso se le suman el deterioro del orden público, el avance sin freno del narcotráfico, la caída en la operatividad de la fuerza pública y la incertidumbre y la polémica por el impacto que tendrán las reformas del Gobierno, es apenas natural que el país haya entrado en una ola de pesimismo.

Mano débil

En lo que va del gobierno, la principal apuesta de Petro, la llamada paz total, ha tenido más de un tropiezo, lo que ha disparado el escepticismo entre la gente sobre el éxito que pueda llegar a tener ese ambicioso plan del presidente. De hecho, según la encuesta de Invamer, el 49 % de los colombianos ya considera que la paz total no va por buen camino.

Las primeras preocupaciones surgieron después de que el Gobierno decretó el cese al fuego bilateral, el pasado 31 de diciembre. Lo que iba a ser un anuncio de paz terminó convertido en un baldado de agua fría. El ELN se bajó de inmediato y dijo públicamente que nunca acordó nada.

Luego, la Fiscalía se negó a levantar las primeras 16 órdenes de captura de integrantes del Clan del Golfo y de los Pachenca, entre ellas las de cinco extraditables, tal como lo solicitó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En ese momento, se inició el debate en la opinión pública por la inconveniencia de darles estatus político a los narcotraficantes.

El fiscal Francisco Barbosa fue el primero en levantar su voz e incluso protagonizó un choque público con el presidente hace varias semanas. Las preocupaciones de Barbosa volvieron a ser notorias en las últimas horas tras la presentación del proyecto de ley de sometimiento de parte del Gobierno. Según el fiscal, los narcos que se sometan podrían no pagar ni un sólo día de cárcel, no serían extraditados y, además, podrían quedarse con una parte de su capital legalizado, el cual podría ser de máximo 2,8 millones de dólares.

“A uno no le pueden ver la cara, esto es una trampa y las trampas tienen que ser denunciadas. Se les fue la mano en lo generosos (...). Obviamente, esto genera preocupación en Estados Unidos”, dijo Barbosa, quien sentenció que se “está tratando de hacer una especie de legalización del narcotráfico”.

En el país hay preocupación por esa “mano débil” del Estado a la hora de someter a narcos y criminales. De ahí que el antagónico de Petro en América Latina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se haya convertido en un modelo de gobernante para millones de personas en Colombia por la forma en que ha enfrentado la criminalidad en su país.

En el caso del ELN, las excesivas concesiones en la mesa también han despertado inquietud. Los negociadores aceptaron discutir el modelo económico y político del país, algo a todas luces inconveniente. El Gobierno también anunció que dialogará con las disidencias de las Farc, lo que ha sido cuestionado hasta por los propios negociadores del acuerdo de La Habana, como Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle.

Los ciudadanos que consideran que las cosas van mal en Colombia también están preocupados por el retorno de imágenes de un país en guerra. Entre ellos están la presencia de criminales armados de las disidencias de las Farc en colegios de Antioquia, como ocurrió en Yarumal, o el mal llamado patrullaje de estas en pueblos como Policarpa, en Nariño, sin que las autoridades hicieran absolutamente nada.

De hecho, los videos que se conocieron fueron grabados por los policías desde la estación. La toma de las instalaciones de la petrolera Emerald, en el Caquetá, que terminó con el asesinato de un policía y un civil, y el secuestro de 78 uniformados más, regresó al país a las oscuras épocas de los secuestros masivos de miembros de la fuerza pública.

Los aterradores testimonios de los secuestrados dieron cuenta de cómo, aprovechando que estaban desarmados, los exhibieron como trofeo por todo el pueblo, amenazaron con matarlos, se burlaron de ellos y hasta los pusieron a orinar en un mismo recipiente. Sin embargo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, no reconoció lo sucedido y, por el contrario, aseguró que lo que hubo fue un “cerco humanitario” que pretendió cuidar sus vidas. Sus palabras desataron la indignación nacional.

Justo una semana después se inició la desbandada de 98 oficiales y suboficiales de la fuerza pública que presentaron su retiro voluntario. En las filas señalan a varios de los comandantes de haberlos abandonado. Las tropas están desmoralizadas, aunque el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo niegue.

Al mismo tiempo, ha crecido entre los ciudadanos la idea de que los uniformados están haciendo poco o nada, ya que las cifras de operatividad así lo demuestran. En enero, por ejemplo, no se erradicó ni una sola mata de coca.

