Colombiana denuncia que fue violada en Ciudad de México y no recibió atención del Gobierno Petro, pese a que el Ministerio Público reportó su caso a la Cancillería

Comenzó a acercarse. Yo le dije que no quería, estaba muy agresivo. Al principio pensé que estaba jugando y, como tenía una chaqueta, sacó un arma de fuego y me dijo: ‘Puta colombiana, me la vas a dar’”. Esas palabras quedaron en el testimonio que una colombiana de 46 años dio ante el Ministerio Público de México (la Fiscalía de ese país) para denunciar la violación de la que fue víctima el 15 de junio de este año en su residencia en Ciudad de México. ¿El victimario? El arrendatario de su apartamento, con quien había sostenido una relación sentimental.

Ella es madre, migrante regular y está radicada en la capital mexicana, pero no da su nombre porque su familia, especialmente su hijo adolescente de 16 años, no sabe que fue víctima de un abuso sexual. El sujeto, que ahora es un imputado por la justicia, se aprovechó de la confianza que se había ganado y la amenazó con un arma hasta dejarla inmóvil y abusar sexualmente de ella en la sala de su residencia.

“Comenzó a desvestirme de manera agresiva, me sentí vulnerable porque veía el arma de fuego. Yo no quería, pero tuve que acceder por miedo”. Lo demás son momentos que prefiere no recordar, tampoco hablar de ello. La única persona que sabía de su caso era su cuñado, quien falleció, y las autoridades mexicanas a las que acudió el 23 de agosto para presentar una denuncia formal después de ocho semanas en las que buscó fuerzas para acercarse.

El victimario es un sujeto de 48 años, de 1,80 metros de estatura, calvo, de ojos color café y contextura acuerpada. Desde ese día de junio en el que él la accedió carnalmente sin su consentimiento no lo ha visto, pero tiene miedo: no entra al apartamento si sabe que estará sola, cambió la ruta para salir de casa a fin de evitar encontrárselo y no se va de ahí porque el contrato de pago vence hasta enero de 2024.

El problema para esta colombiana no es solo el peso invisible de la violación. Su situación fue reportada por el Ministerio Público al consulado de Colombia en Ciudad de México, y ese despacho, que dirige el cónsul Andrés Hernández, jamás se comunicó con ella para monitorear su caso. Entonces, quien la defiende es un abogado de oficio de la Justicia mexicana, y la atención psicológica se la ha dado ese país dentro del programa de víctimas Código Águila.

“El Ministerio Público puso en conocimiento al consulado y no me contactaron. No he tenido apoyo, no he tenido el acompañamiento que deberían dar a los colombianos. A las representaciones diplomáticas les pido que cumplan con su trabajo, deberían dejar la vida social y dedicarse a lo que tienen que hacer”, sostuvo.

Su caso es un cruce de trámites que quedaron sin doliente. El 24 de agosto, exactamente un día después de que ella interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, ese despacho le notificó del expediente al consulado en Ciudad de México, poniendo a su personal a disposición para la información y apoyo en el proceso.

La comunicación llegó a través de una carta de dos páginas dirigida al correo oficial de ese despacho diplomático, que, según la denunciante, no fue respondida, pues más de tres meses después de ese reporte sigue sin recibir una llamada del consulado para acompañar su caso.

La Cancillería le confirmó a SEMANA que el consulado sí tuvo conocimiento de ese caso y argumentaron que desde el día 25 de agosto solicitaron el contacto de la víctima al Ministerio Público y le manifestaron a esa fiscalía la necesidad de que se dé el respeto al debido proceso, una justicia imparcial y expedita. Sin embargo, aseguraron que no tienen cómo contactarse con ella porque no cuentan con su información.

“La asistencia consular es rogada. Es decir, la persona debe acercarse al consulado porque, si nosotros no tenemos una solicitud de asistencia, no podemos activar la ruta que tenemos establecida para estos casos”, sostuvo el Ministerio. El despacho que dirige Álvaro Leyva argumenta que “no se recibió solicitud de asistencia ni de la víctima ni de ningún familiar”, pero ella responde que sí tienen sus datos porque se anotó en el registro consular desde 2019 y este mismo año en septiembre tuvo que hacer un trámite consular por la muerte de un familiar.

Han pasado casi seis meses desde que fue abusada y su proceso sigue abierto. Desde su anonimato, le hace un llamado a las autoridades: “No somos cifras, somos casos reales. Entonces, ¿por qué solo voltean a mirar cuando hay un feminicidio? Una denuncia tiene que ser una alerta roja”.