Mientras que entre enero y junio de 2022, durante el Gobierno Duque, fueron erradicadas 40.277 hectáreas de coca, en el segundo semestre de ese año, ya con Petro en la Presidencia, la cifra cayó a 27.706 hectáreas, un descenso del 31 %. En el caso de la cocaína, los datos son preocupantes: entre enero y junio del año pasado se incautaron 362 toneladas, y en el segundo semestre la cifra cayó a 289,1 toneladas, una reducción del 20 %. El caso de la heroína es ilustrativo: el país pasó de decomisar 101 kilos en enero de 2022 a solo 6,9 en el mismo mes de este año.

Miedo a las reformas

Si bien el presidente Petro se eligió bajo la premisa de hacer reformas clave para el país, lo cierto es que, a medida que se concretan las propuestas del Gobierno, ventiladas en la campaña, aumentan la incertidumbre y el miedo.

La reforma a la salud ha generado uno de los mayores debates en el país ante el temor de que el sistema existente no sea mejorado, sino destruido, e incluso esa iniciativa ha causado grietas en el gabinete y produjo una prematura crisis ministerial que terminó con la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, un férreo opositor del polémico plan de la ministra Carolina Corcho. En el propio Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro al poder, también hay serios reparos.

Corcho ha sido calificada por el presidente del Congreso, Roy Barreras, como una persona “ideologizada, radical y que no escucha”. Ante esta situación, el presidente ha tenido que sentarse a negociar con los partidos de Gobierno (liberales, conservadores y La U).

Hoy, aunque hay unos acuerdos previos, el primer mandatario ha llegado a considerar en público que, si se desvanecen los pilares de su reforma, estaría dispuesto a retirarla del Congreso. Petro aseguró que el acuerdo nacional que ha propuesto no es “para arrodillar al presidente de izquierda”. Sus palabras, no obstante, no han podido calmar la molestia en sus propias filas, en las que hay desazón por lo que ha tenido que hacer la Casa de Nariño para tratar de salvar las reformas.

El senador petrista Inti Asprilla, que aspira a ser el próximo presidente del Congreso, se quejó públicamente: “Cuando el ‘consenso’ sobre la reforma a la salud se construye con presidentes de partidos tradicionales, como César Gaviria y Dilian Francisca Toro, y se excluye de tajo al Verde, con personas como Antonio Navarro, uno queda decepcionado del ejercicio del poder”.

En cuanto a la reforma laboral, aunque el Gobierno quiere darles más garantías a los trabajadores, existe preocupación en el sector empresarial sobre las consecuencias que esta pueda traer en materia de desempleo. “El proyecto privilegia a empleados sindicalizados y no da respuesta a los 15.921.000 colombianos desempleados e informales. El corazón de la iniciativa incrementará sustancialmente los costos laborales entre 30 y 35 %”, sostuvo Fenalco.

El gremio de los comerciantes advirtió que la reforma impactará de manera negativa principalmente al “clúster del comercio, hoteles, restaurantes, bares, transporte y entretenimiento”. Asimismo, señaló que “el número de desempleados podría pasar de 3,4 millones de personas que registra el Dane a alrededor de cuatro millones en el mediano plazo”.

Por su parte, frente a la reforma pensional, la gran incógnita está en si el modelo propuesto por el Gobierno, y que será discutido por el Congreso, será sostenible y garantizará las pensiones de los colombianos, superando los problemas del actual sistema y mejorándolos. Los trabajadores necesitan la garantía de que su ahorro pensional es sagrado y estará a salvo.

El 7 de agosto del año pasado, Petro inició su mandato con una desaprobación de apenas el 20 %, según el estudio de Invamer. Hoy ya va en el 51 %, es decir, se disparó 31 puntos porcentuales en apenas siete meses. Por su parte, la aprobación a su gestión cayó en ese lapso del 56 al 40 %. Hoy su desaprobación es más alta que su aprobación.

Colombia tampoco es ajena a un fenómeno de agitación social de carácter global. Mientras en Francia protestan por el aumento en la edad para pensionarse, en Chile no hay consensos en torno a las reformas propuestas, y Perú exige en las calles la renuncia de su presidenta tras el encarcelamiento de Pedro Castillo.

En el país, los indígenas, las comunidades afros, los campesinos y, en general, los más desprotegidos exigen soluciones urgentes a sus problemas. Esa fue la promesa que Petro les hizo en campaña.

El presidente todavía tiene tres años y cinco meses por delante, y está a tiempo de corregir el rumbo. Para ello es necesario que escuche y, además, observe juiciosamente lo que está pasando con sus colegas del vecindario, por ejemplo, con Gabriel Boric en Chile, con Pedro Castillo en el Perú, con Nicolás Maduro en Venezuela, con Alberto Fernández en Argentina y con Andrés Manuel López Obrador en México. Los costosos errores de otros no se pueden repetir en Colombia.